Miguel Carbonell
El Universal
Jueves 08 de abril de 2010
El 23 de marzo el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió sus observaciones finales al informe que periódicamente presenta México sobre la situación de los derechos humanos en el país.
El documento es una llamada de atención por la gran cantidad de temas que debería generar una sensación de vergüenza nacional. No es admisible que en el siglo XXI sigamos teniendo tantos pendientes en materia de derechos humanos. ¿En qué temas se basa la ONU para haber emitido un reclamo (mejor dicho: un regaño) tan sonado a México? Algunos de los que figuran en el documento son los siguientes:
—Las persistentes violaciones a la equidad de género. En particular, las precarias condiciones laborales de las trabajadoras de maquila.
—Las continuas pruebas de no embarazo que se piden a las mujeres al momento de solicitar empleo o bien como requisito para permanecer en el puesto de trabajo.
—La persistente impunidad en el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez (que, por cierto, ya costaron una condena a México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero).
—La restricción de los derechos de las mujeres por la penalización del aborto y por carecer de correcta atención en el caso de abortos cuando el embarazo es producto de una violación. La ONU pide medidas para acabar con los abortos ilegales. Tema que está otra vez a consideración de nuestra Suprema Corte.
—El papel de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad y las violaciones de derechos humanos por parte de algunos de sus integrantes. La CNDH emitió 30 recomendaciones el año pasado contra la Sedena. Todo un récord desde la creación de la Comisión.
—El estado de excepción encubierto que opera en el combate a la delincuencia organizada, que tiene procesos judiciales con reglas más “relajadas” que las que operan en otras modalidades delictivas.
—La falta de eficacia en el combate a la desaparición forzada, incluyendo el tema de la guerra sucia de los años 70, todavía no resuelto de forma satisfactoria.
—La impunidad en los casos de tortura, la cual ni siquiera está bien definida en varios códigos penales locales. Las condenas judiciales en este tema son groseramente bajas y la aplicación del Protocolo de Estambul para evitar prácticas de tortura sigue siendo una quimera. La ONU sugiere videograbar todas las declaraciones de detenidos en las dependencias policiales.
—La reforma penal aprobada en el 2008 sigue estando incompleta. Su aplicación va avanzando de forma lenta y sin un claro compromiso de todas las autoridades involucradas. O sea, es muy fácil reformar la Constitución, pero muy difícil cambiar la realidad.
—La ONU es clara en señalar el riesgo para los derechos humanos que deriva de la constitucionalización del arraigo. Pide sin medias tintas eliminarlo. En efecto, el arraigo como medida impuesta antes de iniciar un juicio, es lesivo de la libertad personal y no debería ser permitido.
—Señala la ONU el hacinamiento en las cárceles y lugares de detención. Es algo que ha venido poniendo de manifiesto reiteradamente la CNDH en sus diagnósticos penitenciarios y que está a la vista de todos. Las cárceles son un infierno desde cualquier punto de vista.
—La ONU pide a México limitar la extensión de la justicia militar y permitir que las víctimas se amparen contra sus fallos. Hace unos meses la SCJN dejó ir una muy buena oportunidad para evitar este regaño. Una lástima.
—No existe en México la objeción de conciencia al servicio militar y no existen iniciativas para incorporarla. La ONU lo considera, con toda razón, inaceptable. La objeción al servicio de las armas es una regla propia del sistema democrático, que no puede ni debe convertir al ciudadano en soldado, ni siquiera temporalmente.
—Los periodistas corren serios riesgos. Los atentados en su contra quedan generalmente impunes. Las fiscalías especiales han tenido resultados por demás cuestionables.
— Hay violencia omnipresente e impune contra personas homosexuales, travestis y transgénero.
La lista podría crecer. Esos son, por lo pronto, algunos de los regaños de la ONU a México. Bien merecidos.
www.miguelcarbonell.com twitter: miguelcarbonell
Investigador del IIJ-UNAM
jueves, 8 de abril de 2010
Retoman 5 mil federales seguridad en Juárez; el Ejército se retira
La presencia militar se mantendrá sólo en los principales accesos a la ciudad y cruces fronterizos.
La Jornada en línea
Publicado: 08/04/2010 09:39
México, DF. La Policía Federal se hará cargo a partir de este jueves de todas las labores de seguridad pública en Ciudad Juárez, Chihuahua, dentro de una nueva estrategia en esa entidad.
Facundo Rosas, coordinador general de la Policía Federal, dijo que 5 mil elementos de esta corporación, cantidad similar a los militares desplegados, asumirán el control de la seguridad y detalló, en conferencia de prensa, que con la nueva estrategia se incrementará la tarea de inteligencia, análisis e investigación en el combate al crimen organizado, secuestro y extorsión.
Por tierra, se mantendrán patrullajes en la ciudad y el programa "Corredores Seguros" en las principales vialidades, así como los operativos de inspección en bares, billares y cantinas, así como en escuelas y centros de tratamiento de adicciones.
“El punto toral de esta nueva etapa es que la ciudadanía recupere la confianza, no hemos perdido terreno contra la delincuencia y seguiremos combatiéndolos hasta recuperar la tranquilidad en la ciudad”, puntualizó en funcionario federal.
Señaló que al momento sólo han llegado 750 elementos de la Policía Federal a Juárez y durante el fin de semana arribarán otros mil para reforzar el patrullaje en las calles. La sustitución de efectivos, se había anunciado, será gradual.
Todos los lunes, agregó Rosas, se realizarán reuniones en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se intercambiará información diariamente con otras corporaciones policiales para en conjunto combatir al crimen organizado.
Se mantendrá la presencia militar en la región sólo para brindar seguridad en los principales puntos de acceso a la ciudad, cruces internacionales y terminales de transportación aérea y terrestre, su responsabilidad será de coadyuvar en tareas de información e inteligencia, según se anunció el 30 de marzo.
El Ejército había asumido funciones de seguridad pública hace dos años por la corrupción de las fuerzas municipales.
La nueva estrategia
La nueva estrategia de la Policía Federal incorpora siete ejes de acción, que incluyen un despliegue territorial mediante patrullaje en los nueve sectores, integrados por 155 cuadrantes, donde habrá vigilancia las 24 horas.
Para la atención de la zona urbana de Ciudad Juárez se cuenta con cinco mil elementos de la Policía Federal, apoyados por 412 radiopatrullas, ocho vehículos blindados, 90 motocicletas y cuatro aeronaves.
Para apoyar las operaciones se puso en marcha el Centro de Mando de la Policía Federal en Ciudad Juárez, en un inmueble equipado con 100 estaciones de trabajo para analistas tácticos, con conexión directa al Centro de Inteligencia en la ciudad de México, destinado al procesamiento de información.
De acuerdo con las necesidades de aquella ciudad fronteriza, 40 de esas estaciones de trabajo están dedicadas exclusivamente a atender los delitos de secuestro y extorsión.
Las policías locales se integrarán a las acciones de la PF con 3 mil elementos; es decir, casi 8 mil uniformados, de los tres niveles de gobierno, estarán a cargo del combate a la delincuencia organizada en Juárez, además de la presencia del Ejército como actor coadyuvante.
(con información de agencias)
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2010/04/08/policia-federal-asume-hoy-seguridad-en-juarez-el-ejercito-se-retira
La Jornada en línea
Publicado: 08/04/2010 09:39
México, DF. La Policía Federal se hará cargo a partir de este jueves de todas las labores de seguridad pública en Ciudad Juárez, Chihuahua, dentro de una nueva estrategia en esa entidad.
Facundo Rosas, coordinador general de la Policía Federal, dijo que 5 mil elementos de esta corporación, cantidad similar a los militares desplegados, asumirán el control de la seguridad y detalló, en conferencia de prensa, que con la nueva estrategia se incrementará la tarea de inteligencia, análisis e investigación en el combate al crimen organizado, secuestro y extorsión.
Por tierra, se mantendrán patrullajes en la ciudad y el programa "Corredores Seguros" en las principales vialidades, así como los operativos de inspección en bares, billares y cantinas, así como en escuelas y centros de tratamiento de adicciones.
“El punto toral de esta nueva etapa es que la ciudadanía recupere la confianza, no hemos perdido terreno contra la delincuencia y seguiremos combatiéndolos hasta recuperar la tranquilidad en la ciudad”, puntualizó en funcionario federal.
Señaló que al momento sólo han llegado 750 elementos de la Policía Federal a Juárez y durante el fin de semana arribarán otros mil para reforzar el patrullaje en las calles. La sustitución de efectivos, se había anunciado, será gradual.
Todos los lunes, agregó Rosas, se realizarán reuniones en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se intercambiará información diariamente con otras corporaciones policiales para en conjunto combatir al crimen organizado.
Se mantendrá la presencia militar en la región sólo para brindar seguridad en los principales puntos de acceso a la ciudad, cruces internacionales y terminales de transportación aérea y terrestre, su responsabilidad será de coadyuvar en tareas de información e inteligencia, según se anunció el 30 de marzo.
El Ejército había asumido funciones de seguridad pública hace dos años por la corrupción de las fuerzas municipales.
La nueva estrategia
La nueva estrategia de la Policía Federal incorpora siete ejes de acción, que incluyen un despliegue territorial mediante patrullaje en los nueve sectores, integrados por 155 cuadrantes, donde habrá vigilancia las 24 horas.
Para la atención de la zona urbana de Ciudad Juárez se cuenta con cinco mil elementos de la Policía Federal, apoyados por 412 radiopatrullas, ocho vehículos blindados, 90 motocicletas y cuatro aeronaves.
Para apoyar las operaciones se puso en marcha el Centro de Mando de la Policía Federal en Ciudad Juárez, en un inmueble equipado con 100 estaciones de trabajo para analistas tácticos, con conexión directa al Centro de Inteligencia en la ciudad de México, destinado al procesamiento de información.
De acuerdo con las necesidades de aquella ciudad fronteriza, 40 de esas estaciones de trabajo están dedicadas exclusivamente a atender los delitos de secuestro y extorsión.
Las policías locales se integrarán a las acciones de la PF con 3 mil elementos; es decir, casi 8 mil uniformados, de los tres niveles de gobierno, estarán a cargo del combate a la delincuencia organizada en Juárez, además de la presencia del Ejército como actor coadyuvante.
(con información de agencias)
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2010/04/08/policia-federal-asume-hoy-seguridad-en-juarez-el-ejercito-se-retira
El Ejército seguirá en las calles de 5 a 10 años más, prevé Galván
- El titular de Sedena se reúne con diputados integrantes de la Comisión de Defensa
- Necesario, aprobar una legislación emergente que dé más facultades a las fuerzas armadas
- Reconoce que en el combate al narco los militares realizan una tarea que no les corresponde
Periódico La Jornada
Jueves 8 de abril de 2010, p. 5
El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, afirmó anoche ante diputados que para combatir a la delincuencia organizada el Ejército permanecerá en las calles entre 5 y 10 años más, salvo orden expresa del Presidente de la República o la aprobación de un decreto del Congreso de la Unión.
En una reunión ayer con al menos 24 de los 30 integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Galván planteó a los legisladores la aprobación de una legislación emergente que otorgue más facultades a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico porque, reconoció, en este momento los militares llevan a cabo una tarea que legalmente no les corresponde.
Durante tres horas, el secretario de la Defensa planteó a los diputados que el Ejército requiere de otro marco jurídico que amplíe sus capacidades en el combate al narco. Entre éstas, mencionó el ingreso de soldados a domicilios cuando se persiga un delito en flagrancia o se sospeche que podría cometerse; interrogar a detenidos y retenerlos hasta por 24 horas, antes de entregarlos a una autoridad civil, e incluso tomarles huellas dactilares, así como intervenir comunicaciones y suspender espectáculos o el tránsito masivo de vehículos.
Prácticamente nos pidió aprobar un estado de excepción, que para el Congreso es inaceptable, señalaron diputados que fueron consultados tras la reunión realizada en la sede de la Defensa Nacional.
La mayor parte del encuentro, que se desarrolló entre las 18 y las 21 horas de ayer, el general hizo una exposición sobre el marco legal que requiere el Ejército para justificar los operativos contra la delincuencia.
No obstante, diputados también señalaron que la próxima semana se buscará iniciar un debate sobre el fuero de guerra definido en el Código de Justicia Militar, para que soldados que cometan delitos también sean sometidos a tribunales civiles.
Los legisladores resaltaron que la posición del titular de la Sedena fue en desacuerdo con suprimir a los militares el beneficio de ser sometidos a proceso en juzgados castrenses. Refirieron que, sobre este tema, el general expresó que una reforma de ese tipo perjudicaría a las fuerzas armadas, porque son lo último que tiene el Estado mexicano.
Una parte sustantiva del encuentro, dijeron, se refirió al informe que el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, presentó el martes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde reportó que en cinco años crecieron 500 por ciento las quejas contra el Ejército por las violaciones a derechos humanos contra civiles.
Los diputados resaltaron ante el titular de la Sedena que esa cifra es preocupante, sobre todo porque ahora una institución confiable como lo ha sido el Ejército, ahora se ubica con mayor número de quejas que el IMSS y la PGR.
En contraste, Galván adujo que de las 3 mil 595 quejas que se han presentado por abusos de militares, sólo se ha acreditado una cantidad menor. Sin embargo, dijeron, sí expresó preocupación de que esas cifras revelan el desgaste que ha sufrido el Ejército en su relación con la sociedad por participar en los operativos contra el crimen.
Los legisladores no se refirieron a casos específicos de abusos de soldados, y –comentaron– se trató apenas el caso del asesinato de dos alumnos de posgrado del Tecnológico de Monterrey, durante un enfrentamiento con presuntos narcotraficantes en el campus de esa institución en la capital de Nuevo León.
Asimismo, Galván aceptó la solicitud que le hicieron legisladores de reunirse con ellos en la Cámara de Diputados, como lo ha hecho ya en privado con los senadores, o bien acudir ante comisiones para explicar los alcances de los operativos.
Por su parte, los diputados plantearon que si se habla de una relación diferente entre las fuerzas armadas y el Legislativo, es fundamental que Galván, así como el secretario de Marina, almirante Francisco Saynez Mendoza, acepten acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro.
El general Guillermo Galván GalvánFoto José Carlo González /Archivo
Anuncian universitarios marcha contra el hampa
Milenio
07/04/2010
Israel Navarro
La muerte de dos estudiantes del Tec de Monterrey, el origen. Alistan varios foros sobre inseguridad; llevarán al Congreso su propuesta final.
México.- Estudiantes de 26 universidades realizarán una marcha el próximo 23 de abril para mostrar su rechazo a la violencia en el país y pedir un cambio en la estrategia emprendida por el presidente Felipe Calderón.
Lo anterior surge a partir de la muerte de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, alumnos del Tec de Monterrey, quienes perdieron la vida durante una balacera entre elementos del Ejército y sicarios el 19 de marzo pasado.
En entrevista con MILENIO, Arturo Cuevas Bautista, coordinador de comunicación de este movimiento surgido el pasado 2 de abril, explicó: “Somos un grupo de estudiantes interesados en la problemática social y queremos que escuchen nuestras propuestas”.
El alumno del ITAM mencionó también que realizarán foros en las universidades participantes, donde serán expuestas las medidas de seguridad aplicadas en otros países como alternativa para la recomposición social.
“Buscaremos realizar foros en los 32 estados de la República para que cada entidad y, sobre todo, cada ciudadano exponga su sentir y sus reclamos. Pretendemos que a los encuentros asistan expertos en seguridad nacionales e internacionales”, detalló Cuevas Bautista.
“Cada universidad tendrá su independencia para la realización de los foros, pero siempre bajo la línea de la seguridad. En el Distrito Federal realizaremos cinco encuentros de esta naturaleza”, dijo.
El estudiante aseguró que los costos económicos de los foros correrán a cargo de los universitarios, pues no recibirán apoyo de las instituciones académicas, las cuales sólo ayudarán con los inmuebles para la realización de los debates. “Que quede claro que somos los estudiantes los que convocamos y no las escuelas”, precisó.
Cuevas Bautista afirmó que una vez que se tenga una propuesta conjunta sobre combate a la inseguridad será presentada a la Cámara Diputados el próximo 16 de septiembre.
Informó que este movimiento cuenta actualmente con más de 2 mil integrantes. “Nuestra difusión ha sido a través de Facebook, Twitter y de nuestra página de internet www.estudiantesafavor.com”, señaló el alumno.
“Por medio de nuestros contactos en internet, además de reunir y convocar una gran cantidad de gente, queremos presionar a las autoridades para que den un buen manejo a los hechos, como el que se presentó en Monterrey el pasado 19 de marzo.”
La marcha está convocada para el mediodía del 23 de abril. Tendrá como punto de partida el Ángel de la Independencia, en la capital del país, y culminará en el Hemiciclo a Juárez.
Arturo Cuevas anunció que no pretenden causar congestionamientos en las vialidades (Paseo de la Reforma y avenida Juárez), por lo que marcharán por las banquetas.
Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo eran estudiantes del Tec, y de acuerdo con el rector de esa institución, Rafael Rangel Sostmann, ambos estaban en el campus al momento del tiroteo.
Claves
Participantes
• El llamado de los estudiantes incluye a alumnos de la UNAM, UAM, Universidad Anáhuac, CIDE, Colmex, UANL, Tec de Monterrey, UVM e ITAM, así como de diversos estados entre los que destacan Michoacán, Puebla, Monterrey y Querétaro.
• Una vez coordinadas todas las universidades participantes se formará un comité universitario, que tendrá la encomineda de desarrollar la logística de los foros de consulta.
• El primer encuentro se llevará a cabo en mayo y se realizaría en el ITAM (escuela convocante) en sus instalaciones de la capital del país.
http://www.milenio.com/node/417300
07/04/2010
Israel Navarro
La muerte de dos estudiantes del Tec de Monterrey, el origen. Alistan varios foros sobre inseguridad; llevarán al Congreso su propuesta final.
México.- Estudiantes de 26 universidades realizarán una marcha el próximo 23 de abril para mostrar su rechazo a la violencia en el país y pedir un cambio en la estrategia emprendida por el presidente Felipe Calderón.
Lo anterior surge a partir de la muerte de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, alumnos del Tec de Monterrey, quienes perdieron la vida durante una balacera entre elementos del Ejército y sicarios el 19 de marzo pasado.
En entrevista con MILENIO, Arturo Cuevas Bautista, coordinador de comunicación de este movimiento surgido el pasado 2 de abril, explicó: “Somos un grupo de estudiantes interesados en la problemática social y queremos que escuchen nuestras propuestas”.
El alumno del ITAM mencionó también que realizarán foros en las universidades participantes, donde serán expuestas las medidas de seguridad aplicadas en otros países como alternativa para la recomposición social.
“Buscaremos realizar foros en los 32 estados de la República para que cada entidad y, sobre todo, cada ciudadano exponga su sentir y sus reclamos. Pretendemos que a los encuentros asistan expertos en seguridad nacionales e internacionales”, detalló Cuevas Bautista.
“Cada universidad tendrá su independencia para la realización de los foros, pero siempre bajo la línea de la seguridad. En el Distrito Federal realizaremos cinco encuentros de esta naturaleza”, dijo.
El estudiante aseguró que los costos económicos de los foros correrán a cargo de los universitarios, pues no recibirán apoyo de las instituciones académicas, las cuales sólo ayudarán con los inmuebles para la realización de los debates. “Que quede claro que somos los estudiantes los que convocamos y no las escuelas”, precisó.
Cuevas Bautista afirmó que una vez que se tenga una propuesta conjunta sobre combate a la inseguridad será presentada a la Cámara Diputados el próximo 16 de septiembre.
Informó que este movimiento cuenta actualmente con más de 2 mil integrantes. “Nuestra difusión ha sido a través de Facebook, Twitter y de nuestra página de internet www.estudiantesafavor.com”, señaló el alumno.
“Por medio de nuestros contactos en internet, además de reunir y convocar una gran cantidad de gente, queremos presionar a las autoridades para que den un buen manejo a los hechos, como el que se presentó en Monterrey el pasado 19 de marzo.”
La marcha está convocada para el mediodía del 23 de abril. Tendrá como punto de partida el Ángel de la Independencia, en la capital del país, y culminará en el Hemiciclo a Juárez.
Arturo Cuevas anunció que no pretenden causar congestionamientos en las vialidades (Paseo de la Reforma y avenida Juárez), por lo que marcharán por las banquetas.
Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo eran estudiantes del Tec, y de acuerdo con el rector de esa institución, Rafael Rangel Sostmann, ambos estaban en el campus al momento del tiroteo.
Claves
Participantes
• El llamado de los estudiantes incluye a alumnos de la UNAM, UAM, Universidad Anáhuac, CIDE, Colmex, UANL, Tec de Monterrey, UVM e ITAM, así como de diversos estados entre los que destacan Michoacán, Puebla, Monterrey y Querétaro.
• Una vez coordinadas todas las universidades participantes se formará un comité universitario, que tendrá la encomineda de desarrollar la logística de los foros de consulta.
• El primer encuentro se llevará a cabo en mayo y se realizaría en el ITAM (escuela convocante) en sus instalaciones de la capital del país.
http://www.milenio.com/node/417300
Crecen abusos: CNDH
Periódico La Jornada
Miércoles 7 de abril de 2010, p. 5
En los últimos cinco años, la participación del Ejército Mexicano en tareas de seguridad pública se ha traducido en un incremento de 500 por ciento en las quejas contra militares por violaciones a los derechos humanos, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva.
Asimismo, el ombudsman aseveró que "hacen falta más capacitación, más estrategias de actuación que busquen proteger los derechos de la sociedad en general y, en su caso, combatir la delincuencia organizada con la energía adecuada".
Entrevistado al término del informe anual que rindió ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Plascencia había señalado previamente ante los ministros que precisamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encabeza la lista de las autoridades "más frecuentemente señaladas en hechos presumiblemente violatorios" de derechos humanos, seguida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Comentó que la comisión está a la espera de que el Ejército y la Armada de México rindan a tiempo (cuentan con un plazo de 15 días para hacerlo) los informes solicitados sobre la muerte de dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y la de un detenido que fue trasladado en helicóptero por los marinos y cuyo cadáver apareció al día siguiente. Aseguró que en caso de que las dependencias no respondan al requerimiento, "lo haremos público en su momento".
Por otra parte, interrogado respecto del hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) discutirá en fecha próxima la violación de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, por parte de militares, Plascencia dijo que este asunto "nos revela que en virtud de que hay casos en donde la justicia no logra llegar al fondo de los asuntos, lamentablemente tiene que venir del extranjero una resolución", de tal manera que esto es un llamado para revisar la forma como se están investigando "algunos delitos", cómo se procesan y cómo se está buscando hacer justicia.
En otro tema, el ombudsman nacional confió en que Alberta Alcántara y Teresa González obtengan su libertad a la brevedad posible, ahora que la Suprema Corte atrajo la solicitud de amparo que presentaron en contra de la sentencia que les impuso un juez federal por el "secuestro" de seis agentes federales en Querétaro. Recordó que la PGR ignoró en su momento una recomendación de la CNDH en la que se demostraba la no culpabilidad de las acusadas.
Precisamente, dijo, el que dependencias como la Procuraduría General de la República no acepten las recomendaciones nos habla de que es muy importante que se apruebe la reforma a la comisión –que está en el Congreso de la Unión– "para que podamos superar la circunstancia de que se emitan recomendaciones (que) no se acepten o no se cumplan y no pase nada".
Cuestionó la actitud del procurador Arturo Chávez Chávez, ya que éste tiene como encomienda "salir a la sociedad para operar justicia, evitar una injusticia" y también que inocentes estén presos.
Finalmente, dijo que la CNDH está "muy pendiente" del caso de la muerte de la menor Paulette Gebara, con el objetivo de que "no vaya a quedar el tema en la impunidad y se logre detener a los responsables" de esos hechos. Esto, precisó Plascencia, como el mejor mecanismo preventivo del delito.
Finalmente, aunque reconoció que la comisión a su cargo no ha recibido alguna queja sobre el asunto de la niña Paulette, aseguró que sigue muy de cerca los resultados que ha ido dando a conocer la Procuraduría General de Justicia del estado de México respecto de las investigaciones que se están llevando actualmente.
Miércoles 7 de abril de 2010, p. 5
En los últimos cinco años, la participación del Ejército Mexicano en tareas de seguridad pública se ha traducido en un incremento de 500 por ciento en las quejas contra militares por violaciones a los derechos humanos, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva.
Asimismo, el ombudsman aseveró que "hacen falta más capacitación, más estrategias de actuación que busquen proteger los derechos de la sociedad en general y, en su caso, combatir la delincuencia organizada con la energía adecuada".
Entrevistado al término del informe anual que rindió ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Plascencia había señalado previamente ante los ministros que precisamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encabeza la lista de las autoridades "más frecuentemente señaladas en hechos presumiblemente violatorios" de derechos humanos, seguida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Comentó que la comisión está a la espera de que el Ejército y la Armada de México rindan a tiempo (cuentan con un plazo de 15 días para hacerlo) los informes solicitados sobre la muerte de dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y la de un detenido que fue trasladado en helicóptero por los marinos y cuyo cadáver apareció al día siguiente. Aseguró que en caso de que las dependencias no respondan al requerimiento, "lo haremos público en su momento".
Por otra parte, interrogado respecto del hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) discutirá en fecha próxima la violación de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, por parte de militares, Plascencia dijo que este asunto "nos revela que en virtud de que hay casos en donde la justicia no logra llegar al fondo de los asuntos, lamentablemente tiene que venir del extranjero una resolución", de tal manera que esto es un llamado para revisar la forma como se están investigando "algunos delitos", cómo se procesan y cómo se está buscando hacer justicia.
En otro tema, el ombudsman nacional confió en que Alberta Alcántara y Teresa González obtengan su libertad a la brevedad posible, ahora que la Suprema Corte atrajo la solicitud de amparo que presentaron en contra de la sentencia que les impuso un juez federal por el "secuestro" de seis agentes federales en Querétaro. Recordó que la PGR ignoró en su momento una recomendación de la CNDH en la que se demostraba la no culpabilidad de las acusadas.
Precisamente, dijo, el que dependencias como la Procuraduría General de la República no acepten las recomendaciones nos habla de que es muy importante que se apruebe la reforma a la comisión –que está en el Congreso de la Unión– "para que podamos superar la circunstancia de que se emitan recomendaciones (que) no se acepten o no se cumplan y no pase nada".
Cuestionó la actitud del procurador Arturo Chávez Chávez, ya que éste tiene como encomienda "salir a la sociedad para operar justicia, evitar una injusticia" y también que inocentes estén presos.
Finalmente, dijo que la CNDH está "muy pendiente" del caso de la muerte de la menor Paulette Gebara, con el objetivo de que "no vaya a quedar el tema en la impunidad y se logre detener a los responsables" de esos hechos. Esto, precisó Plascencia, como el mejor mecanismo preventivo del delito.
Finalmente, aunque reconoció que la comisión a su cargo no ha recibido alguna queja sobre el asunto de la niña Paulette, aseguró que sigue muy de cerca los resultados que ha ido dando a conocer la Procuraduría General de Justicia del estado de México respecto de las investigaciones que se están llevando actualmente.
miércoles, 7 de abril de 2010
El narco y la prensa
Por Miguel Ángel Granados Chapa
El Norte
(6 abril 2010).- Ismael Zambada, "El Mayo", propuso esta fantasía a Julio Scherer: "Un día decido entregarme al Gobierno para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de unos días vamos sabiendo que nada cambió... El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos? En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí".
Es, ciertamente, un alegato en causa propia, que miles de personas han expuesto, sin interés mezquino, pues saben o suponen que no es sólo mediante la guerra a balazos destinada a aprehender o matar a los jefes de las mafias del narcotráfico como se puede controlar ese fenómeno global que en nuestro país ha provocado más de 16 mil muertos en los tres años recientes, más que en ningún otro país por igual motivo.
Pero es también una opinión, un punto de vista que emitido por un partícipe central de ese ruin mercado en México debe ser conocido públicamente para una comprensión cabal de ese flagelo, tan costoso en tantos términos sin que difundirlo signifique en modo alguno hacerlo propio.
¿Es válido, ética y periodísticamente, dar voz a los jefes del narcotráfico, como lo han hecho la revista semanal Proceso y su fundador Julio Scherer García, que aceptó ser trasladado hasta un lugar secreto en cualquier punto del País, donde el periodista lo entrevistó? Notoriamente, esa publicación y quien la dirigió durante 20 años contestan afirmativamente a esa pregunta. No lo hacen sólo ahora. En sus páginas el propio Scherer ha publicado entrevistas (que después se convirtieron en libros exitosos) con Zulema Hernández, mujer de "El Chapo" Guzmán durante su estancia en el penal de alta seguridad de Occidente; y con Sandra Ávila, la Reina del Pacífico, prisioneras ambas por delitos "contra la salud" como todavía, pudibunda y ambiguamente, se llama a los relacionados con la producción, distribución y venta de drogas ilegales.
Al aceptar encontrarse con Zambada, cuyo hijo es Vicente (uno de sus primogénitos, condición que no es rigurosamente errónea y en cambio adquiere sentido porque tiene seis familias), Scherer no titubeó. Ni consideró que pudiera tratarse de una trampa, tendida para causarle daño al mismo periodista ("me sé vulnerable y así he vivido"). Parece que tampoco resolvió para el efecto otros dilemas que atosigan a la prensa, sobre todo en el norte de México, algunos de cuyos miembros, por épocas, han optado por el silencio generado por el temor, y otras han resuelto publicar sólo la información oficial, que no siempre coincide con la realidad, tal como lo mostró de modo paradigmático, pero no único la ofrecida sobre los dos ingenieros que cursaban posgrado en el Tec de Monterrey y presentados como sicarios, es decir, como combatientes contra el Ejército.
El viaje de Scherer y la publicación de sus resultados se inserta en un contexto cuyos componentes han sido enfrentados con valor por el reportero que no ha dejado ser desde que se inició en ese oficio hace 60 años. Aunque no lo pensara, pudo haber sido una celada que le tendiera algún beneficiario de intereses creados exhibidos por su trabajo (el personal o el que ha prohijado). Pudo haberse convertido también en el localizador de su convocante, su delator involuntario, si los servicios de inteligencia gubernamentales, que se dicen tan eficaces, hubieran descubierto la causa y el destino de su viaje, extremo a que también podrían llegar si en su texto ofreciera indicaciones útiles a tales servicios y a sus brazos armados.
"Inevitablemente debería contar las circunstancias y pormenores del viaje", reflexionó antes de emprenderlo, "pero no podría dejar indicios que llevaran a los persecutores del capo hasta su guarida. Recrearía tanto como me fuera posible la atmósfera del suceso y su verdad esencial, pero evitaría los datos que pudieran convertirme en un delator".
Habrá quien quiera actualizar esas posibles consecuencias. Al publicar en la portada (que los lectores de EL NORTE conocieron ayer) una foto de Zambada con el periodista, podría ocurrir que la Procuraduría General de la República citara a Scherer para demandarle información que las policías federales ni el Ejército han conseguido. De ese intento el periodista puede resguardarse por el secreto profesional. Pero dado que la PGR ejerce funciones políticas sectarias (además de las del Ministerio Público, definidas como de buena fe), alguna conciencia torcida podría ordenar una averiguación previa por apología del delito como no faltó quién sugiriera hacer respecto de la revista Forbes cuando, más conocedora de los circuitos del dinero que las autoridades mexicanas, incluyó a "El Chapo" entre los hombres más ricos del mundo.
No es extravagante suponerlo. "Proceso" es poco grata al Gobierno. Eso no importaría pues el periodismo no se ejerce para ganar simpatías. El hecho es significante porque el Gobierno federal ha retirado al semanario toda publicidad oficial a diferencia de su trato a otras revistas. Su dimensión se abulta por un ánimo ostensible de vincular a Proceso con el narcotráfico. Lo mostró inequívocamente el burdo montaje con que en julio pasado, con el despliegue propagandístico que es la marca de Genaro García Luna, se exhibió a los medios de información a miembros de La Familia Michoacana. Se les hizo posar frente a paquetes de cartuchos, armas cortas y largas y ejemplares de Proceso, hallados en su guarida, como si fueran parte de su arsenal.
Cajón de sastre
El Gobierno hidalguense es firme partidario de José Guadarrama en su contienda interna con Xóchitl Gálvez, a quien teme como al demonio. El domingo 28 de marzo le ofreció amplio espacio en la televisión gubernamental, y se lo negó a la otra precandidata. Con la compañía de un notario, ella se apersonó ayer lunes por la mañana a hacer valer un derecho propio de la aspirante a la candidatura de partidos registrados, que cursa por un proceso interno reconocido por la ley electoral. Vencida por las circunstancias la conductora no tuvo más remedio que abrirle cámaras y micrófonos, pero al hacerlo le avisó con sequedad que no la entrevistaría, y de súbito la colocó en la necesidad de improvisar durante media hora. La conductora cerró la emisión pretendiendo que se había usurpado su espacio, que no es suyo sino de un medio público.
miguelangel@granadoschapa.com
Fecha de publicación: 6 abril 2010
El Norte
(6 abril 2010).- Ismael Zambada, "El Mayo", propuso esta fantasía a Julio Scherer: "Un día decido entregarme al Gobierno para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de unos días vamos sabiendo que nada cambió... El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos? En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí".
Es, ciertamente, un alegato en causa propia, que miles de personas han expuesto, sin interés mezquino, pues saben o suponen que no es sólo mediante la guerra a balazos destinada a aprehender o matar a los jefes de las mafias del narcotráfico como se puede controlar ese fenómeno global que en nuestro país ha provocado más de 16 mil muertos en los tres años recientes, más que en ningún otro país por igual motivo.
Pero es también una opinión, un punto de vista que emitido por un partícipe central de ese ruin mercado en México debe ser conocido públicamente para una comprensión cabal de ese flagelo, tan costoso en tantos términos sin que difundirlo signifique en modo alguno hacerlo propio.
¿Es válido, ética y periodísticamente, dar voz a los jefes del narcotráfico, como lo han hecho la revista semanal Proceso y su fundador Julio Scherer García, que aceptó ser trasladado hasta un lugar secreto en cualquier punto del País, donde el periodista lo entrevistó? Notoriamente, esa publicación y quien la dirigió durante 20 años contestan afirmativamente a esa pregunta. No lo hacen sólo ahora. En sus páginas el propio Scherer ha publicado entrevistas (que después se convirtieron en libros exitosos) con Zulema Hernández, mujer de "El Chapo" Guzmán durante su estancia en el penal de alta seguridad de Occidente; y con Sandra Ávila, la Reina del Pacífico, prisioneras ambas por delitos "contra la salud" como todavía, pudibunda y ambiguamente, se llama a los relacionados con la producción, distribución y venta de drogas ilegales.
Al aceptar encontrarse con Zambada, cuyo hijo es Vicente (uno de sus primogénitos, condición que no es rigurosamente errónea y en cambio adquiere sentido porque tiene seis familias), Scherer no titubeó. Ni consideró que pudiera tratarse de una trampa, tendida para causarle daño al mismo periodista ("me sé vulnerable y así he vivido"). Parece que tampoco resolvió para el efecto otros dilemas que atosigan a la prensa, sobre todo en el norte de México, algunos de cuyos miembros, por épocas, han optado por el silencio generado por el temor, y otras han resuelto publicar sólo la información oficial, que no siempre coincide con la realidad, tal como lo mostró de modo paradigmático, pero no único la ofrecida sobre los dos ingenieros que cursaban posgrado en el Tec de Monterrey y presentados como sicarios, es decir, como combatientes contra el Ejército.
El viaje de Scherer y la publicación de sus resultados se inserta en un contexto cuyos componentes han sido enfrentados con valor por el reportero que no ha dejado ser desde que se inició en ese oficio hace 60 años. Aunque no lo pensara, pudo haber sido una celada que le tendiera algún beneficiario de intereses creados exhibidos por su trabajo (el personal o el que ha prohijado). Pudo haberse convertido también en el localizador de su convocante, su delator involuntario, si los servicios de inteligencia gubernamentales, que se dicen tan eficaces, hubieran descubierto la causa y el destino de su viaje, extremo a que también podrían llegar si en su texto ofreciera indicaciones útiles a tales servicios y a sus brazos armados.
"Inevitablemente debería contar las circunstancias y pormenores del viaje", reflexionó antes de emprenderlo, "pero no podría dejar indicios que llevaran a los persecutores del capo hasta su guarida. Recrearía tanto como me fuera posible la atmósfera del suceso y su verdad esencial, pero evitaría los datos que pudieran convertirme en un delator".
Habrá quien quiera actualizar esas posibles consecuencias. Al publicar en la portada (que los lectores de EL NORTE conocieron ayer) una foto de Zambada con el periodista, podría ocurrir que la Procuraduría General de la República citara a Scherer para demandarle información que las policías federales ni el Ejército han conseguido. De ese intento el periodista puede resguardarse por el secreto profesional. Pero dado que la PGR ejerce funciones políticas sectarias (además de las del Ministerio Público, definidas como de buena fe), alguna conciencia torcida podría ordenar una averiguación previa por apología del delito como no faltó quién sugiriera hacer respecto de la revista Forbes cuando, más conocedora de los circuitos del dinero que las autoridades mexicanas, incluyó a "El Chapo" entre los hombres más ricos del mundo.
No es extravagante suponerlo. "Proceso" es poco grata al Gobierno. Eso no importaría pues el periodismo no se ejerce para ganar simpatías. El hecho es significante porque el Gobierno federal ha retirado al semanario toda publicidad oficial a diferencia de su trato a otras revistas. Su dimensión se abulta por un ánimo ostensible de vincular a Proceso con el narcotráfico. Lo mostró inequívocamente el burdo montaje con que en julio pasado, con el despliegue propagandístico que es la marca de Genaro García Luna, se exhibió a los medios de información a miembros de La Familia Michoacana. Se les hizo posar frente a paquetes de cartuchos, armas cortas y largas y ejemplares de Proceso, hallados en su guarida, como si fueran parte de su arsenal.
Cajón de sastre
El Gobierno hidalguense es firme partidario de José Guadarrama en su contienda interna con Xóchitl Gálvez, a quien teme como al demonio. El domingo 28 de marzo le ofreció amplio espacio en la televisión gubernamental, y se lo negó a la otra precandidata. Con la compañía de un notario, ella se apersonó ayer lunes por la mañana a hacer valer un derecho propio de la aspirante a la candidatura de partidos registrados, que cursa por un proceso interno reconocido por la ley electoral. Vencida por las circunstancias la conductora no tuvo más remedio que abrirle cámaras y micrófonos, pero al hacerlo le avisó con sequedad que no la entrevistaría, y de súbito la colocó en la necesidad de improvisar durante media hora. La conductora cerró la emisión pretendiendo que se había usurpado su espacio, que no es suyo sino de un medio público.
miguelangel@granadoschapa.com
Fecha de publicación: 6 abril 2010
Emplaza la CNDH al gobierno a entregar informe sobre asesinatos en el Tec
Proceso.com.mx
MEXICO, D.F., 6 de abril (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, emplazó al gobierno federal a entregar en un lapso de 15 días un informe sobre el enfrentamiento en Monterrey, Nuevo León, donde murieron dos estudiantes del Tecnológico.
De lo contrario, añadió, el gobierno federal "será evidenciado ante la opinión pública".
Plascencia, quien hoy presentó su informe de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló: "Pedimos los informes y estamos a la espera de que nos contesten".
Dijo que, hasta ahora, ni la Marina ni el Ejército han respondido por estos hechos.
Afirmó que, ante la muerte de civiles, la estrategia de combate al narcotráfico debe ser revisada, y demandó que los elementos de las Fuerzas Armadas reciban más capacitación para prevenir violaciones a los derechos humanos.
Añadió: “Hace falta más capacitación, más estrategias de actuación que busquen proteger los derechos de la sociedad en general, y en su caso, combatir la delincuencia con la energía adecuada”.
Sostuvo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) continúa siendo la dependencia con más recomendaciones de la CNDH, y afirmó que, en los últimos cinco años, las quejas por violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas se incrementaron 500%.
Además, Plascencia manifestó su apoyo a la iniciativa que se discute en el Senado, para que las instituciones que no acepten las recomendaciones de la CNDH, sean obligadas a exponer sus razones ante el Congreso de la Unión.
MEXICO, D.F., 6 de abril (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, emplazó al gobierno federal a entregar en un lapso de 15 días un informe sobre el enfrentamiento en Monterrey, Nuevo León, donde murieron dos estudiantes del Tecnológico.
De lo contrario, añadió, el gobierno federal "será evidenciado ante la opinión pública".
Plascencia, quien hoy presentó su informe de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló: "Pedimos los informes y estamos a la espera de que nos contesten".
Dijo que, hasta ahora, ni la Marina ni el Ejército han respondido por estos hechos.
Afirmó que, ante la muerte de civiles, la estrategia de combate al narcotráfico debe ser revisada, y demandó que los elementos de las Fuerzas Armadas reciban más capacitación para prevenir violaciones a los derechos humanos.
Añadió: “Hace falta más capacitación, más estrategias de actuación que busquen proteger los derechos de la sociedad en general, y en su caso, combatir la delincuencia con la energía adecuada”.
Sostuvo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) continúa siendo la dependencia con más recomendaciones de la CNDH, y afirmó que, en los últimos cinco años, las quejas por violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas se incrementaron 500%.
Además, Plascencia manifestó su apoyo a la iniciativa que se discute en el Senado, para que las instituciones que no acepten las recomendaciones de la CNDH, sean obligadas a exponer sus razones ante el Congreso de la Unión.
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