Miguel Sarre
Colaborador Invitado
Reforma
(12 abril 2010).- No sabemos si las Fuerzas Armadas le están haciendo un favor al Presidente al prestarse como policías, o si el Presidente les está pagando algún servicio al concederles que realicen funciones policiales civiles sin quitarse la coraza del fuero militar. De una u otra forma no se está sirviendo al bien común.
Durante el siglo XIX México enfrentó invasiones externas; el gobierno central necesitaba del Ejército para ejercer su imperio sobre todo el territorio nacional y aun así perdimos buena parte del mismo.
En el siglo XX, el Ejército favoreció la institucionalidad después de la Revolución. Hasta que hace algunos años finalmente se creara una policía federal, no existía otra fuerza pública que cubriera todo el país.
En este siglo tenemos amigos y socios tanto en el Norte como en el Sur y si oteamos de Oriente a Poniente, no se avizora algún "extraño enemigo", como reza el Himno Nacional. Las autoridades ordinarias tienen presencia nacional; el problema no es la integralidad del territorio nacional, sino la seguridad e integridad de sus habitantes.
Por su parte, la seguridad pública tiene componentes que no se resuelven por medios concebidos para la guerra. La delincuencia organizada sólo puede operar cuando tiene un pie dentro de los gobiernos, y el Ejército no está en mejores condiciones que los civiles para identificar esos pies, mientras que fenómenos como el lavado de dinero no se pueden combatir con tanquetas.
Recordemos en este punto que el Ejército se considera heredero de la Revolución Mexicana. No se asume como parte subordinada de la administración pública, como lo está la Secretaría de Salud, por ejemplo, sino como un ente distinto con autoridad propia, es decir, como un Estado dentro del Estado. Esto se pone de manifiesto en el uso del lenguaje cuando los altos funcionarios federales, con un recato que no emplean ante otras autoridades, suelen decir "hablamos con el Ejército", en vez "le ordenamos al Ejército".
Aquí entra la discusión sobre el fuero militar que, a su vez, conlleva al debate sobre la legitimidad de ejercicio del Ejército y de la Armada en nuestro país. Detrás de este fuero se revela un problema más amplio: la inutilidad y onerosidad de las Fuerzas Armadas en un país pacífico en nuestra circunstancia geopolítica.
Se requiere entonces disolver al Ejército. Así, d-i-s-o-l-v-e-r-l-o con todas sus letras, y poner a sus actuales integrantes al servicio de las necesidades reales del país, tal como lo han hecho Costa Rica y Panamá. Esto es lo que, en célebre carta, sugirió recientemente el presidente Óscar Arias a José Mujica, el antiguo guerrillero y ahora primer mandatario uruguayo.
En vez de que los militares y marinos en activo patrullen las calles, muchos de ellos deben ser integrados de manera definitiva a las policías locales y a la federal. Así, nuestros uniformados verdes y azules realizarían las mismas funciones que actualmente vienen cumpliendo, pero lo harían con una capacitación propia para civiles; estarían obligados a actuar bajo parámetros y mandos civiles y, sobre todo, responderían ante tribunales civiles. Otros efectivos serían más útiles integrados a tareas diversas como salud, comunicaciones, forestal y de protección civil.
El grueso de los marinos, como lo hacen desde 1940, deben seguir protegiendo nuestras aguas territoriales y litorales pero como guardacostas, y no como marina de guerra.
"El Ejército es un oasis de disciplina", dijo Díaz Ordaz en los días de Tlatelolco. Confundía la mera subordinación a la disciplina propia de un Estado de Derecho, entendida como fidelidad a la Constitución. En este sentido el Ejército ha sido muy indisciplinado: lo fue en 1968; lo fue durante la Guerra Sucia, y lo es ahora en la denominada guerra contra la delincuencia organizada donde, usurpando funciones de persecución penal que no le corresponden, ha detenido, torturado y aun ejecutado personas a discreción.
La solución a la violencia e inseguridad en el país no está en la militarización de lo civil, sino en la civilización de lo militar. Como en otros casos, hoy don Manuel Gómez Morin diría que el obstáculo a remover antes que nada es político.
El autor es profesor-investigador del ITAM.
Fecha de publicación: 12 abril 2010
lunes, 12 de abril de 2010
Marchan alumnos del Tec contra inseguridad
- Rangel Sostmann reprocha falta de valores
- El rector tilda de indolente a la clase política
Familiares y alumnos del Tec de Monterrey se manifiestan en una marcha para exigir a las autoridades poner freno
a la violencia, ayer frente al campus de la institución educativa en la capital regiomontana. Foto Reuters.
a la violencia, ayer frente al campus de la institución educativa en la capital regiomontana. Foto Reuters.
David Carrizales
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 12 de abril de 2010, p. 11
Monterrey, NL, 11 de abril. La inseguridad que sufre México es resultado de una clase política indolente, un sistema educativo que privilegia la formación de profesionales exitosos pero sin responsabilidad social, padres de familia que no inculcan valores trascendentes a sus hijos y empresarios que sólo ven por sus ganancias, sin importar que tengan que incurrir en la corrupción, señaló el rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Rafael Rangel Sostmann.
Antes, más de 3 mil asistentes convocados por la Federación de Estudiantes del ITESM marcharon en silencio alrededor del campus Monterrey para reclamar a las autoridades acciones que ayuden a frenar la violencia en México.
Ante José Antonio Fernández Carvajal, presidente de Grupo Femsa y consejero del ITESM, Rangel dijo que muchos negocios y empresarios, con la excusa de mejorar ingresos o reducir pérdidas, han aceptado la corrupción para resolver los obstáculos que se les presentan para conseguir contratos o concretar alguna venta.
Hoy estamos aquí defendiendo el honor de nuestros estudiantes (José Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, identificados inicialmente como pistoleros durante una balacera entre militares y sicarios), y es nuestro deber que insistamos en obtener el informe oficial sobre los hechos del 19 de marzo.
Rangel Sostmann recalcó: Nos hemos vuelto ciegos, sordos, indiferentes ante la pobreza, la injusticia, la falta de oportunidades, la desigualdad y el desempleo, y vemos todas esas anomalías como algo natural y normal en nuestra sociedad. Nos hemos puesto un velo en los ojos. Muchos aceptamos la corrupción para obtener resultados fáciles y resolver los problemas rápidamente.
Propuso modificar la Ley de Seguridad Nacional para normar la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia organizada, y que cuando soldados o marinos cometan abusos, sean juzgados por civiles.
Arribo tardío
Planteó que para que la actuación militar beneficie a la comunidad se requiere un marco legal que respete los derechos humanos y los tratados internacionales.
En rueda de prensa, el rector del ITESM reconoció que la institución llegó tarde a la causa por la seguridad, y sólo actuó cuando fue afectada directamente. Es el resultado de que hemos degradado nuestros valores y principios.
Desde desde el movimiento estudiantil de 1968-1971 no había una manifestación por reinvindicaciones sociales convocada por estudiantes del Tec de Monterrey. Entonces, fueron encabezadas por José Luis Sierra, presidente de la Federación de Estudiantes.
También en Tampico, Tamaulipas, miles de ciudadanos de colonias populares marcharon, desde la avenida Hidalgo a la Plaza de la Libertad, para exigir a los gobiernos federal, estatal y municipal generar las condiciones para que ese puerto recobre la tranquilidad vulnerada en las semanas recientes.
Con información de la corresponsalía en Tamaulipas
http://www.jornada.unam.mx/2010/04/12/index.php?section=politica&article=011n1pol
Neoleoneses exigen frenar ola de violencia
Corresponsalía
El Universal
Lunes 12 de abril de 2010
En su mayoría vestidos de blanco y algunos con pancartas y mantas, los manifestantes marcharon en silencio dentro de las instalaciones del campus Monterrey del tecnológico
NUEVO LEÓN
Cientos de estudiantes, empresarios, padres de familia y pobladores reclamaron a las autoridades mejores políticas de seguridad y acciones más eficientes para frenar la ola de violencia que vive el país, al tiempo que el Tecnológico de Monterrey pidió aclarar la muerte de dos de sus estudiantes en una balacera entre soldados y narcotraficantes y que los culpables, de ser militares, sean juzgados por tribunales civiles.
“Necesitamos que el sistema de seguridad pública de los estados sea mejorado en beneficio de la comunidad”, dijeron los manifestantes convocados bajo el lema Movimiento por el Cambio; entre ellos, estudiantes de los campus del tecnológico en el país, quienes insistieron en que el Ejército regrese a los cuarteles y que haya una sola policía en cada estado.
En su mayoría vestidos de blanco y algunos con pancartas y mantas, los manifestantes marcharon en silencio dentro de las instalaciones del campus Monterrey del tecnológico, encabezados por el rector Rafael Rangel Sostmann.
La Marcha por el Cambio se produjo tras la muerte, la madrugada del 19 de marzo, de los estudiantes del tecnológico Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, en cuya memoria se guardó un minuto de silencio con la presencia de sus padres
Rosa Elvia Mercado Alonso, madre de uno de ellos, dijo que su hijo siempre se destacó por su entereza y por su tesón. “Estaba lleno de proyectos e ilusiones y a punto de lograrlos, ya que en mayo terminaba la maestría en sistemas de manufacturas, y en tres semanas iniciaría su trabajo. La muerte de Jorge no debe quedar en vano, de alguna manera se debe de corregir estos terribles hechos, que afectan a gente inocente y que a las personas que les toca hacer siempre su trabajo, que lo hagan buscando siempre la mejor estrategia para combatirlo”.
Reunión y propuestas
Luego de marchar por el perímetro del campus, los manifestantes se concentraron en la cancha de futbol, donde se recopilaron una serie de propuestas elaboradas por la comunidad estudiantil, egresados y empresarios sobre la seguridad integral que desean para México.
El Pronunciamiento y propuestas del Tecnológico de Monterrey para mejorar la seguridad en México fue entregado al rector Rangel Sostmann y dirigido a la Presidencia de la República, al Congreso de la Unión y los congresos estatales.
“Queremos un México mejor”, dijo el rector al indicar que las propuestas fueron resultado de una consulta realizada desde hace dos semanas y en la que participaron los estudiantes, la comunidad de ex alumnos, los profesores, el personal administrativo y de seguridad, y los padres de familia del sistema Tec.
Sin embargo, advirtió que “debemos lograr mucho más para mejorar los aspectos de participación ciudadana, la política pública de nuestro país y la seguridad de cada uno de nosotros”, y adelantó que esta semana gestionarán la cita para presentar las propuestas a las diferentes instancias de gobierno.
Acotar fuero de guerra
El director nacional de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública, Bernardo González Aréchiga, propuso reformar la Ley de Seguridad Nacional y el Código de Justicia Militar para que se acote el fuero de guerra de que gozan los militares y marinos, y puedan ser juzgados por tribunales civiles cuando lastimen a la sociedad.
El académico consideró que mientras llegan esos cambios, los elementos del Ejército mexicano deberán someterse a protocolos de actuación para disminuir el riesgo de que se registren más daños a la población civil en la lucha contra la delincuencia organizada.
http://www.eluniversal.com.mx/primera/34760.html
El Universal
Lunes 12 de abril de 2010
En su mayoría vestidos de blanco y algunos con pancartas y mantas, los manifestantes marcharon en silencio dentro de las instalaciones del campus Monterrey del tecnológico
NUEVO LEÓN
Cientos de estudiantes, empresarios, padres de familia y pobladores reclamaron a las autoridades mejores políticas de seguridad y acciones más eficientes para frenar la ola de violencia que vive el país, al tiempo que el Tecnológico de Monterrey pidió aclarar la muerte de dos de sus estudiantes en una balacera entre soldados y narcotraficantes y que los culpables, de ser militares, sean juzgados por tribunales civiles.
“Necesitamos que el sistema de seguridad pública de los estados sea mejorado en beneficio de la comunidad”, dijeron los manifestantes convocados bajo el lema Movimiento por el Cambio; entre ellos, estudiantes de los campus del tecnológico en el país, quienes insistieron en que el Ejército regrese a los cuarteles y que haya una sola policía en cada estado.
En su mayoría vestidos de blanco y algunos con pancartas y mantas, los manifestantes marcharon en silencio dentro de las instalaciones del campus Monterrey del tecnológico, encabezados por el rector Rafael Rangel Sostmann.
La Marcha por el Cambio se produjo tras la muerte, la madrugada del 19 de marzo, de los estudiantes del tecnológico Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, en cuya memoria se guardó un minuto de silencio con la presencia de sus padres
Rosa Elvia Mercado Alonso, madre de uno de ellos, dijo que su hijo siempre se destacó por su entereza y por su tesón. “Estaba lleno de proyectos e ilusiones y a punto de lograrlos, ya que en mayo terminaba la maestría en sistemas de manufacturas, y en tres semanas iniciaría su trabajo. La muerte de Jorge no debe quedar en vano, de alguna manera se debe de corregir estos terribles hechos, que afectan a gente inocente y que a las personas que les toca hacer siempre su trabajo, que lo hagan buscando siempre la mejor estrategia para combatirlo”.
Reunión y propuestas
Luego de marchar por el perímetro del campus, los manifestantes se concentraron en la cancha de futbol, donde se recopilaron una serie de propuestas elaboradas por la comunidad estudiantil, egresados y empresarios sobre la seguridad integral que desean para México.
El Pronunciamiento y propuestas del Tecnológico de Monterrey para mejorar la seguridad en México fue entregado al rector Rangel Sostmann y dirigido a la Presidencia de la República, al Congreso de la Unión y los congresos estatales.
“Queremos un México mejor”, dijo el rector al indicar que las propuestas fueron resultado de una consulta realizada desde hace dos semanas y en la que participaron los estudiantes, la comunidad de ex alumnos, los profesores, el personal administrativo y de seguridad, y los padres de familia del sistema Tec.
Sin embargo, advirtió que “debemos lograr mucho más para mejorar los aspectos de participación ciudadana, la política pública de nuestro país y la seguridad de cada uno de nosotros”, y adelantó que esta semana gestionarán la cita para presentar las propuestas a las diferentes instancias de gobierno.
Acotar fuero de guerra
El director nacional de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública, Bernardo González Aréchiga, propuso reformar la Ley de Seguridad Nacional y el Código de Justicia Militar para que se acote el fuero de guerra de que gozan los militares y marinos, y puedan ser juzgados por tribunales civiles cuando lastimen a la sociedad.
El académico consideró que mientras llegan esos cambios, los elementos del Ejército mexicano deberán someterse a protocolos de actuación para disminuir el riesgo de que se registren más daños a la población civil en la lucha contra la delincuencia organizada.
http://www.eluniversal.com.mx/primera/34760.html
PLAZA PÚBLICA / No a la impunidad militar
Por Miguel Ángel Granados Chapa
Después de guardar silencio durante cuatro días, el jueves 8 se dio a conocer un comunicado de la Secretaría de Gobernación que negó la agresión de militares a una familia en Tamaulipas
(11 abril 2010).- Aunque ya se había divulgado el hecho, cuando el miércoles 7 el Secretario de la Defensa Nacional se reunió con diputados, ninguno le preguntó por los dos niños, de 9 y 5 años, muertos por los balazos de militares en un retén tamaulipeco el sábado anterior. Es preocupante el desinterés de los legisladores sobre un acontecimiento tan grave, que confirma una tendencia a la impunidad de miembros de las Fuerzas Armadas. Sea por desinformación o por insensibilidad, a nadie de los presentes en esa reunión -citada precisamente para examinar la presencia castrense en funciones policiales- le pareció necesario detenerse en aquel trágico episodio. Sería espeluznante que la omisión significara un acto de consentimiento político, un virtual certificado de impunidad ante un crimen que no debería pasar inadvertido ni menos quedar sin castigo.
Según la queja de Martín Almanza Rodríguez, padre de Bryan Almanza Salazar, de 5 años, y de Martín Almanza Salazar, de 9, ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, el vehículo que conducía fue atacado por los integrantes de un retén instalado en la carretera que va de esa ciudad a Matamoros. A bordo de una camioneta 10 años vieja, un grupo familiar de 12 personas, la mitad de las cuales eran menores e incluso un bebé, se dirigía a pasar el domingo de Resurrección en la Playa Bagdad de Matamoros. Hacia las seis de la tarde del sábado 3 de abril, el vehículo pasó ante un retén compuesto por cuatro vehículos y unos 50 soldados. "Al pasar junto a los militares bajé totalmente la velocidad de mi camioneta, bajamos todos los vidrios y esperamos alguna indicación de revisión, pero uno de los soldados nos hizo la seña de que continuáramos en circulación.
"Después de pasar tres vehículos del Ejército estacionados en línea sobre la carretera, comenzamos a escuchar disparos de arma de fuego, impactando algunos de estos disparos en el vidrio posterior de la camioneta, causando pánico y temor entre todos los que viajábamos en el vehículo, optando por detenernos a pocos metros de donde se encontraban los militares.
"Luego de estacionar la camioneta a orilla de la carretera, seguimos escuchando que disparaban hacia nosotros, bajando mi esposa Cinthia con mis hijos Yesennia y Bryan para correr hacia el monte, mientras que yo me sentí herido en el brazo derecho quedando inconsciente frente al volante, mientras que mi cuñado Carlos Alfredo Rangel Delgado también resultó herido en sus piernas y su esposa Vanesa Viridiana trataba de ponerse a salvo con los niños Jesús Alfredo Rangel Velásquez y su hermanito Giovanni Israel.
"El resto de los adultos y niños trataron de correr hacia el monte para tratar de escapar de las balas disparadas por los soldados, siendo únicamente mi hijo Martín Almanza Salazar quien quedó muerto dentro de la camioneta con impactos en la espalda y tendido boca abajo...".
Por su parte, la madre de los infortunados niños Cinthia Josefina Salazar Castillo narró que "después de pasar el retén de los soldados escuchamos disparos en la parte trasera de la camioneta, los vidrios comenzaron a romperse y la primera reacción de nosotros fue tomar a los niños para protegerlos y tirarnos al suelo. Yo vi a mi esposo desmayado frente al volante... En mi desesperación tomé a mis hijas Yesennia y Jennifer y me paré a la orilla de la carretera gritándole a los soldados que no dispararan, que había niños dentro, pero no me hicieron caso.
"Entonces regresé a la camioneta por el lado del acompañante y fue entonces cuando mi esposo Martín reaccionó, se bajó y corrimos al monte. Yo cargaba en mis brazos a mi hijo Bryan y estiraba a las dos niñas; en un momento que lo cambié de brazos me sentí herida en el estómago, pero seguimos corriendo. Después sentí que hirieron a mi hijo Bryan por la espalda, ese disparo era para mí pero lo recibió el niño: sentí cómo su cabecita se le iba para atrás, cómo se le soltaba el cuerpecito y le grité a mi esposo Martín que nos habían matado a Bryan, entonces él me ayudó hasta la casa donde nos dieron refugio...
"Como una hora después de la balacera, cuando nos trasladaba una ambulancia a un hospital de Miguel Alemán, llegaron unos soldados para pedirnos disculpas por la muerte de mis niños; decían que no era su intención hacernos hecho daño e incluso cuando nos trasladaron a Nuevo Laredo dijeron que nos iban a cuidar en el hospital para protegernos...
"Los soldados nunca nos dieron la cara, siempre estuvieron encapuchados y después de la balacera nos transculcaron nuestras mochilas, me robaron mi radio Nextel, el radio Nextel de mi esposo y un teléfono celular. Al día siguiente, cuando los médicos me dieron de alta en Nuevo Laredo me regresé a Miguel Alemán para solicitar los cuerpos de mis dos niños fallecidos y luego fui a la camioneta para buscar mi bolsa y las mochilas de los niños y los militares no me dejaron acercarme a la camioneta; tampoco le permitieron a un hermano mío que le tomara fotos, porque dijeron que estaban investigando".
A pesar de la flaca memoria social, que en defensa propia pasa la página para no fijarla en atrocidades, está aún presente el escándalo del asesinato de dos jóvenes ingenieros en el Tecnológico de Monterrey, también en un ataque militar no esclarecido (no se han difundido los videos ofrecidos por el Secretario de Gobernación). Por ello, alguien decidió que era muy pesado enfrentar otra reacción pública, por fugaz que fuera, ante este crimen feroz. Y decidió también negar que los hechos acontecieran según la narración de las víctimas, por lo que se inventó una historia distinta. Después de guardar silencio durante cuatro días, el jueves 8 se dio a conocer no un parte militar que refiriera la versión de las autoridades directamente involucradas, sino un comunicado de la Secretaría de Gobernación que puso el acento en un presunto ataque a los soldados que en realidad han sido los agresores de las familias Almanza y Rangel.
Gobernación enfocó su boletín a tratar "las agresiones ocurridas a militares el fin de semana pasado:
"El pasado 3 de abril, el personal militar de la Octava Zona Militar recibió información de que se había realizado un enfrentamiento entre presuntos delincuentes en la carretera que conduce a Nueva Ciudad Guerrero, en Tamaulipas, por lo que se procedió a hacer una verificación terrestre.
"Al llegar a la zona, un grupo de sujetos armados atacaron a los elementos del Ejército, quienes repelieron la agresión.
"Derivado de los enfrentamientos, en la secuencia de estas agresiones, fallecieron dos menores, Bryan Almanza Salazar, de cinco años, y Martín Almanza Salazar, de nueve años de edad.
"El Gobierno federal se une a la pena que embarga a los familiares de los menores fallecidos en este enfrentamiento y está procediendo a la investigación de los hechos, para que en su momento, de manera seria y clara, sean informados primero los familiares y luego la opinión pública en cuanto a los resultados que determinan con claridad la dinámica de los hechos en que sucedieron estas pérdidas".
Al presentar este comunicado, el Secretario Fernando Gómez Mont, tan irascible como se muestra habitualmente, situó no el asesinato de los niños Almanza Salazar sino la presunta agresión a militares en el cuadro general de violencia incrementada que padecen los tamaulipecos. Y, al modo pueril en que su propio jefe y él mismo lo han hecho otras veces, desafió a los criminales para que "cobardemente no pretendan ampararse en el contexto de las personas buenas que hay en este país y si van a dar la batalla, que la den de frente". Y de plano instó a la resignación ante las muertes de civiles cometidas por militares: "En estas ocasiones lamentablemente sus agresiones se dan en un contexto donde hay familias, gente de bien, gente que sólo quiere vivir en paz. Muchas veces no se puede escoger como se quisiera el campo de los enfrentamientos".
En las Cámaras se trabaja para modificar leyes que hasta ahora no enmarcan la tarea policial del Ejército. Es un intento inútil de legitimación de una actividad socialmente peligrosa. Aunque sea candoroso citarlo, todavía está vigente el artículo 129 de la Constitución, según el cual "en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar".
miguelangel@granadoschapa.com
Fecha de publicación: 11 abril 2010
Después de guardar silencio durante cuatro días, el jueves 8 se dio a conocer un comunicado de la Secretaría de Gobernación que negó la agresión de militares a una familia en Tamaulipas
(11 abril 2010).- Aunque ya se había divulgado el hecho, cuando el miércoles 7 el Secretario de la Defensa Nacional se reunió con diputados, ninguno le preguntó por los dos niños, de 9 y 5 años, muertos por los balazos de militares en un retén tamaulipeco el sábado anterior. Es preocupante el desinterés de los legisladores sobre un acontecimiento tan grave, que confirma una tendencia a la impunidad de miembros de las Fuerzas Armadas. Sea por desinformación o por insensibilidad, a nadie de los presentes en esa reunión -citada precisamente para examinar la presencia castrense en funciones policiales- le pareció necesario detenerse en aquel trágico episodio. Sería espeluznante que la omisión significara un acto de consentimiento político, un virtual certificado de impunidad ante un crimen que no debería pasar inadvertido ni menos quedar sin castigo.
Según la queja de Martín Almanza Rodríguez, padre de Bryan Almanza Salazar, de 5 años, y de Martín Almanza Salazar, de 9, ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, el vehículo que conducía fue atacado por los integrantes de un retén instalado en la carretera que va de esa ciudad a Matamoros. A bordo de una camioneta 10 años vieja, un grupo familiar de 12 personas, la mitad de las cuales eran menores e incluso un bebé, se dirigía a pasar el domingo de Resurrección en la Playa Bagdad de Matamoros. Hacia las seis de la tarde del sábado 3 de abril, el vehículo pasó ante un retén compuesto por cuatro vehículos y unos 50 soldados. "Al pasar junto a los militares bajé totalmente la velocidad de mi camioneta, bajamos todos los vidrios y esperamos alguna indicación de revisión, pero uno de los soldados nos hizo la seña de que continuáramos en circulación.
"Después de pasar tres vehículos del Ejército estacionados en línea sobre la carretera, comenzamos a escuchar disparos de arma de fuego, impactando algunos de estos disparos en el vidrio posterior de la camioneta, causando pánico y temor entre todos los que viajábamos en el vehículo, optando por detenernos a pocos metros de donde se encontraban los militares.
"Luego de estacionar la camioneta a orilla de la carretera, seguimos escuchando que disparaban hacia nosotros, bajando mi esposa Cinthia con mis hijos Yesennia y Bryan para correr hacia el monte, mientras que yo me sentí herido en el brazo derecho quedando inconsciente frente al volante, mientras que mi cuñado Carlos Alfredo Rangel Delgado también resultó herido en sus piernas y su esposa Vanesa Viridiana trataba de ponerse a salvo con los niños Jesús Alfredo Rangel Velásquez y su hermanito Giovanni Israel.
"El resto de los adultos y niños trataron de correr hacia el monte para tratar de escapar de las balas disparadas por los soldados, siendo únicamente mi hijo Martín Almanza Salazar quien quedó muerto dentro de la camioneta con impactos en la espalda y tendido boca abajo...".
Por su parte, la madre de los infortunados niños Cinthia Josefina Salazar Castillo narró que "después de pasar el retén de los soldados escuchamos disparos en la parte trasera de la camioneta, los vidrios comenzaron a romperse y la primera reacción de nosotros fue tomar a los niños para protegerlos y tirarnos al suelo. Yo vi a mi esposo desmayado frente al volante... En mi desesperación tomé a mis hijas Yesennia y Jennifer y me paré a la orilla de la carretera gritándole a los soldados que no dispararan, que había niños dentro, pero no me hicieron caso.
"Entonces regresé a la camioneta por el lado del acompañante y fue entonces cuando mi esposo Martín reaccionó, se bajó y corrimos al monte. Yo cargaba en mis brazos a mi hijo Bryan y estiraba a las dos niñas; en un momento que lo cambié de brazos me sentí herida en el estómago, pero seguimos corriendo. Después sentí que hirieron a mi hijo Bryan por la espalda, ese disparo era para mí pero lo recibió el niño: sentí cómo su cabecita se le iba para atrás, cómo se le soltaba el cuerpecito y le grité a mi esposo Martín que nos habían matado a Bryan, entonces él me ayudó hasta la casa donde nos dieron refugio...
"Como una hora después de la balacera, cuando nos trasladaba una ambulancia a un hospital de Miguel Alemán, llegaron unos soldados para pedirnos disculpas por la muerte de mis niños; decían que no era su intención hacernos hecho daño e incluso cuando nos trasladaron a Nuevo Laredo dijeron que nos iban a cuidar en el hospital para protegernos...
"Los soldados nunca nos dieron la cara, siempre estuvieron encapuchados y después de la balacera nos transculcaron nuestras mochilas, me robaron mi radio Nextel, el radio Nextel de mi esposo y un teléfono celular. Al día siguiente, cuando los médicos me dieron de alta en Nuevo Laredo me regresé a Miguel Alemán para solicitar los cuerpos de mis dos niños fallecidos y luego fui a la camioneta para buscar mi bolsa y las mochilas de los niños y los militares no me dejaron acercarme a la camioneta; tampoco le permitieron a un hermano mío que le tomara fotos, porque dijeron que estaban investigando".
A pesar de la flaca memoria social, que en defensa propia pasa la página para no fijarla en atrocidades, está aún presente el escándalo del asesinato de dos jóvenes ingenieros en el Tecnológico de Monterrey, también en un ataque militar no esclarecido (no se han difundido los videos ofrecidos por el Secretario de Gobernación). Por ello, alguien decidió que era muy pesado enfrentar otra reacción pública, por fugaz que fuera, ante este crimen feroz. Y decidió también negar que los hechos acontecieran según la narración de las víctimas, por lo que se inventó una historia distinta. Después de guardar silencio durante cuatro días, el jueves 8 se dio a conocer no un parte militar que refiriera la versión de las autoridades directamente involucradas, sino un comunicado de la Secretaría de Gobernación que puso el acento en un presunto ataque a los soldados que en realidad han sido los agresores de las familias Almanza y Rangel.
Gobernación enfocó su boletín a tratar "las agresiones ocurridas a militares el fin de semana pasado:
"El pasado 3 de abril, el personal militar de la Octava Zona Militar recibió información de que se había realizado un enfrentamiento entre presuntos delincuentes en la carretera que conduce a Nueva Ciudad Guerrero, en Tamaulipas, por lo que se procedió a hacer una verificación terrestre.
"Al llegar a la zona, un grupo de sujetos armados atacaron a los elementos del Ejército, quienes repelieron la agresión.
"Derivado de los enfrentamientos, en la secuencia de estas agresiones, fallecieron dos menores, Bryan Almanza Salazar, de cinco años, y Martín Almanza Salazar, de nueve años de edad.
"El Gobierno federal se une a la pena que embarga a los familiares de los menores fallecidos en este enfrentamiento y está procediendo a la investigación de los hechos, para que en su momento, de manera seria y clara, sean informados primero los familiares y luego la opinión pública en cuanto a los resultados que determinan con claridad la dinámica de los hechos en que sucedieron estas pérdidas".
Al presentar este comunicado, el Secretario Fernando Gómez Mont, tan irascible como se muestra habitualmente, situó no el asesinato de los niños Almanza Salazar sino la presunta agresión a militares en el cuadro general de violencia incrementada que padecen los tamaulipecos. Y, al modo pueril en que su propio jefe y él mismo lo han hecho otras veces, desafió a los criminales para que "cobardemente no pretendan ampararse en el contexto de las personas buenas que hay en este país y si van a dar la batalla, que la den de frente". Y de plano instó a la resignación ante las muertes de civiles cometidas por militares: "En estas ocasiones lamentablemente sus agresiones se dan en un contexto donde hay familias, gente de bien, gente que sólo quiere vivir en paz. Muchas veces no se puede escoger como se quisiera el campo de los enfrentamientos".
En las Cámaras se trabaja para modificar leyes que hasta ahora no enmarcan la tarea policial del Ejército. Es un intento inútil de legitimación de una actividad socialmente peligrosa. Aunque sea candoroso citarlo, todavía está vigente el artículo 129 de la Constitución, según el cual "en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar".
miguelangel@granadoschapa.com
Fecha de publicación: 11 abril 2010
sábado, 10 de abril de 2010
Friedman y El Paso
Por Jaime Sánchez Susarrey
El Norte
No hay ninguna evidencia para suponer que la legalización de las drogas incrementaría su consumo
(10 abril 2010).- En 1991, Milton Friedman concedió una entrevista a un canal de televisión pública en Estados Unidos. El tema era la guerra contra las drogas. El premio Nobel de economía (1976) hizo una defensa tajante de la legalización de todas las drogas. Sus argumentos al correr de los años siguen vigentes. Más aún después de lo ocurrido recientemente en El Paso, Texas.
Primera tesis: la guerra contra las drogas genera violencia. Por eso la despenalización del consumo reduciría inmediatamente el número de asesinatos que golpea a barrios y ciudades. La cantidad de prisioneros se reduciría igualmente y con ello se podrían ahorrar recursos y elementos para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Segunda tesis: a las drogas habría que darles el mismo tratamiento que a otros enervantes, como el alcohol. Friedman advierte que en los tiempos de la prohibición en Estados Unidos se incrementaron las muertes por envenenamiento debido a las sustancias que se utilizaban para la producción clandestina. Con las drogas ocurre algo similar. Productos como el crack son particularmente nocivos. La legalización eliminaría, como ocurrió con el alcohol, ese tipo de riesgos.
Tercera tesis: el Estado, tal como lo precisaba John Stuart Mill, no tiene derecho de limitar la libertad de los ciudadanos mientras sus acciones no lastimen a terceros. Cada individuo tiene el derecho de ejercer su libertad y escoger los valores y estilo de vida que considere convenientes. No se debe limitar esa libertad en aras de preservar su salud física o mental. De otro modo, actividades como el paracaidismo, o la ingesta de alcohol o grasas animales, deberían ser prohibidas porque son riesgosas o dañinas.
Cuarta tesis: no hay ninguna evidencia para suponer que la legalización de las drogas incrementaría su consumo. La experiencia de la prohibición del alcohol en Estados Unidos apunta en sentido contrario. Si tomamos, dice, las tablas de consumo de alcohol antes y después de la época de la prohibición, dicho consumo vuelve más o menos a donde estaba, y durante el periodo posterior, si se ha movido, ha sido disminuyendo, no en términos absolutos, sino en relación con la población y el crecimiento relativo de los ingresos.
Quinta tesis: el debate en torno a la legalización de las drogas no se da en el vacío. Está permeado por intereses específicos. Quienes hablan de la imposibilidad de legalizarlas son los encargados de combatirlas. El presupuesto anual que se dedica a esta tarea es de 20 ó 30 mil millones de dólares. Es mucho dinero, poder y burocracia lo que está en juego.
Sexta tesis: desde un punto de vista estrictamente económico, el Gobierno se comporta en esta materia como un protector de los cárteles. ¿Por qué? Porque en un libre mercado normal (digamos, de patatas, carne o lo que quiera) hay miles de importadores y exportadores. Cualquiera puede entrar en el negocio. Pero es muy difícil que un pequeño empresario pueda dedicarse al negocio de importación de drogas, porque nuestros esfuerzos por impedirlo lo hacen enormemente costoso. Así que los únicos que pueden sobrevivir en ese negocio son gente como la del Cártel de Medellín, que tiene suficiente dinero para tener flotas de aviones, métodos sofisticados y cosas así.
Séptima tesis: las víctimas inocentes de la guerra contra las drogas están en Estados Unidos, pero también en Colombia o Perú. Quien inhala una sustancia y decide correr el riesgo y pagar las consecuencias está en todo su derecho. Pero las víctimas que caen en fuego cruzado o los soldados y policías que son asesinados fuera de Estados Unidos son inaceptables desde un punto de vista moral. Mueren sin deberla.
En el 2009, el Consejo de la ciudad de El Paso, Texas, votó por la legalización de la mariguana. La iniciativa fue impulsada por Beto O'Rourke, miembro del Partido Demócrata. Sus argumentos fueron y son muy similares a los de Milton Friedman.
Estados Unidos, sentencia, no es ajeno a la violencia desatada en México y por extensión a Ciudad Juárez. Estados Unidos concentra el 25 por ciento del mercado mundial de drogas con apenas el 5 por ciento de la población. La fuerza de los cárteles mexicanos no se explica sin ese enorme mercado negro.
El concejal de El Paso concluye que la legalización de la mariguana tendría un doble efecto positivo: reduciría los ingresos de los cárteles en más de un 50 por ciento, ya que en el 2006 se estima que el 60 por ciento de dinero que ingresó a los capos mexicanos procedía de este producto; pero además, y por lo mismo, contribuiría a debilitar el poder de fuego y los niveles de violencia en México y en la frontera.
La decisión del Consejo de El Paso fue, sin embargo, vetada por el Alcalde John Cook. Pero lo más importante fue la amenaza del congresista Silvestre Reyes de suprimir los apoyos federales a la ciudad si persistían en su intención de legalizar la mariguana. Para explicar la irritación de Washington, O'Rourke utiliza términos idénticos a los de Milton Friedman.
Hay que recordar, subraya el consejero de El Paso, que en Estados Unidos la guerra de las drogas es una industria de 40 mil millones de dólares invertidos al año en prisiones, armas, justicia, oficiales, etcétera. Por eso hay mucha gente en este país que tiene un interés muy personal en preservar el statu quo.
Y, en efecto, aunque las dimensiones del mercado y los niveles de violencia que hoy se viven confirman que la guerra contra las drogas ha fracasado, y aunque es hora de revisar toda la estrategia, los defensores del statu quo se siguen oponiendo... con éxito.
Fecha de publicación: 10 abril 2010
El Norte
No hay ninguna evidencia para suponer que la legalización de las drogas incrementaría su consumo
(10 abril 2010).- En 1991, Milton Friedman concedió una entrevista a un canal de televisión pública en Estados Unidos. El tema era la guerra contra las drogas. El premio Nobel de economía (1976) hizo una defensa tajante de la legalización de todas las drogas. Sus argumentos al correr de los años siguen vigentes. Más aún después de lo ocurrido recientemente en El Paso, Texas.
Primera tesis: la guerra contra las drogas genera violencia. Por eso la despenalización del consumo reduciría inmediatamente el número de asesinatos que golpea a barrios y ciudades. La cantidad de prisioneros se reduciría igualmente y con ello se podrían ahorrar recursos y elementos para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Segunda tesis: a las drogas habría que darles el mismo tratamiento que a otros enervantes, como el alcohol. Friedman advierte que en los tiempos de la prohibición en Estados Unidos se incrementaron las muertes por envenenamiento debido a las sustancias que se utilizaban para la producción clandestina. Con las drogas ocurre algo similar. Productos como el crack son particularmente nocivos. La legalización eliminaría, como ocurrió con el alcohol, ese tipo de riesgos.
Tercera tesis: el Estado, tal como lo precisaba John Stuart Mill, no tiene derecho de limitar la libertad de los ciudadanos mientras sus acciones no lastimen a terceros. Cada individuo tiene el derecho de ejercer su libertad y escoger los valores y estilo de vida que considere convenientes. No se debe limitar esa libertad en aras de preservar su salud física o mental. De otro modo, actividades como el paracaidismo, o la ingesta de alcohol o grasas animales, deberían ser prohibidas porque son riesgosas o dañinas.
Cuarta tesis: no hay ninguna evidencia para suponer que la legalización de las drogas incrementaría su consumo. La experiencia de la prohibición del alcohol en Estados Unidos apunta en sentido contrario. Si tomamos, dice, las tablas de consumo de alcohol antes y después de la época de la prohibición, dicho consumo vuelve más o menos a donde estaba, y durante el periodo posterior, si se ha movido, ha sido disminuyendo, no en términos absolutos, sino en relación con la población y el crecimiento relativo de los ingresos.
Quinta tesis: el debate en torno a la legalización de las drogas no se da en el vacío. Está permeado por intereses específicos. Quienes hablan de la imposibilidad de legalizarlas son los encargados de combatirlas. El presupuesto anual que se dedica a esta tarea es de 20 ó 30 mil millones de dólares. Es mucho dinero, poder y burocracia lo que está en juego.
Sexta tesis: desde un punto de vista estrictamente económico, el Gobierno se comporta en esta materia como un protector de los cárteles. ¿Por qué? Porque en un libre mercado normal (digamos, de patatas, carne o lo que quiera) hay miles de importadores y exportadores. Cualquiera puede entrar en el negocio. Pero es muy difícil que un pequeño empresario pueda dedicarse al negocio de importación de drogas, porque nuestros esfuerzos por impedirlo lo hacen enormemente costoso. Así que los únicos que pueden sobrevivir en ese negocio son gente como la del Cártel de Medellín, que tiene suficiente dinero para tener flotas de aviones, métodos sofisticados y cosas así.
Séptima tesis: las víctimas inocentes de la guerra contra las drogas están en Estados Unidos, pero también en Colombia o Perú. Quien inhala una sustancia y decide correr el riesgo y pagar las consecuencias está en todo su derecho. Pero las víctimas que caen en fuego cruzado o los soldados y policías que son asesinados fuera de Estados Unidos son inaceptables desde un punto de vista moral. Mueren sin deberla.
En el 2009, el Consejo de la ciudad de El Paso, Texas, votó por la legalización de la mariguana. La iniciativa fue impulsada por Beto O'Rourke, miembro del Partido Demócrata. Sus argumentos fueron y son muy similares a los de Milton Friedman.
Estados Unidos, sentencia, no es ajeno a la violencia desatada en México y por extensión a Ciudad Juárez. Estados Unidos concentra el 25 por ciento del mercado mundial de drogas con apenas el 5 por ciento de la población. La fuerza de los cárteles mexicanos no se explica sin ese enorme mercado negro.
El concejal de El Paso concluye que la legalización de la mariguana tendría un doble efecto positivo: reduciría los ingresos de los cárteles en más de un 50 por ciento, ya que en el 2006 se estima que el 60 por ciento de dinero que ingresó a los capos mexicanos procedía de este producto; pero además, y por lo mismo, contribuiría a debilitar el poder de fuego y los niveles de violencia en México y en la frontera.
La decisión del Consejo de El Paso fue, sin embargo, vetada por el Alcalde John Cook. Pero lo más importante fue la amenaza del congresista Silvestre Reyes de suprimir los apoyos federales a la ciudad si persistían en su intención de legalizar la mariguana. Para explicar la irritación de Washington, O'Rourke utiliza términos idénticos a los de Milton Friedman.
Hay que recordar, subraya el consejero de El Paso, que en Estados Unidos la guerra de las drogas es una industria de 40 mil millones de dólares invertidos al año en prisiones, armas, justicia, oficiales, etcétera. Por eso hay mucha gente en este país que tiene un interés muy personal en preservar el statu quo.
Y, en efecto, aunque las dimensiones del mercado y los niveles de violencia que hoy se viven confirman que la guerra contra las drogas ha fracasado, y aunque es hora de revisar toda la estrategia, los defensores del statu quo se siguen oponiendo... con éxito.
Fecha de publicación: 10 abril 2010
Tirotean soldados a civiles inermes; dos niños muertos
- Disparan a dos familias en un retén cercano a Nuevo Laredo
- Nos arrojaron hasta granadas, aseguran padres
Carlos Figueroa
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 7 de abril de 2010, p. 5
Nuevo Laredo, Tamps., 6 de abril. Elementos del Ejército Mexicano dispararon y arrojaron granadas de fragmentación contra una camioneta en la que viajaban dos familias rumbo a la playa de Matamoros, después de pasar un retén en la carretera Ribereña. El saldo fue de dos niños muertos y dos adultos heridos.
Los padres de Martín y Bryan Almanza Salazar, de 9 y 5 años de edad, respectivamente, presentaron una denuncia contra los militares ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y exigieron castigo para los soldados culpables.
En la agresión resultaron lesionados Martín Almanza Rodríguez, de 30 años de edad –padre de los pequeños–, y Carlos Alfredo Rangel, de 22 años, tío de las víctimas. Ambos se encuentran internados en la clínica de especialidades de esta localidad fronteriza.
Martín y Bryan viajaban en compañía de sus padres, el ya mencionado Martín Almanza Rodríguez y Cintia Salazar Castillo, de 28 años de edad, además de sus hermanas Lucero Michel, de 10 años; Jennifer, de 8, y Yesenia de 3.
En la camioneta también iba el matrimonio formado por Carlos Alfredo Rangel y Vanessa Viridiana Velázquez Carmona, con sus dos hijos: uno de tres meses, identificado como Jesús Alfredo Rangel Velázquez.
Según la denuncia de los afectados, la madrugada del domingo los siete niños y los cuatro adultos viajaban en una camioneta tipo Tahoe, conducida por Carlos Alfredo Rangel, quien al pasar por el retén militar observó a los soldados que se encontraban a un costado de la carretera. Rangel disminuyó la velocidad, pero no recibió ninguna indicación para detenerse.
Después de pasar el retén, los soldados comenzaron a disparar de forma indiscriminada contra la unidad; incluso, los adultos aseguraron que les arrojaron varias granadas de fragmentación.
Narraron que vivieron momentos de terror y confusión en los que descendieron de la camioneta y trataron de correr al monte. Martín Almanza cargó a sus hijos Bryan y Michel, pero en ese momento sintió el rozón de una bala. Su hijo Bryan estaba cubierto de sangre. Murió en sus brazos. Pese a que los civiles gritaban a los soldados que no les dispararan porque había niños, los uniformados hicieron caso omiso e hirieron al otro pequeño, quien murió en el lugar.
Martín Almanza fue trasladado a la clínica de especialidades junto con Carlos Alfredo Rangel, quien al tratar de proteger a su bebé fue herido en las piernas. En el nosocomio, Carlos Alfredo relató:
“De repente nos empezaron a disparar; yo me quedé con mi esposa y mi bebé en la camioneta y ellos le tiraban a todo lo que se movía. Les gritábamos que traíamos familia y nos seguían tirando. Incluso cuando pasamos frente a ellos bajamos los vidrios de la camioneta para que vieran a los niños, pero no sé qué pasó.
“Al verme herido cortaron cartucho y me dijeron que me iban a matar; desde ese momento ya no supe nada… íbamos pura familia con siete niños. Mi esposa se bajó de la camioneta y corrió al monte con el bebé y le seguían disparando.”
Por su parte, Martín Almanza pidió a las autoridades que intervengan, pues no puede estar ocurriendo este tipo de agresiones. Cuando pasamos el retén sacamos una toalla por la ventanilla para tratar de decirles que iban niños, pero no hicieron caso. Su esposa, Cintia Salazar, comentó: Íbamos de viaje, me quitaron a dos de mis niños. ¿Quién me los va a regresar?, pues nadie. Les decía que no nos tiraran porque había niños, pero me ignoraron.
Explicó que otro grupo de militares llegaron a auxiliarlos y hasta me ofrecieron una disculpa, pero con disculpas nadie me los va regresar; ellos iban a la escuela como cualquier niño.
La noche del lunes y madrugada de este martes, los restos de Martín y Bryan Almanza Salazar fueron velados en su vivienda de la colonia Los Colorines y después en una funeraria. Por la tarde fueron sepultados.
María Teresa Castillo, abuela de los pequeños, expresó: Mis niños eran bien lindos, muy queridos por todos.
http://www.jornada.unam.mx/2010/04/07/index.php?section=politica&article=005n1pol
viernes, 9 de abril de 2010
Envía Ejército refuerzo a NL
Por Benito Jiménez y Osvaldo Robles
El Norte
Mandan a municipios a 600 soldados más. Vigilarán límites con Tamaulipas y zonas afectadas por guerra de narcos
(9 abril 2010).- Ante la ola de violencia que azota a los municipios de Nuevo León que colindan con Tamaulipas derivada de la guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas, el Ejército reforzará su presencia en el Estado con un batallón motorizado de 600 efectivos, informó ayer la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los refuerzos son parte de un contingente de tres batallones integrado por un total de mil 800 soldados adiestrados para operaciones de alto impacto y unos 120 vehículos que serán distribuidos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, Estados que integran la Cuarta Región Militar.
En Nuevo León, los 600 efectivos serán desplegados en ocho municipios en los límites con Tamaulipas: Los Ramones, General Treviño, Cerralvo, China, Bravo, Los Herreras, Los Aldamas y Anáhuac.
En las últimas semanas, estos municipios han registrado la ejecución de dos mandos policiacos -uno de ellos decapitado-, así como la muerte de nueve personas y el secuestro de al menos 14 policías municipales, además de enfrentamientos entre sicarios y militares.
"Se presenta un incremento de vigilancia principalmente en Nuevo León, donde se encuentra la mayor parte de los Zetas, que son el objetivo de otras organizaciones criminales y, por tanto, un latente peligro de enfrentamientos", comentó una fuente del Ejército.
"Nuevo León es ahora un objetivo de seguridad".
En las últimas semanas, convoyes del Cártel del Golfo integrados por al menos 15 camionetas con más de 60 sicarios a bordo han puesto en jaque los dominios de los Zetas en ciudades de Tamaulipas como Reynosa, Ciudad Mier, Nuevo Laredo, Matamoros y Camargo.
Según datos militares, ante estos embates, los Zetas se han refugiado en Nuevo León.
Fuentes militares informaron que entre las tropas de refuerzo se encuentran grupos de Fuerzas Especiales y Fusileros Paracaidistas provenientes del Valle de México para implementar los operativos denominados de alto impacto.
El refuerzo militar en territorio de Nuevo León comprende patrullajes en zonas conflictivas basados en un mapa georreferenciado por las autoridades locales, vigilancia mediante puestos de control en el corredor Reynosa-Monterrey y sobrevuelos en las zonas de difícil acceso.
Las acciones militares en la frontera con Tamaulipas incluirán el patrullaje rural a algunas localidades como El Porvenir, La Sierrita, Capazón, Becerro, La Lajilla y Rincón Cadena.
En parte de estos operativos, se indicó, se contará con la participación de la Marina.
Fuentes castrenses en Nuevo León informaron que otro de los principales objetivos de los refuerzos es abatir un déficit de operaciones derivadas del trabajo de inteligencia e información obtenida en recientes enfrentamientos, uno de ellos el ocurrido frente al Tec de Monterrey el 19 de marzo, cuando murieron dos estudiantes.
"La información de inteligencia y la gran cantidad de denuncias anónimas han rebasado la capacidad de operación e infraestructura", reveló la fuente.
"Ahorita no hay capacidad para reventar la lista de domicilios identificados como casas de seguridad o puntos de venta al menudeo", agregó un mando.
Frontera al rojo vivo
Desde el 24 de febrero, la guerra entre cárteles del narcotráfico ha desatado la violencia en los municipios rurales del Estado, en particular, los que colindan con Tamaulipas.
1.Anáhuac*
2.Bustamante
3.Villaldama
4.Sabinas Hidalgo
5.Vallecillo
6.Parás
7.Agualeguas
8.El Carmen
9.Cerralvo*
10.Gral. Treviño*
11.Los Aldamas*
12.Ocampo
13.Los Herreras*
14.Los Ramones*
15.China*
16.Gral. Bravo*
17.Santiago
Enfrentamientos
- Anáhuac
- Bustamante
- Bustamante
- Villaldama
- Sabinas Hidalgo
- Vallecillo
- Parás
- El Carmen
- Cerralvo
- Gral. Treviño
- Los Aldamas
- Ocampo
- Los Ramones
- China
- Gral. Bravo
Ejecuciones
- Gral. Treviño
- China
Asesinato de policías
- Agualeguas
- Gral. Treviño
- Los Aldamas
- Santiago
* Municipios que serán reforzados por el Ejército
Fecha de publicación: 9 abril 2010
El Norte
Mandan a municipios a 600 soldados más. Vigilarán límites con Tamaulipas y zonas afectadas por guerra de narcos
(9 abril 2010).- Ante la ola de violencia que azota a los municipios de Nuevo León que colindan con Tamaulipas derivada de la guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas, el Ejército reforzará su presencia en el Estado con un batallón motorizado de 600 efectivos, informó ayer la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los refuerzos son parte de un contingente de tres batallones integrado por un total de mil 800 soldados adiestrados para operaciones de alto impacto y unos 120 vehículos que serán distribuidos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, Estados que integran la Cuarta Región Militar.
En Nuevo León, los 600 efectivos serán desplegados en ocho municipios en los límites con Tamaulipas: Los Ramones, General Treviño, Cerralvo, China, Bravo, Los Herreras, Los Aldamas y Anáhuac.
En las últimas semanas, estos municipios han registrado la ejecución de dos mandos policiacos -uno de ellos decapitado-, así como la muerte de nueve personas y el secuestro de al menos 14 policías municipales, además de enfrentamientos entre sicarios y militares.
"Se presenta un incremento de vigilancia principalmente en Nuevo León, donde se encuentra la mayor parte de los Zetas, que son el objetivo de otras organizaciones criminales y, por tanto, un latente peligro de enfrentamientos", comentó una fuente del Ejército.
"Nuevo León es ahora un objetivo de seguridad".
En las últimas semanas, convoyes del Cártel del Golfo integrados por al menos 15 camionetas con más de 60 sicarios a bordo han puesto en jaque los dominios de los Zetas en ciudades de Tamaulipas como Reynosa, Ciudad Mier, Nuevo Laredo, Matamoros y Camargo.
Según datos militares, ante estos embates, los Zetas se han refugiado en Nuevo León.
Fuentes militares informaron que entre las tropas de refuerzo se encuentran grupos de Fuerzas Especiales y Fusileros Paracaidistas provenientes del Valle de México para implementar los operativos denominados de alto impacto.
El refuerzo militar en territorio de Nuevo León comprende patrullajes en zonas conflictivas basados en un mapa georreferenciado por las autoridades locales, vigilancia mediante puestos de control en el corredor Reynosa-Monterrey y sobrevuelos en las zonas de difícil acceso.
Las acciones militares en la frontera con Tamaulipas incluirán el patrullaje rural a algunas localidades como El Porvenir, La Sierrita, Capazón, Becerro, La Lajilla y Rincón Cadena.
En parte de estos operativos, se indicó, se contará con la participación de la Marina.
Fuentes castrenses en Nuevo León informaron que otro de los principales objetivos de los refuerzos es abatir un déficit de operaciones derivadas del trabajo de inteligencia e información obtenida en recientes enfrentamientos, uno de ellos el ocurrido frente al Tec de Monterrey el 19 de marzo, cuando murieron dos estudiantes.
"La información de inteligencia y la gran cantidad de denuncias anónimas han rebasado la capacidad de operación e infraestructura", reveló la fuente.
"Ahorita no hay capacidad para reventar la lista de domicilios identificados como casas de seguridad o puntos de venta al menudeo", agregó un mando.
Frontera al rojo vivo
Desde el 24 de febrero, la guerra entre cárteles del narcotráfico ha desatado la violencia en los municipios rurales del Estado, en particular, los que colindan con Tamaulipas.
1.Anáhuac*
2.Bustamante
3.Villaldama
4.Sabinas Hidalgo
5.Vallecillo
6.Parás
7.Agualeguas
8.El Carmen
9.Cerralvo*
10.Gral. Treviño*
11.Los Aldamas*
12.Ocampo
13.Los Herreras*
14.Los Ramones*
15.China*
16.Gral. Bravo*
17.Santiago
Enfrentamientos
- Anáhuac
- Bustamante
- Bustamante
- Villaldama
- Sabinas Hidalgo
- Vallecillo
- Parás
- El Carmen
- Cerralvo
- Gral. Treviño
- Los Aldamas
- Ocampo
- Los Ramones
- China
- Gral. Bravo
Ejecuciones
- Gral. Treviño
- China
Asesinato de policías
- Agualeguas
- Gral. Treviño
- Los Aldamas
- Santiago
* Municipios que serán reforzados por el Ejército
Fecha de publicación: 9 abril 2010
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