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martes, 13 de abril de 2010

Legalizar las drogas: ¿por dónde empezar?

Pierre Charasse *
La Jornada
11 de abril, 2010


Con un número creciente de consumidores, un saldo de miles de muertos y presos en el planeta, graves violaciones a los derechos humanos y desastres ecológicos nadie puede pretender que la guerra mundial contra las drogas tiene éxito. El balance de un siglo de régimen de prohibición es muy negativo. En Estados Unidos y Europa hay movimientos crecientes en favor de la legalización de las drogas. Importantes figuras políticas, como los ex presidentes Zedillo, Cardoso, Toledo y Gaviria, lanzaron llamados en ese sentido. En todo el mundo, intelectuales como Carlos Fuentes, médicos, economistas y jueces apoyan esa iniciativa. Pero la comunidad internacional parece paralizada e incapaz de cambiar de rumbo a pesar de las evidencias.

Sí, se puede. Pero, ¿cómo?

En el siglo XIX el comercio de opio, promovido por Gran Bretaña y Francia, era muy lucrativo y en nombre de la libertad de comercio se declararon las famosas guerras del opio contra China. Todo cambió al principio del siglo XX con las campañas prohibicionistas en Estados Unidos. Las fuerzas puritanas presionaron al presidente Roosvelt y a partir de 1906 lanzaron una verdadera cruzada para imponer un nuevo orden moral y proteger a las razas no civilizadas (sic) de los peligros del alcohol y las drogas. La primera conferencia internacional, convocada por Estados Unidos en Shangai en 1909, sentó los fundamentos ideológicos de la lucha contra las drogas, sobre los cuales se diseñaron las estrategias globales prohibicionistas, ignorando la extrema complejidad de un fenómeno tan antiguo como la humanidad.

En todo el siglo XX se multiplicaron los convenios internacionales (1912, 1931, 1936, 1948, 1961, 1971 y 1988). En el marco de Naciones Unidas, Estados Unidos logró imponer una prohibición general y universal. Agregó recientemente razones de seguridad a las posturas moralista inventando el concepto de amenaza global en un amalgama con el terrorismo. Todos los estados tuvieron que adoptar leyes represivas para adaptarse a las normas onusianas. Sin embargo, el aparente consenso global no puede disimular profundos desacuerdos y una confrontación Norte-Sur abierta. Por eso el arsenal jurídico mundial y la movilización de cuantiosos recursos para reprimir el narcotráfico no funcionan. Las cantidades producidas y consumidas de mariguana, heroína y cocaína crecen constantemente, como las drogas de síntesis producidas en gran medida en países industrializados. Los mecanismos contra el lavado de dinero no impiden la inyección masiva de capitales ilícitos en la economía legal. De hecho, en muchos lugares del planeta policías y jueces tiraron la toalla, porque las leyes son inaplicables.

La legalización y liberalización del mercado es la única salida realista, pero desmantelar el aparato represivo mundial parece ser una tarea titánica. ¿Por dónde empezar? El foro natural para abrir ese debate es la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. Es el lugar donde los países interesados pueden tomar la iniciativa de construir una coalición para poner en minoría la posición dogmática e hipócrita de las naciones occidentales contraponiendo una visión más sensata y plural.

El objetivo sería decretar una moratoria inmediata, lanzar una conferencia de revisión de los convenios, exigir la cancelación de las listas incoherentes de sustancias y plantas prohibidas, como la cannabis o la coca, que son tan naturales como la vid o el tabaco y crecen por todas partes. Un cambio de 180 grados permitiría poner el acento sobre políticas de salud pública de prevención y reducción de riesgos con la ayuda de la OMS. Los expertos podrían proponer medidas de acompañamiento a la liberalización del mercado de estupefacientes para atenuar los efectos previsibles económicos y financieros de la caída de los precios y el derrumbe de la narcoeconomía. Las normas globales de libre mercado se podrían aplicar perfectamente a los estupefacientes con un control de calidad y regulaciones nacionales como para cualquier producto farmacéutico. En el mejor de los casos, si hay consenso la pesadísima maquinaria intergubernamental necesitaría entre tres y cinco años para elaborar un nuevo régimen mundial.

Pero hay que ser realista: el candado está en el gobierno de Estados Unidos y no se producirán cambios si la Casa Blanca y el Senado no reciben fuertes presiones interiores e internacionales. La Unión Europea, que tiene una política errática e incoherente, se moverá si la señal viene de Washington. En el contexto de la redistribución del poder a escala mundial y con el auge de los países emergentes, es el momento de que América Latina lance una iniciativa para romper un orden internacional injusto e insostenible.

* Ex embajador, vicepresidente del Observatoire Géopolitique des Criminalités, París.

pcharasse@gmail.com


http://www.jornada.unam.mx/2010/04/11/index.php?section=opinion&article=022a1mun

sábado, 10 de abril de 2010

Friedman y El Paso

Por Jaime Sánchez Susarrey
El Norte

No hay ninguna evidencia para suponer que la legalización de las drogas incrementaría su consumo


(10 abril 2010).- En 1991, Milton Friedman concedió una entrevista a un canal de televisión pública en Estados Unidos. El tema era la guerra contra las drogas. El premio Nobel de economía (1976) hizo una defensa tajante de la legalización de todas las drogas. Sus argumentos al correr de los años siguen vigentes. Más aún después de lo ocurrido recientemente en El Paso, Texas.

Primera tesis: la guerra contra las drogas genera violencia. Por eso la despenalización del consumo reduciría inmediatamente el número de asesinatos que golpea a barrios y ciudades. La cantidad de prisioneros se reduciría igualmente y con ello se podrían ahorrar recursos y elementos para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Segunda tesis: a las drogas habría que darles el mismo tratamiento que a otros enervantes, como el alcohol. Friedman advierte que en los tiempos de la prohibición en Estados Unidos se incrementaron las muertes por envenenamiento debido a las sustancias que se utilizaban para la producción clandestina. Con las drogas ocurre algo similar. Productos como el crack son particularmente nocivos. La legalización eliminaría, como ocurrió con el alcohol, ese tipo de riesgos.

Tercera tesis: el Estado, tal como lo precisaba John Stuart Mill, no tiene derecho de limitar la libertad de los ciudadanos mientras sus acciones no lastimen a terceros. Cada individuo tiene el derecho de ejercer su libertad y escoger los valores y estilo de vida que considere convenientes. No se debe limitar esa libertad en aras de preservar su salud física o mental. De otro modo, actividades como el paracaidismo, o la ingesta de alcohol o grasas animales, deberían ser prohibidas porque son riesgosas o dañinas.

Cuarta tesis: no hay ninguna evidencia para suponer que la legalización de las drogas incrementaría su consumo. La experiencia de la prohibición del alcohol en Estados Unidos apunta en sentido contrario. Si tomamos, dice, las tablas de consumo de alcohol antes y después de la época de la prohibición, dicho consumo vuelve más o menos a donde estaba, y durante el periodo posterior, si se ha movido, ha sido disminuyendo, no en términos absolutos, sino en relación con la población y el crecimiento relativo de los ingresos.

Quinta tesis: el debate en torno a la legalización de las drogas no se da en el vacío. Está permeado por intereses específicos. Quienes hablan de la imposibilidad de legalizarlas son los encargados de combatirlas. El presupuesto anual que se dedica a esta tarea es de 20 ó 30 mil millones de dólares. Es mucho dinero, poder y burocracia lo que está en juego.

Sexta tesis: desde un punto de vista estrictamente económico, el Gobierno se comporta en esta materia como un protector de los cárteles. ¿Por qué? Porque en un libre mercado normal (digamos, de patatas, carne o lo que quiera) hay miles de importadores y exportadores. Cualquiera puede entrar en el negocio. Pero es muy difícil que un pequeño empresario pueda dedicarse al negocio de importación de drogas, porque nuestros esfuerzos por impedirlo lo hacen enormemente costoso. Así que los únicos que pueden sobrevivir en ese negocio son gente como la del Cártel de Medellín, que tiene suficiente dinero para tener flotas de aviones, métodos sofisticados y cosas así.

Séptima tesis: las víctimas inocentes de la guerra contra las drogas están en Estados Unidos, pero también en Colombia o Perú. Quien inhala una sustancia y decide correr el riesgo y pagar las consecuencias está en todo su derecho. Pero las víctimas que caen en fuego cruzado o los soldados y policías que son asesinados fuera de Estados Unidos son inaceptables desde un punto de vista moral. Mueren sin deberla.

En el 2009, el Consejo de la ciudad de El Paso, Texas, votó por la legalización de la mariguana. La iniciativa fue impulsada por Beto O'Rourke, miembro del Partido Demócrata. Sus argumentos fueron y son muy similares a los de Milton Friedman.

Estados Unidos, sentencia, no es ajeno a la violencia desatada en México y por extensión a Ciudad Juárez. Estados Unidos concentra el 25 por ciento del mercado mundial de drogas con apenas el 5 por ciento de la población. La fuerza de los cárteles mexicanos no se explica sin ese enorme mercado negro.

El concejal de El Paso concluye que la legalización de la mariguana tendría un doble efecto positivo: reduciría los ingresos de los cárteles en más de un 50 por ciento, ya que en el 2006 se estima que el 60 por ciento de dinero que ingresó a los capos mexicanos procedía de este producto; pero además, y por lo mismo, contribuiría a debilitar el poder de fuego y los niveles de violencia en México y en la frontera.

La decisión del Consejo de El Paso fue, sin embargo, vetada por el Alcalde John Cook. Pero lo más importante fue la amenaza del congresista Silvestre Reyes de suprimir los apoyos federales a la ciudad si persistían en su intención de legalizar la mariguana. Para explicar la irritación de Washington, O'Rourke utiliza términos idénticos a los de Milton Friedman.

Hay que recordar, subraya el consejero de El Paso, que en Estados Unidos la guerra de las drogas es una industria de 40 mil millones de dólares invertidos al año en prisiones, armas, justicia, oficiales, etcétera. Por eso hay mucha gente en este país que tiene un interés muy personal en preservar el statu quo.

Y, en efecto, aunque las dimensiones del mercado y los niveles de violencia que hoy se viven confirman que la guerra contra las drogas ha fracasado, y aunque es hora de revisar toda la estrategia, los defensores del statu quo se siguen oponiendo... con éxito.

Fecha de publicación: 10 abril 2010