José Antonio Crespo
Excelsior
7 de abril del 2010
En un reciente artículo, Gabriel Zaid hace un inteligente alegato que parece llevarlo a respaldar la estrategia seguida por Felipe Calderón contra el narcotráfico, como la única opción racional (“Ventas prohibidas”, Reforma, 28/III/10). Sintetizo su argumentación: 1) el problema es menos el producto que se vende (las drogas) que la forma en la que se vende, es decir, violando la ley, con extorsiones, imposición, levantones, homicidios; 2) la legalización de la droga no terminaría con el crimen organizado, que se orientará a cometer otro tipo de delitos como la extorsión y el secuestro; 3) el Estado no puede claudicar de su obligación de perseguir delitos como la extorsión, el secuestro, los homicidios, la tortura, pues dejaría de ser Estado; 4) tampoco es solución la política del acuerdo con los capos, pues igualmente sería renunciar a la construcción del Estado de derecho (uno de las metas de la estrategia contra el crimen organizado); ni cabe esperar el retorno al régimen priista en que había complicidad y acuerdos que permitían que el narcotráfico tuviera lugar sin violencia callejera ni tanta inseguridad pública.
Coincido en general con todas esas ideas y, sin embargo, eso no me lleva a concluir que la estrategia de Calderón sea la mejor o la única opción. Hay matices que pueden hacerse en el análisis de Zaid. Para empezar, el debate sobre drogas resulta sumamente confuso al no distinguirse con claridad los delitos asociados a ellas (producción, comercio, consumo) como unos sin víctimas (nadie obliga a comprar y consumir), pues podrían legalizarse sin que se pierda el Estado de derecho ni el Estado como tal (según ocurrió con el alcohol y el tabaco, las drogas hoy por hoy más mortíferas). En cambio, los delitos con víctimas (secuestro, trata de personas, prostitución infantil, extorsión) jamás pueden ser, en efecto, legalizados. En tal caso, el Estado se convertiría en uno claramente fallido. Por eso mismo conviene dar prioridad a esos delitos que los asociados con el narcotráfico. Pero resulta que 70 % del esfuerzo se concentra en el combate a las drogas, más que contra los otros delitos. ¿Que los mismos grupos cometen ambos delitos? Sí, pero en porcentaje mínimo (10%, según cifras mexicanas).
Los grupos delictivos que no producen o trasiegan narcóticos presentan una estructura orgánica más pequeña, menos recursos (pues son delitos en general menos rentables), menor capacidad de corrupción, menos armamento y tecnología para desafiar al Estado y son, por tanto, más vulnerables a la captura, el castigo penal y el desmantelamiento (como el grupo del Mochaorejas). La legalización gradual de la droga al menos reduciría dramáticamente esos cuantiosos recursos con los que los cárteles desafían con tanto éxito al Estado. Afirma Zaid que, ante la legalización, los cárteles continuarían vendiendo drogas pirata a menores precios. Seguramente, pero las utilidades de esos submercados negros ni de lejos serían equivalentes a las que actualmente producen los cárteles. Éstos difícilmente podrían limitar la competencia en el mercado legal (como de cualquier forma no pueden hacerlo en el mercado ilegal). Su poder armado, económico, burocrático y de corrupción se mermaría significativamente (y eso los haría, insisto, más vulnerables frente al Estado). Y si bien es cierto que en el marco de la prohibición no es posible pactar como antes ocurría (aunque queda pendiente saber cómo hacen estadunidenses y europeos para evitar la narcoviolencia), en un esquema de despenalización no sería necesario.
Frente a la droga, el Estado se ve ante un dilema difícil: si, como dice Zaid, se claudica en aplicar la ley (en tanto la droga sea ilegal), se autodestruye. Pero por el camino en que vamos tampoco parece vislumbrarse el fortalecimiento del Estado, a menos que la creciente violencia e inseguridad sea una señal de que “vamos ganando aunque no parezca”. Tampoco se fortalece el Estado de derecho, considerando las violaciones de derechos humanos cometidas por militares y policías o las detenciones que terminan en ejecuciones o la alteración del escenario para presentar a estudiantes como sicarios (cuántos de los muertos presentados como sicarios habrán sido en realidad ciudadanos de a pie). Por esa ruta vamos también hacia una creciente descomposición legal y política. Sobre todo porque puede llegarse, antes de palpar resultados, al punto en el cual la estrategia actual sea políticamente intolerable. En cuyo caso, el golpe al Estado mexicano, al Ejército, a la imagen del país y a la legalidad en general, será también muy severo.
http://www.exonline.com.mx/diario/columna/912871
miércoles, 7 de abril de 2010
lunes, 5 de abril de 2010
Ventas prohibidas
Por Gabriel Zaid
El Nort
(4 abril 2010).- Que los ciudadanos engorden, fumen, se emborrachen o se droguen no es bueno para ellos ni para la sociedad, pero no es algo que amerite la intervención del Ejército. La salud debe ser un objetivo personal y social, no un objetivo militar.
Lo que justifica la guerra contra los cárteles (y la intervención del Ejército, la Marina o la Policía Federal) no es que vendan peligros para la salud, sino cómo los venden: organizados para dominar el mercado por el terror, como ejércitos que van tomando una plaza tras otra.
No hay que confundir sus productos o servicios con la manera de imponerlos. Si vendieran Coca-Cola (que, según la leyenda, tiene un piquete infinitesimal de coca), obligando a los embotelladores a entregarles sus empresas o aparecer degollados en televisión; obligando a las escuelas a permitir la pausa que refresca o sufrir un incendio; extorsionando a los estanquillos para cumplir cuotas de ventas; la respuesta del Estado no podría limitarse a legalizar la Coca-Cola.
Si las tabacaleras fuesen autorizadas a vender cajetillas de mariguana (estrictamente reguladas: con advertencias de que "Este producto puede ser nocivo para su salud", impuestos especiales, prohibición de anuncios con el testimonio de personas famosas que declaren su marca preferida), ¿acabaría el crimen organizado? Por supuesto que no. Los cárteles tomarían las tabacaleras, o les harían la competencia con mariguana pirata a precios ínfimos, o promoverían otras drogas.
Si todas las drogas fuesen legalizadas, ¿desaparecerían los cárteles? Por supuesto que no. Se moverían a los servicios de protección, secuestros, trata de personas, prostitución infantil, contrabando, falsificaciones, agiotismo. Sus oportunidades no dependen de tal o cual producto, sino de que esté prohibido.
Pero ningún Estado, por liberal que sea, puede legalizar todo lo prohibido, por ejemplo: los secuestros. Ningún Estado puede legalizar operaciones comerciales que imponen sus productos o servicios por las armas. La cuestión última no es si debe tolerarse el consumo de Coca-Cola, sino si deben tolerarse otros ejércitos en el territorio nacional.
El Estado -dijo Max Weber- es la institución que mantiene el monopolio de la violencia legítima en un territorio. Un Estado que renuncia a monopolizar la violencia legítima deja de serlo. Un Estado que se rinde a la invasión de fuerzas extranjeras, o a empresas que se imponen por las armas, desaparece. El Estado puede prohibir o no la venta de bebidas alcohólicas y seguir siendo Estado, pero no puede legitimar la violencia ilegítima sin autodestruirse.
El enemigo no son los drogadictos, sino los grupos armados que imponen su violencia como ley. Lo cual, por supuesto, incluye a las mismísimas fuerzas del orden, si lo imponen al margen de la ley: atropellando a los ciudadanos o pactando con los piratas.
Hay quienes piensan que pactar es la gran solución. Subir de nivel los pactos que proliferan en niveles menores: las aduanas, las policías, el Ejército, los jueces, las procuradurías y secretarías de la Federación, los gobiernos de los estados y municipios. Condicionar el pacto supremo a que acaben las disputas entre capos por el control de los mercados. Restaurar la paz bajo el dominio del Supremo Árbitro que reparte el queso pacíficamente.
El sistema funcionó con Porfirio Díaz, con Calles y con los sucesores que no sólo fueron jefes del Estado y del Gobierno, sino de la tenebra. Al margen de la ley y de la luz pública, los caciques y capos que andaban sueltos tuvieron que volverse socios subordinados al poder presidencial o ser asesinados.
La "solución" de un pacto al máximo nivel consiste en declarar imposible el Estado de derecho y volver al Estado de chueco: el antiguo régimen tenebroso del cual estamos saliendo, con las dificultades inherentes a la división de poderes, a la falta de profesionalismo y transparencia de las instituciones, a la novatez de una ciudadanía que apenas está aprendiendo a intervenir.
Volver ahora al antiguo régimen no sólo es indeseable, sino imposible. ¿Quién va a pactar con quién? El poder central está dividido, los cárteles también. Y ¿quién va a asesinar a los rejegos que no cumplan los pactos? Ya no es tan fácil restaurar el presidencialismo absoluto del capo di tutti capi.
Una cosa es sentir perdida la guerra contra la obesidad, desanimarse porque no se llega a la victoria final, y otra es entregar el Estado a los proveedores de fritangas. Rendirse al "Chapo" Guzmán, nombrarlo general de división (como al Negro Durazo) y elegirlo Presidente de la República para que salve al País de la violencia no puede ser la solución, aunque tenga un ejército numeroso, capacidad de fuego con tecnología de punta, un millardo de dólares (según Forbes) y autoridades compradas.
opinion@elnorte.com
Fecha de publicación: 4 abril 2010
El Nort
(4 abril 2010).- Que los ciudadanos engorden, fumen, se emborrachen o se droguen no es bueno para ellos ni para la sociedad, pero no es algo que amerite la intervención del Ejército. La salud debe ser un objetivo personal y social, no un objetivo militar.
Lo que justifica la guerra contra los cárteles (y la intervención del Ejército, la Marina o la Policía Federal) no es que vendan peligros para la salud, sino cómo los venden: organizados para dominar el mercado por el terror, como ejércitos que van tomando una plaza tras otra.
No hay que confundir sus productos o servicios con la manera de imponerlos. Si vendieran Coca-Cola (que, según la leyenda, tiene un piquete infinitesimal de coca), obligando a los embotelladores a entregarles sus empresas o aparecer degollados en televisión; obligando a las escuelas a permitir la pausa que refresca o sufrir un incendio; extorsionando a los estanquillos para cumplir cuotas de ventas; la respuesta del Estado no podría limitarse a legalizar la Coca-Cola.
Si las tabacaleras fuesen autorizadas a vender cajetillas de mariguana (estrictamente reguladas: con advertencias de que "Este producto puede ser nocivo para su salud", impuestos especiales, prohibición de anuncios con el testimonio de personas famosas que declaren su marca preferida), ¿acabaría el crimen organizado? Por supuesto que no. Los cárteles tomarían las tabacaleras, o les harían la competencia con mariguana pirata a precios ínfimos, o promoverían otras drogas.
Si todas las drogas fuesen legalizadas, ¿desaparecerían los cárteles? Por supuesto que no. Se moverían a los servicios de protección, secuestros, trata de personas, prostitución infantil, contrabando, falsificaciones, agiotismo. Sus oportunidades no dependen de tal o cual producto, sino de que esté prohibido.
Pero ningún Estado, por liberal que sea, puede legalizar todo lo prohibido, por ejemplo: los secuestros. Ningún Estado puede legalizar operaciones comerciales que imponen sus productos o servicios por las armas. La cuestión última no es si debe tolerarse el consumo de Coca-Cola, sino si deben tolerarse otros ejércitos en el territorio nacional.
El Estado -dijo Max Weber- es la institución que mantiene el monopolio de la violencia legítima en un territorio. Un Estado que renuncia a monopolizar la violencia legítima deja de serlo. Un Estado que se rinde a la invasión de fuerzas extranjeras, o a empresas que se imponen por las armas, desaparece. El Estado puede prohibir o no la venta de bebidas alcohólicas y seguir siendo Estado, pero no puede legitimar la violencia ilegítima sin autodestruirse.
El enemigo no son los drogadictos, sino los grupos armados que imponen su violencia como ley. Lo cual, por supuesto, incluye a las mismísimas fuerzas del orden, si lo imponen al margen de la ley: atropellando a los ciudadanos o pactando con los piratas.
Hay quienes piensan que pactar es la gran solución. Subir de nivel los pactos que proliferan en niveles menores: las aduanas, las policías, el Ejército, los jueces, las procuradurías y secretarías de la Federación, los gobiernos de los estados y municipios. Condicionar el pacto supremo a que acaben las disputas entre capos por el control de los mercados. Restaurar la paz bajo el dominio del Supremo Árbitro que reparte el queso pacíficamente.
El sistema funcionó con Porfirio Díaz, con Calles y con los sucesores que no sólo fueron jefes del Estado y del Gobierno, sino de la tenebra. Al margen de la ley y de la luz pública, los caciques y capos que andaban sueltos tuvieron que volverse socios subordinados al poder presidencial o ser asesinados.
La "solución" de un pacto al máximo nivel consiste en declarar imposible el Estado de derecho y volver al Estado de chueco: el antiguo régimen tenebroso del cual estamos saliendo, con las dificultades inherentes a la división de poderes, a la falta de profesionalismo y transparencia de las instituciones, a la novatez de una ciudadanía que apenas está aprendiendo a intervenir.
Volver ahora al antiguo régimen no sólo es indeseable, sino imposible. ¿Quién va a pactar con quién? El poder central está dividido, los cárteles también. Y ¿quién va a asesinar a los rejegos que no cumplan los pactos? Ya no es tan fácil restaurar el presidencialismo absoluto del capo di tutti capi.
Una cosa es sentir perdida la guerra contra la obesidad, desanimarse porque no se llega a la victoria final, y otra es entregar el Estado a los proveedores de fritangas. Rendirse al "Chapo" Guzmán, nombrarlo general de división (como al Negro Durazo) y elegirlo Presidente de la República para que salve al País de la violencia no puede ser la solución, aunque tenga un ejército numeroso, capacidad de fuego con tecnología de punta, un millardo de dólares (según Forbes) y autoridades compradas.
opinion@elnorte.com
Fecha de publicación: 4 abril 2010
sábado, 27 de marzo de 2010
Profesores del Tec exigen investigación "clara" en la muerte de alumnos
CNN México: http://cnn.mx/n0001TZ
Profesores del Tec exigen investigación "clara" en la muerte de alumnos
Unos 78 profesores del Departamento de Relaciones Internacionales en Monterrey reclamaron una investigación clara en el caso del Tec
La muerte de Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo ha movilizado a la comunidad estudiantil (Patricio R. Estévez)
Lo más importante
- Profesores del Tec de Monterrey exigen respeto a las garantías individuales en la llamada lucha "guerra" el narcotráfico
- Expresaron su enérgica condena contra el clima de violencia violencia e inseguridad en Monterrey
- El rector de la institución educativa convocó a enviar propuestas en materia de seguridad a la comunidad del tec
 | Exige el respeto a las garantías individuales claramente violentadas en el marco de la estrategia gubernamental para afrontar la llamada ‘guerra’ contra el narcotráfico | |
| Profesores del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tec de Monterrey |  | |
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — Profesores del Tec de Monterrey que forman parte del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política firmaron una declaración en la que reclaman una investigación “justa y transparente” de los hechos ocurridos el 19 de marzo, cuando murieron dos estudiantes en un fuego cruzado entre elementos del ejército y presuntos narcotraficantes.
La profesora Anne Fouquet, del Departamento de Relaciones Internacionales, confirmó a través de un correo electrónico que el manifiesto fue firmado el 24 de mayo por los profesores del área.
“La respuesta de nuestras autoridades académicas han sido de un total respaldo y apoyo”, dijo. “Por lo que concierne a las autoridades estatales no ha habido ninguna reacción”.
En el documento, que es difundido a través de las redes sociales de Twitter y Facebook, los profesores expresan una “enérgica condena frente al clima de violencia e inseguridad imperante en nuestra ciudad (Monterrey)”.
Y exigen “el respeto a las garantías individuales claramente violentadas en el marco de la estrategia gubernamental para afrontar la llamada ‘guerra’ contra el narcotráfico”, se lee en el documento.
Concluye con una convocatoria a la comunidad estudiantil y académica a defender los derechos ciudadanos fundamentales.
La madrugada del 19 de marzo, dos estudiantes de posgrado del Tec campus Monterrey murieron por arma de fuego. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, murieron en un fuego cruzado durante un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes.
La institución educativa informó que no había sido afectado ningún miembro de la comunidad estudiantil, pero al día siguiente difundió que los padres de los alumnos habían confirmado su identidad en el Servicio Médico Forense.
Integrantes de la comunidad universitaria realizaron una manifestación el 24 de marzo y rindieron un homenaje a los jóvenes, al cual asistió la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.
El Rector de la institución educativa, Rafael Rangel, convocó a toda la comunidad estudiantil a hacer llegar sus propuestas en materia seguridad, informó el personal de Comunicación de la institución y confirmaron que el 12 de abril la institución hará llegar al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y al Congreso, las propuestas de la comunidad.
La profesora Anne Fouquet, del Departamento de Relaciones Internacionales, confirmó a través de un correo electrónico que el manifiesto fue firmado el 24 de mayo por los profesores del área.
“La respuesta de nuestras autoridades académicas han sido de un total respaldo y apoyo”, dijo. “Por lo que concierne a las autoridades estatales no ha habido ninguna reacción”.
En el documento, que es difundido a través de las redes sociales de Twitter y Facebook, los profesores expresan una “enérgica condena frente al clima de violencia e inseguridad imperante en nuestra ciudad (Monterrey)”.
Y exigen “el respeto a las garantías individuales claramente violentadas en el marco de la estrategia gubernamental para afrontar la llamada ‘guerra’ contra el narcotráfico”, se lee en el documento.
Concluye con una convocatoria a la comunidad estudiantil y académica a defender los derechos ciudadanos fundamentales.
La madrugada del 19 de marzo, dos estudiantes de posgrado del Tec campus Monterrey murieron por arma de fuego. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, murieron en un fuego cruzado durante un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes.
La institución educativa informó que no había sido afectado ningún miembro de la comunidad estudiantil, pero al día siguiente difundió que los padres de los alumnos habían confirmado su identidad en el Servicio Médico Forense.
Integrantes de la comunidad universitaria realizaron una manifestación el 24 de marzo y rindieron un homenaje a los jóvenes, al cual asistió la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.
El Rector de la institución educativa, Rafael Rangel, convocó a toda la comunidad estudiantil a hacer llegar sus propuestas en materia seguridad, informó el personal de Comunicación de la institución y confirmaron que el 12 de abril la institución hará llegar al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y al Congreso, las propuestas de la comunidad.
POSICIÓN DE LA EGAP POR MUERTE DE ESTUDIANTES
Monterrey, Nuevo León; 26 de Marzo del 2010.- Frente a los hechos ocurridos la semana pasada, que privaron de la vida a dos miembros de nuestra comunidad académica, Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, los profesores de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública queremos expresar:
- Nuestra condena a la violencia en cualquiera de sus formas que afecta a nuestro Estado y que arrebató las vidas de dos de nuestros estudiantes.
- Exigimos un esclarecimiento riguroso y expedito de los hechos ocurridos la madrugada del viernes 19 de marzo pasado.
- Los reprobables hechos referidos son representativos de una serie de acontecimientos que afectaron a otras personas igualmente inocentes en nuestro país. Frente a esta violación de derechos, exigimos a las autoridades una revisión de las estrategias llevadas a cabo en su combate a la delincuencia; la reivindicación de la dignidad de todos aquellos inocentes que han sido identificados como parte de la delincuencia organizada; la implementación de políticas claras de transparencia y rendición de cuentas de todas las instituciones involucradas en dichas acciones; y la sanción de todas las autoridades responsables de las acciones que atentan contra las garantías individuales consagradas en la Constitución.
- Reiteramos nuestra adhesión a los valores de la paz, la democracia, la libertad y la observancia de los derechos fundamentales, por lo que exigimos absoluto respeto a estos valores en todas las acciones emprendidas por los distintos niveles de gobierno en su lucha contra la delincuencia organizada.
- Proponemos involucrar a nuestra Escuela de manera más comprometida en el debate y el análisis de las políticas públicas, especialmente en las de seguridad pública, reforma política y desarrollo social, como consecuencia de nuestro compromiso con la paz, la justicia y la democracia.
(Almaguer Salazar, Teresa; Cantú Escalante, Jesús; Cabral Torres, René; Cavazos Villanueva, Gabriel; Gándara Fierro, Guillermo; Garza Cantú, Vidal; García Olvera, Léster; González Aréchiga, Bernardo; Guajardo Cantú, Gerardo; López Villafañe, Víctor; Mariñez Navarro, Freddy; Molinard Babin, Sandrine; Niedrist, Gerhard; Ortega Días, Araceli; Rodríguez Ramírez, Héctor; Ruiz Valerio, José)
Monterrey a través del espejo (El PAÍS)
Monterrey a través del espejo
Otrora pujante, la ciudad mexicana hoy paga las consecuencias de haber aceptado a los narcotraficantes
DIEGO PETERSEN FARAH 27/03/2010
¿Qué le pasó a Monterrey? La gran ciudad industrial de México, la echada para adelante, la que tuvo más desarrollo en los últimos 30 años, la de los ahorradores, los que encaraban al centro con la frente en alto, los que presumían tener controlada su seguridad, están hoy en la peor crisis de su historia. El narco tomó la ciudad y al inexperto gobernador Rodrigo Medina no se le ocurre mejor cosa que llamar a los ciudadanos a una manifestación, como si encabezar la marcha le permitiera trasladar su responsabilidad a otra parte. La explicación simplista es decir que la guerra al narco, la estrategia fallida de Calderón, está golpeando a la inocente e industriosa ciudad de Monterrey. Pero la descomposición social de la Sultana del Norte, como también es conocida, es anterior.
Los valores esenciales del Monterrey pujante de la segunda mitad del siglo XX se perdieron. La cultura del esfuerzo, el sentido de unidad y esa convicción de tomar el futuro en sus propias manos se fueron transformando en una cultura de consumo y desprecio a lo que no era como ellos, pensaron que el futuro lo tenían no solo ganado, sino merecido. La ciudad orgullosa se volvió vanidosa. No es gratuito que la crisis social de la ciudad coincida con la estrepitosa caída de la imagen del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel. La gran mayoría de la elite social del Monterrey pasó por las escuelas legionarias que formaron una generación insulsa, pagada de sí misma, volcada al consumo y la presunción, pero sobre todo alejada del pensamiento crítico. Nada mejor para el aterrizaje del narco que una élite pagada de sí misma y fascinada con su propia imagen.
Lo que le está pasando hoy a Monterrey le sucedió a Guadalajara en los años setenta y ochenta. La crisis de una generación que fundó su futuro en el pasado, que sentía merecerlo todo por su heredad, puso la cama a la llegada del narco y luego se acostó con él. El narco se vuelve "intolerable" cuando los muertos tocan a las élites. En Guadalajara tuvo que caer un Cardenal, en Monterrey dos estudiantes del Tec. En Guadalajara nadie se acuerda de los otros seis muertos el aeropuerto aquel 24 de mayo de 1993, cuando murió el purpurado; en Monterrey nadie habla de los otros dos civiles que cayeron ese mismo fin de semana víctimas del fuego cruzado. En Jalisco también hubo un gobernador que pensó que la mejor forma de evadir su responsabilidad era sumándose a una marcha contra la violencia.
La crisis de Monterrey no se resolverá fácil ni rápido. Lo que sigue es el auto exilio de las élites con consecuencias sociales y económicas importantes. A Guadalajara le costó muchos años entender que el problema no "venía de fuera" sino que fue su propia sociedad la que entró en crisis y el narco no fue sino una consecuencia de ello. El atajo, la vía rápida, se llama autocrítica: reconocerse en el espejo, y plantearse lo más rápido posible la renovación de su élites. El asesinato de los dos jóvenes del Tec no es el final de un proceso de descomposición, sino el arranque de un largo camino hacia la reinvención.
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Monterrey/traves/espejo/elpepuint/20100327elpepuint_8/Tes
Otrora pujante, la ciudad mexicana hoy paga las consecuencias de haber aceptado a los narcotraficantes
DIEGO PETERSEN FARAH 27/03/2010
¿Qué le pasó a Monterrey? La gran ciudad industrial de México, la echada para adelante, la que tuvo más desarrollo en los últimos 30 años, la de los ahorradores, los que encaraban al centro con la frente en alto, los que presumían tener controlada su seguridad, están hoy en la peor crisis de su historia. El narco tomó la ciudad y al inexperto gobernador Rodrigo Medina no se le ocurre mejor cosa que llamar a los ciudadanos a una manifestación, como si encabezar la marcha le permitiera trasladar su responsabilidad a otra parte. La explicación simplista es decir que la guerra al narco, la estrategia fallida de Calderón, está golpeando a la inocente e industriosa ciudad de Monterrey. Pero la descomposición social de la Sultana del Norte, como también es conocida, es anterior.
Los valores esenciales del Monterrey pujante de la segunda mitad del siglo XX se perdieron. La cultura del esfuerzo, el sentido de unidad y esa convicción de tomar el futuro en sus propias manos se fueron transformando en una cultura de consumo y desprecio a lo que no era como ellos, pensaron que el futuro lo tenían no solo ganado, sino merecido. La ciudad orgullosa se volvió vanidosa. No es gratuito que la crisis social de la ciudad coincida con la estrepitosa caída de la imagen del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel. La gran mayoría de la elite social del Monterrey pasó por las escuelas legionarias que formaron una generación insulsa, pagada de sí misma, volcada al consumo y la presunción, pero sobre todo alejada del pensamiento crítico. Nada mejor para el aterrizaje del narco que una élite pagada de sí misma y fascinada con su propia imagen.
Lo que le está pasando hoy a Monterrey le sucedió a Guadalajara en los años setenta y ochenta. La crisis de una generación que fundó su futuro en el pasado, que sentía merecerlo todo por su heredad, puso la cama a la llegada del narco y luego se acostó con él. El narco se vuelve "intolerable" cuando los muertos tocan a las élites. En Guadalajara tuvo que caer un Cardenal, en Monterrey dos estudiantes del Tec. En Guadalajara nadie se acuerda de los otros seis muertos el aeropuerto aquel 24 de mayo de 1993, cuando murió el purpurado; en Monterrey nadie habla de los otros dos civiles que cayeron ese mismo fin de semana víctimas del fuego cruzado. En Jalisco también hubo un gobernador que pensó que la mejor forma de evadir su responsabilidad era sumándose a una marcha contra la violencia.
La crisis de Monterrey no se resolverá fácil ni rápido. Lo que sigue es el auto exilio de las élites con consecuencias sociales y económicas importantes. A Guadalajara le costó muchos años entender que el problema no "venía de fuera" sino que fue su propia sociedad la que entró en crisis y el narco no fue sino una consecuencia de ello. El atajo, la vía rápida, se llama autocrítica: reconocerse en el espejo, y plantearse lo más rápido posible la renovación de su élites. El asesinato de los dos jóvenes del Tec no es el final de un proceso de descomposición, sino el arranque de un largo camino hacia la reinvención.
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Monterrey/traves/espejo/elpepuint/20100327elpepuint_8/Tes
jueves, 25 de marzo de 2010
Preocupación por las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias cometidas por el Ejército en NL
23 de marzo de 2010
Comunicado: 0310/04/BP
Preocupación por las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias cometidas por el Ejército Mexicano en el Estado de Nuevo León
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su más profunda preocupación ante la serie de asesinatos cometidos por elementos del Ejército Mexicano.
CADHAC hace un llamado urgente a las autoridades para que tomen todas las medidas necesarias para evitar que hechos similares sigan ocurriendo. Esta organización observa con consternación que ante la oleada de violencia a manos de efectivos militares, las autoridades civiles del Estado de Nuevo León han justificado la violencia militar y han intentado culpar a la delincuencia organizada de los excesos que han cometido las autoridades castrenses. En varios de los sucesos las víctimas no tenían relación alguna con la delincuencia organizada, en otros casos, el grado de fuerza letal utilizada excedió a la necesaria para llevar a cabo un arresto legítimo dadas las circunstancias del caso; es decir, los hechos que provocaron estas muertes no cumplieron con los requisitos de absoluta necesidad y de proporcionalidad, por lo que son injustificables y los responsables deben ser llevados ante la justicia.
CADHAC manifiesta una especial preocupación por la tendencia de las autoridades civiles a dividir el entramado social en “buenos y malos” y a pretender que sólo las ejecuciones de los primeros resultan relevantes. En un reciente desplegado, el propio Gobernador del Estado manifestó: “Nada hay más lamentable que la pérdida de vidas inocentes”. Esta afirmación implica una terrible actitud de permisividad hacia las ejecuciones de personas que presuntamente tengan algún vínculo con la delincuencia organizada. Las autoridades del Estado mexicano han fallado en los hechos en garantizar el derecho a la vida y ahora, en el
discurso, pretenden que dicho derecho sólo corresponde a algunos, a los “buenos” de la sociedad.
Ante estos hechos, esta organización reafirma su convicción de que sólo a través del respeto irrestricto a los derechos humanos y a la legalidad, podrá lograrse el clima de seguridad que tanto anhela la población nuevolonesa. La comunidad no necesita que el Ejército asesine gente, sino que las autoridades de procuración e impartición de justicia realicen su labor y lleven ante la justicia a los delincuentes, incluidos aquellos militares que han excedido su labor y han asesinado, hasta ahora, impunemente.
Todo homicidio es un delito grave que debe ser sancionado. No hacerlo provoca más impunidad y más violencia.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
Comunicado: 0310/04/BP
Preocupación por las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias cometidas por el Ejército Mexicano en el Estado de Nuevo León
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su más profunda preocupación ante la serie de asesinatos cometidos por elementos del Ejército Mexicano.
CADHAC hace un llamado urgente a las autoridades para que tomen todas las medidas necesarias para evitar que hechos similares sigan ocurriendo. Esta organización observa con consternación que ante la oleada de violencia a manos de efectivos militares, las autoridades civiles del Estado de Nuevo León han justificado la violencia militar y han intentado culpar a la delincuencia organizada de los excesos que han cometido las autoridades castrenses. En varios de los sucesos las víctimas no tenían relación alguna con la delincuencia organizada, en otros casos, el grado de fuerza letal utilizada excedió a la necesaria para llevar a cabo un arresto legítimo dadas las circunstancias del caso; es decir, los hechos que provocaron estas muertes no cumplieron con los requisitos de absoluta necesidad y de proporcionalidad, por lo que son injustificables y los responsables deben ser llevados ante la justicia.
CADHAC manifiesta una especial preocupación por la tendencia de las autoridades civiles a dividir el entramado social en “buenos y malos” y a pretender que sólo las ejecuciones de los primeros resultan relevantes. En un reciente desplegado, el propio Gobernador del Estado manifestó: “Nada hay más lamentable que la pérdida de vidas inocentes”. Esta afirmación implica una terrible actitud de permisividad hacia las ejecuciones de personas que presuntamente tengan algún vínculo con la delincuencia organizada. Las autoridades del Estado mexicano han fallado en los hechos en garantizar el derecho a la vida y ahora, en el
discurso, pretenden que dicho derecho sólo corresponde a algunos, a los “buenos” de la sociedad.
Ante estos hechos, esta organización reafirma su convicción de que sólo a través del respeto irrestricto a los derechos humanos y a la legalidad, podrá lograrse el clima de seguridad que tanto anhela la población nuevolonesa. La comunidad no necesita que el Ejército asesine gente, sino que las autoridades de procuración e impartición de justicia realicen su labor y lleven ante la justicia a los delincuentes, incluidos aquellos militares que han excedido su labor y han asesinado, hasta ahora, impunemente.
Todo homicidio es un delito grave que debe ser sancionado. No hacerlo provoca más impunidad y más violencia.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
Padre Mier 617 PTE. 64000 Monterrey, N.L. México Tel. (81) 8343-5058 / Fax (81) 8343-6618 / Mail: cadhac@cadhac.org
Maestros del Tec reclaman justicia y exigen respeto a garantías individuales
Declaración del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey - 25/marzo/2010.
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