Estudiantes salen a las calles para protestar contra la seguridad

Por Belén Zapata 
Viernes, 23 de abril de 2010 a las 22:55

En Guadalajara, los jóvenes marcharon vestidos con playeras blancas (Belén Zapata)

Lo más importante

• Hace tres semanas inició un movimiento estudiantil a favor de la seguridad, los jóvenes se organizaron a través de las redes sociales
• Las marchas de este viernes convocaron a cientos de jóvenes en varios estados del país
• En la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la principal petición fue la paz, en medio del clima de violencia que viven algunas entidades

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Temas relacionados

• "Esto no se va a quedar aquí", dice rector del TEC
• Estudiantes llaman a marchar contra la inseguridad
• Estudiantes hacen caminata por la seguridad

	Mostremos nuestra empatía con aquéllos que no pudieron marchar hoy en lugares como Ciudad Juárez, querían hacer esto mismo pero no pueden por el clima de inseguridad, hagamos estos por los que sufren en la región norte de nuestro país
	Pablo Montaño, estudiante del ITESO

GUADALAJARA (CNNMéxico) — Estudiantes de diferentes universidades marcharon este viernes en Guadalajara, la Ciudad de México y Monterrey en favor de la paz ante el clima de inseguridad que se vive en varios estados del país.
El contingente de estudiantes en Guadalajara a favor de la paz, salió del parque Revolución en el centro de la ciudad, caminaron por un carril de la avenida Vallarta y después de una hora llegaron al parque Orozco ubicado a un costado de la glorieta Minerva.
“Mostremos nuestra empatía con aquellos que no pudieron marchar hoy en lugares como Ciudad Juárez, querían hacer esto mismo pero no pueden por el clima de inseguridad, hagamos esto por los que sufren en la región norte de nuestro país”, dijo apoyado en un megáfono, el estudiante del ITESO, Pablo Montaño.
“Ni un muerto más, en la universidad”, las consignas no pararon a lo largo de la marcha. El entusiasmo de los estudiantes subía cada vez que los automovilistas daban muestras de apoyo al tocar el claxón.
Los aplausos y el ánimo también se desbordaron cuando en un par de ocasiones se les unieron grupos de jóvenes que de manera espontánea y al ver pasar la marcha, se sumaron a ella.
“Es la primera vez que rompemos las barreras entre universidades públicas y privadas, hoy nos hemos unido por una misma causa, no queremos más violencia en nuestro país”, dijo Andrés Torrado, estudiante del Tec.
Al término de la marcha, algunos jóvenes hicieron una pinta en el piso del parqueOrozco, donde dibujaron siluetas en memoria de los dos estudiantes muertos a las afueras del Tec de Monterrey,
En el contingente marcharon alrededor de unos 500 estudiantes de la Universidad de Guadalajara, ITESO, Tec de Monterrey campus Guadalajara y de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
En el Distrito Federal, la marcha estudiantilconvocó a unos 150 alumnos. Caminaron por las banquetas de avenida Reforma desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez, donde organizaron un mitin. La caminata de los jóvenes fue en completa calma. La mayoría de los jóvenes iban vestidos con playeras negras.
Monterrey convocó a unos 500 estudiantes, de acuerdo con información de Notimex, donde participaron también de universidades públicas y privadas, como el resto de las marchas del país. En su caso, demandaron al gobierno de Nuevo León mejorar su política contra la inseguridad en su estado.
La marcha inició en la Plaza Colegio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, siguió por el Palacio de Justicia y terminó en la Explanada de los Héroes, en Palacio de Gobierno.
Los jóvenes llevaban una bandera blanca y aseguraron que ningún político estaba detrás de su iniciativa.

Exigen aclarar todas las muertes de civiles

David Carrizales Corresponsal
La Jornada

Monterrey, NL, 23 de abril. Estudiantes de universidades públicas y privadas de Nuevo León emprendieron una marcha contra la violencia para reclamar a los tres poderes del Estado su falta de compromiso con la ciudadanía, y exigir el esclarecimiento de todas las muertes de civiles, entre ellas las de dos alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el pasado 19 de marzo.

Demandaron que se aplique una estrategia para retirar a los militares de las calles y depurar los cuerpos de seguridad; ademá,s rechazaron cualquier cambio legislativo que implique suspensión de garantías, estados de excepción y detenciones arbitrarias.

A las 17 horas, unos 400 alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el ITESM y la Universidad de Monterrey, entre otras instituciones de educación superior de la entidad, iniciaron la protesta.

Portando cubrebocas, marcharon de la plaza de Colegio Civil de Benito Juárez y Washington a la Gran Plaza, donde se quitaron la mordaza con un grito unánime: "¡Ni una muerte más!"

Culminaron la manifestación tirándose todos en la plancha de la Explanada de Los Héroes, frente al palacio de gobierno, y durante tres minutos quedaron inmóviles, para simbolizar los más de 22 mil muertos que ha dejado la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón.

Activistas del movimiento estudiantil de 1968, que acudieron como observadores, recordaron que desde entonces no había una protesta "con tanta frescura, compromiso e ingenio", a juzgar por las frases que se plasmaron en las pancartas. Por ejemplo: "Ponle fin al silencio", “Ni plaza de narcos ni estado de sitio”, "Yo no quiero ser daño colateral", "Quiero mi libertad de regreso", "Sin derechos humanos no hay seguridad", "No a la impunidad militar", "La ciudad nos pertenece" y "Becas en vez de balas".

Horacio Soto, de 19 años y en silla de ruedas, portaba una cartulina con el mensaje: "Yo quería ser profesionista". Contó que por falta de recursos estudió hasta secundaria; hoy está desempleado.

Los manifestantes hicieron paradas ante las sedes del Poder Judicial, el Congreso local y el gobierno de Nuevo León, donde dirigieron mensajes duros; ningún funcionario salió a atenderlos.

Al final leyeron la Declaración intrauniversitaria, que será firmada por los estudiantes que lo deseen, donde destacaron que el combate a la inseguridad debe basarse en una visión integral.

Explicaron que con un enfoque militar-policial, sólo se reducen las opciones de solución, se minimizan las causas y se propagan efectos negativos en la dinámica social.

Estudiantes protestan con marcha contra inseguridad

Ediciones Impresas Milenio

4/24/2010

Frente a Palacio de Gobierno hicieron un performance y se tiraron al suelo. Foto: Lorenzo Encinas

• La convocatoria fue hecha a través de Facebook
• Jóvenes dicen que el Estado debe cumplir con sus respectivas obligaciones.

Estudiantes de diversas universidades de Monterrey protestaron con una marcha hacia el Palacio de Gobierno, contra la inseguridad y la mala política pública que se ha realizado para resolver este problema.

Fue una marcha silenciosa donde se realizaron pronunciamientos frente a la sede de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Los estudiantes de universidades como Tecnológico de Monterrey, Universidad de Monterrey, Universidad Regiomontana, así como de la Universidad Autónoma de Nuevo León fueron convocados a través de la red social de Facebook y medios no institucionales.

“Ya despertamos y no pretendemos quedarnos dormidos, como estudiantes de diversas universidades nos unimos en un movimiento de carácter activista que pretende convocar al diálogo y defender el estado de derecho, pero sobre todo, pretende exigir al estado que cumpla con sus obligaciones”, dijo Joel, estudiante del ITESM, uno de los asistentes a la marcha.

El joven entrevistado comentó que esta marcha es un movimiento independiente donde participaron alrededor de 400 estudiantes universitarios, quienes partieron desde la plaza del Colegio Civil.

La marcha comenzó a las 17:00 saliendo de la explanada de la citada plaza para luego tomar Washington, hasta Álvarez para luego regresar por Aramberri, Juárez y Juan Ignacio Ramón.

En el Tribunal superior de Justicia llevaron a cabo un pronunciamiento, a unos pasos, en el Congreso del Estado volvieron a detener la marcha para proponer a los legisladores una serie de propuestas.

Ya enfilados hacia la Explanada de los Héroes, los estudiantes llegaron a las escalinatas del Palacio de Gobierno, donde a la voz de “Ni un muerto más”, exigieron a las autoridades un alto a la violencia.

Como parte final, al filo de las 19:00, llevaron a cabo un performance, el cual consistió en tirarse en el suelo en memoria de las 22 mil víctimas que ha dejado la guerra contra la delincuencia en los últimos tres años.

Los jóvenes portaban pancartas en las que manifestaban su inconformidad por la situación que se vive en el país.

Afecta a economía: Canaco

La inseguridad que se vive en el Estado afecta ya a la economía: Los comercios venden menos; se han cancelado convenciones que traerían cientos de visitantes a la entidad; los visitantes extranjeros dejarán de llegar por las alertas en los Estados Unidos, y en general, se ve una autoridad rebasada por los delincuentes, aseveró el presidente de la Canaco Monterrey, Juan Ernesto Sandoval Villarreal.

Hasta el turismo, que tradicionalmente se había mantenido al margen de las acciones de los grupos del crimen organizado, ahora también se ve afectado.

“La seguridad está al grado del colapso en la actualidad, los hechos recientes y tantas muertes, incluso de civiles, ponen a la sociedad nerviosa, al grado de que ya hay afectaciones económicas en el comercio”, señaló el directivo.

Por su parte, la dirigente estatal del PAN, Sandra Pámanez Ortiz, aseguró que el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, vive en un “estado de fantasía”, al negarse a reconocer la grave crisis de inseguridad que atraviesa la entidad.

La líder blanquiazul consideró lamentable que la posición de la administración estatal sea minimizar los hechos ocurridos durante las últimas 72 horas, donde se vivió la jornada más sangrienta de los últimos años.

“Vive en un estado de fantasía, donde evade completamente la realidad y es muy lamentable, muy preocupante tener ya a un gobernador en estas condiciones; porque si algo tan evidente como la falta de seguridad en Nuevo León no es capaz de reconocerla, no quiero pensar qué está ocurriendo con otros temas tan importantes en el estado”.

Monterrey/Lorenzo Encinas, Francisco Zúñiga Esquivel y Antonio Argüello

http://impreso.milenio.com/node/8756372

Marcha estudiantil silenciosa en Nuevo León

No queremos más muert@s.
Alto a la 'guerra', queremos paz.

El Gobierno, Congreso y Poder judicial de Nuevo León han claudicado en su responsabilidad de proteger a la ciudadanía, dejándonos en grave estado de indefensión. No podemos caer en la trampa de pensar que la represión solucionará todos los problemas, menos la militarización.

Vamos a recordar la responsabilidad de las autoridades federales y estatales para esclarecer no sólo los asesinatos de los dos estudiantes del Tec, sino de todos los civiles muertos por culpa de enfrentamientos entre fuerzas militares/policiacas y delincuentes.

Buscamos enviar el mensaje de que necesitamos cambiar la perspectiva. Vamos a exigir que abran el diálogo con la ciudadanía. El fracaso de la seguridad pública no es un problema de origen. Necesitamos leyes y políticas integrales de seguridad y convivencia. Leyes y políticas para combatir el rezago social en el estado.

Exigimos a los tres Poderes que abran el diálogo y faciliten herramientas de rendición de cuentas y participación ciudadana, ya que sin estos elementos básicos no se puede creer que las propuestas aportadas por la ciudadanía serán realmente tomadas en cuenta para su implementación. Sin estos mecanismos los gobernantes y legisladores seguirán haciendo simulaciones mediáticas y retóricas. Requerimos una reforma de la administración pública. Necesitamos una gestión pública deliberativa que cuente con todas las herramientas y mecanismos de participación ciudadana.

Esta manifestación la organizamos independientemente estudiantes de universidades como la UANL, el Tec de Monterrey, la UdeM, la UR, el Cedim, entre otras. Sin embargo, nuestra convocatoria es a toda la ciudadanía nuevoleonesa, y la de todo México.

Esta marcha también marca el arranque de la organización de foros interuniversitarios para revisar las propuestas que estudiantes, profesores, autoridades universitarias, y expertos de la sociedad civil que ya han presentado o están creando. La idea es discutir diagnósticos, formas de implementación y de seguimiento de esas propuestas en foros de discusión en todas las universidades y en espacios públicos abiertos a toda la ciudadanía.

DETALLES DE LA MARCHA ESTUDIANTIL:

Fecha: Viernes 23 de abril.
Hora: 4pm
Punto de encuentro: Explanda de Colegio Civil Washington y Juárez).
Duración: 1 hora y media máximo.

Caminaremos sólo en un carril para evitar obstruir la vialidad. Haremos tres paradas. Habrá una comisión de seguridad y oradores de las diferentes universidades. LLevaremos pancartas con los nombres de las víctimas mortales que ha provacado esta inoperante estrategia bélica.

También habrá la coordinación de un performance artístico para apoyar nuestras ideas de una manera simbólica.

Inseguridad y violencia, temas entre Narro y Rangel Sostmann

• Los rectores de la UNAM y el ITESM se reúnen para discutir propuestas conjuntas
• Demanda el primero atender asuntos de fondo, como son corrupción, pobreza y falta de oportunidades para los jóvenes

Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 3

Los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), José Narro Robles y Rafael Rangel Sostmann, respectivamente, se reunieron para discutir propuestas conjuntas contra la violencia y la inseguridad que enfrenta el país, problemas que han causado inclusive la muerte de varios estudiantes.

Tras el encuentro privado, efectuado en la torre de rectoría de la máxima casa de estudios, Narro subrayó que detrás de la violencia, del crimen organizado y de la inseguridad hay asuntos de fondo que tienen que ser atendidos, como la corrupción, la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades para los jóvenes.

El rector de la UNAM informó que los planteamientos que generen ambas instituciones se llevarán a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies). Compartimos las preocupaciones sobre los temas de la seguridad y convenimos hacer acciones conjuntas dentro de la Anuies (para) analizar cómo podemos aportar en un tema que preocupa a las comunidades universitarias, y a toda la sociedad.

El rector del ITESM, que omitió hacer declaraciones, entregó a su anfitrión el Pronunciamiento y propuestas del Tecnológico de Monterrey para mejorar la seguridad en México, documento que se publicó en diarios de circulación nacional en el que la institución expone una serie de planteamientos, ofrecimientos y exigencias a las autoridades para contrarrestar la inseguridad en el país.

Dicho manifiesto surgió semanas después de que dos estudiantes del Tec fueron asesinados en la puerta de la institución, debido a un enfrentamiento entre bandas delictivas y efectivos militares. El texto hace referencia a la necesidad de que las autoridades modifiquen y apliquen diversos elementos legislativos, institucionales, normas penales, acciones y programas de seguridad. Además de que los directivos del ITESM ofrecen profundizar la investigación sobre políticas públicas en aspectos críticos de la seguridad, promover la cultura de la legalidad y denuncia, entre otras.

Cuestionado sobre si la UNAM se sumará a este pronunciamiento, Narro dijo que revisará los documentos, aunque subrayó que tras estos problemas hay asuntos de fondo. Detrás del crimen organizado, la inseguridad y la violencia hay asuntos que tenemos que ver de fondo en el país. Estos problemas tienen que ver con corrupción, pobreza, desigualdad y con la falta de oportunidades para los jóvenes que tienen que ser atendidos y en la medida en que coincidamos, entonces haremos trabajos conjuntos. Agregó que tienen que hallar la fórmula para sumar las voces contra la inseguridad y recordó que desde hace ya dos años ha alzado la voz para demandar: ya basta de violencia, México no merece esto.

Legalizar las drogas: ¿por dónde empezar?

Pierre Charasse *
La Jornada
11 de abril, 2010


Con un número creciente de consumidores, un saldo de miles de muertos y presos en el planeta, graves violaciones a los derechos humanos y desastres ecológicos nadie puede pretender que la guerra mundial contra las drogas tiene éxito. El balance de un siglo de régimen de prohibición es muy negativo. En Estados Unidos y Europa hay movimientos crecientes en favor de la legalización de las drogas. Importantes figuras políticas, como los ex presidentes Zedillo, Cardoso, Toledo y Gaviria, lanzaron llamados en ese sentido. En todo el mundo, intelectuales como Carlos Fuentes, médicos, economistas y jueces apoyan esa iniciativa. Pero la comunidad internacional parece paralizada e incapaz de cambiar de rumbo a pesar de las evidencias.

Sí, se puede. Pero, ¿cómo?

En el siglo XIX el comercio de opio, promovido por Gran Bretaña y Francia, era muy lucrativo y en nombre de la libertad de comercio se declararon las famosas guerras del opio contra China. Todo cambió al principio del siglo XX con las campañas prohibicionistas en Estados Unidos. Las fuerzas puritanas presionaron al presidente Roosvelt y a partir de 1906 lanzaron una verdadera cruzada para imponer un nuevo orden moral y proteger a las razas no civilizadas (sic) de los peligros del alcohol y las drogas. La primera conferencia internacional, convocada por Estados Unidos en Shangai en 1909, sentó los fundamentos ideológicos de la lucha contra las drogas, sobre los cuales se diseñaron las estrategias globales prohibicionistas, ignorando la extrema complejidad de un fenómeno tan antiguo como la humanidad.

En todo el siglo XX se multiplicaron los convenios internacionales (1912, 1931, 1936, 1948, 1961, 1971 y 1988). En el marco de Naciones Unidas, Estados Unidos logró imponer una prohibición general y universal. Agregó recientemente razones de seguridad a las posturas moralista inventando el concepto de amenaza global en un amalgama con el terrorismo. Todos los estados tuvieron que adoptar leyes represivas para adaptarse a las normas onusianas. Sin embargo, el aparente consenso global no puede disimular profundos desacuerdos y una confrontación Norte-Sur abierta. Por eso el arsenal jurídico mundial y la movilización de cuantiosos recursos para reprimir el narcotráfico no funcionan. Las cantidades producidas y consumidas de mariguana, heroína y cocaína crecen constantemente, como las drogas de síntesis producidas en gran medida en países industrializados. Los mecanismos contra el lavado de dinero no impiden la inyección masiva de capitales ilícitos en la economía legal. De hecho, en muchos lugares del planeta policías y jueces tiraron la toalla, porque las leyes son inaplicables.

La legalización y liberalización del mercado es la única salida realista, pero desmantelar el aparato represivo mundial parece ser una tarea titánica. ¿Por dónde empezar? El foro natural para abrir ese debate es la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. Es el lugar donde los países interesados pueden tomar la iniciativa de construir una coalición para poner en minoría la posición dogmática e hipócrita de las naciones occidentales contraponiendo una visión más sensata y plural.

El objetivo sería decretar una moratoria inmediata, lanzar una conferencia de revisión de los convenios, exigir la cancelación de las listas incoherentes de sustancias y plantas prohibidas, como la cannabis o la coca, que son tan naturales como la vid o el tabaco y crecen por todas partes. Un cambio de 180 grados permitiría poner el acento sobre políticas de salud pública de prevención y reducción de riesgos con la ayuda de la OMS. Los expertos podrían proponer medidas de acompañamiento a la liberalización del mercado de estupefacientes para atenuar los efectos previsibles económicos y financieros de la caída de los precios y el derrumbe de la narcoeconomía. Las normas globales de libre mercado se podrían aplicar perfectamente a los estupefacientes con un control de calidad y regulaciones nacionales como para cualquier producto farmacéutico. En el mejor de los casos, si hay consenso la pesadísima maquinaria intergubernamental necesitaría entre tres y cinco años para elaborar un nuevo régimen mundial.

Pero hay que ser realista: el candado está en el gobierno de Estados Unidos y no se producirán cambios si la Casa Blanca y el Senado no reciben fuertes presiones interiores e internacionales. La Unión Europea, que tiene una política errática e incoherente, se moverá si la señal viene de Washington. En el contexto de la redistribución del poder a escala mundial y con el auge de los países emergentes, es el momento de que América Latina lance una iniciativa para romper un orden internacional injusto e insostenible.

* Ex embajador, vicepresidente del Observatoire Géopolitique des Criminalités, París.

pcharasse@gmail.com


http://www.jornada.unam.mx/2010/04/11/index.php?section=opinion&article=022a1mun

¿Militares o policías?

Miguel Sarre
Colaborador Invitado
Reforma


(12 abril 2010).- No sabemos si las Fuerzas Armadas le están haciendo un favor al Presidente al prestarse como policías, o si el Presidente les está pagando algún servicio al concederles que realicen funciones policiales civiles sin quitarse la coraza del fuero militar. De una u otra forma no se está sirviendo al bien común.

Durante el siglo XIX México enfrentó invasiones externas; el gobierno central necesitaba del Ejército para ejercer su imperio sobre todo el territorio nacional y aun así perdimos buena parte del mismo.

En el siglo XX, el Ejército favoreció la institucionalidad después de la Revolución. Hasta que hace algunos años finalmente se creara una policía federal, no existía otra fuerza pública que cubriera todo el país.

En este siglo tenemos amigos y socios tanto en el Norte como en el Sur y si oteamos de Oriente a Poniente, no se avizora algún "extraño enemigo", como reza el Himno Nacional. Las autoridades ordinarias tienen presencia nacional; el problema no es la integralidad del territorio nacional, sino la seguridad e integridad de sus habitantes.

Por su parte, la seguridad pública tiene componentes que no se resuelven por medios concebidos para la guerra. La delincuencia organizada sólo puede operar cuando tiene un pie dentro de los gobiernos, y el Ejército no está en mejores condiciones que los civiles para identificar esos pies, mientras que fenómenos como el lavado de dinero no se pueden combatir con tanquetas.

Recordemos en este punto que el Ejército se considera heredero de la Revolución Mexicana. No se asume como parte subordinada de la administración pública, como lo está la Secretaría de Salud, por ejemplo, sino como un ente distinto con autoridad propia, es decir, como un Estado dentro del Estado. Esto se pone de manifiesto en el uso del lenguaje cuando los altos funcionarios federales, con un recato que no emplean ante otras autoridades, suelen decir "hablamos con el Ejército", en vez "le ordenamos al Ejército".

Aquí entra la discusión sobre el fuero militar que, a su vez, conlleva al debate sobre la legitimidad de ejercicio del Ejército y de la Armada en nuestro país. Detrás de este fuero se revela un problema más amplio: la inutilidad y onerosidad de las Fuerzas Armadas en un país pacífico en nuestra circunstancia geopolítica.

Se requiere entonces disolver al Ejército. Así, d-i-s-o-l-v-e-r-l-o con todas sus letras, y poner a sus actuales integrantes al servicio de las necesidades reales del país, tal como lo han hecho Costa Rica y Panamá. Esto es lo que, en célebre carta, sugirió recientemente el presidente Óscar Arias a José Mujica, el antiguo guerrillero y ahora primer mandatario uruguayo.

En vez de que los militares y marinos en activo patrullen las calles, muchos de ellos deben ser integrados de manera definitiva a las policías locales y a la federal. Así, nuestros uniformados verdes y azules realizarían las mismas funciones que actualmente vienen cumpliendo, pero lo harían con una capacitación propia para civiles; estarían obligados a actuar bajo parámetros y mandos civiles y, sobre todo, responderían ante tribunales civiles. Otros efectivos serían más útiles integrados a tareas diversas como salud, comunicaciones, forestal y de protección civil.

El grueso de los marinos, como lo hacen desde 1940, deben seguir protegiendo nuestras aguas territoriales y litorales pero como guardacostas, y no como marina de guerra.

"El Ejército es un oasis de disciplina", dijo Díaz Ordaz en los días de Tlatelolco. Confundía la mera subordinación a la disciplina propia de un Estado de Derecho, entendida como fidelidad a la Constitución. En este sentido el Ejército ha sido muy indisciplinado: lo fue en 1968; lo fue durante la Guerra Sucia, y lo es ahora en la denominada guerra contra la delincuencia organizada donde, usurpando funciones de persecución penal que no le corresponden, ha detenido, torturado y aun ejecutado personas a discreción.

La solución a la violencia e inseguridad en el país no está en la militarización de lo civil, sino en la civilización de lo militar. Como en otros casos, hoy don Manuel Gómez Morin diría que el obstáculo a remover antes que nada es político.


El autor es profesor-investigador del ITAM.

Fecha de publicación: 12 abril 2010

Marchan alumnos del Tec contra inseguridad

• Rangel Sostmann reprocha falta de valores
• El rector tilda de indolente a la clase política

Familiares y alumnos del Tec de Monterrey se manifiestan en una marcha para exigir a las autoridades poner freno
 a la violencia, ayer frente al campus de la institución educativa en la capital regiomontana. Foto Reuters.

David Carrizales
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 12 de abril de 2010, p. 11


Monterrey, NL, 11 de abril. La inseguridad que sufre México es resultado de una clase política indolente, un sistema educativo que privilegia la formación de profesionales exitosos pero sin responsabilidad social, padres de familia que no inculcan valores trascendentes a sus hijos y empresarios que sólo ven por sus ganancias, sin importar que tengan que incurrir en la corrupción, señaló el rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Rafael Rangel Sostmann.

Antes, más de 3 mil asistentes convocados por la Federación de Estudiantes del ITESM marcharon en silencio alrededor del campus Monterrey para reclamar a las autoridades acciones que ayuden a frenar la violencia en México.

Ante José Antonio Fernández Carvajal, presidente de Grupo Femsa y consejero del ITESM, Rangel dijo que muchos negocios y empresarios, con la excusa de mejorar ingresos o reducir pérdidas, han aceptado la corrupción para resolver los obstáculos que se les presentan para conseguir contratos o concretar alguna venta.

Hoy estamos aquí defendiendo el honor de nuestros estudiantes (José Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, identificados inicialmente como pistoleros durante una balacera entre militares y sicarios), y es nuestro deber que insistamos en obtener el informe oficial sobre los hechos del 19 de marzo.

Rangel Sostmann recalcó: Nos hemos vuelto ciegos, sordos, indiferentes ante la pobreza, la injusticia, la falta de oportunidades, la desigualdad y el desempleo, y vemos todas esas anomalías como algo natural y normal en nuestra sociedad. Nos hemos puesto un velo en los ojos. Muchos aceptamos la corrupción para obtener resultados fáciles y resolver los problemas rápidamente.

Propuso modificar la Ley de Seguridad Nacional para normar la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia organizada, y que cuando soldados o marinos cometan abusos, sean juzgados por civiles.

Arribo tardío

Planteó que para que la actuación militar beneficie a la comunidad se requiere un marco legal que respete los derechos humanos y los tratados internacionales.

En rueda de prensa, el rector del ITESM reconoció que la institución llegó tarde a la causa por la seguridad, y sólo actuó cuando fue afectada directamente. Es el resultado de que hemos degradado nuestros valores y principios.

Desde desde el movimiento estudiantil de 1968-1971 no había una manifestación por reinvindicaciones sociales convocada por estudiantes del Tec de Monterrey. Entonces, fueron encabezadas por José Luis Sierra, presidente de la Federación de Estudiantes.

También en Tampico, Tamaulipas, miles de ciudadanos de colonias populares marcharon, desde la avenida Hidalgo a la Plaza de la Libertad, para exigir a los gobiernos federal, estatal y municipal generar las condiciones para que ese puerto recobre la tranquilidad vulnerada en las semanas recientes.

Con información de la corresponsalía en Tamaulipas

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/12/index.php?section=politica&article=011n1pol

Neoleoneses exigen frenar ola de violencia

Corresponsalía
El Universal
Lunes 12 de abril de 2010

En su mayoría vestidos de blanco y algunos con pancartas y mantas, los manifestantes marcharon en silencio dentro de las instalaciones del campus Monterrey del tecnológico

NUEVO LEÓN

Cientos de estudiantes, empresarios, padres de familia y pobladores reclamaron a las autoridades mejores políticas de seguridad y acciones más eficientes para frenar la ola de violencia que vive el país, al tiempo que el Tecnológico de Monterrey pidió aclarar la muerte de dos de sus estudiantes en una balacera entre soldados y narcotraficantes y que los culpables, de ser militares, sean juzgados por tribunales civiles.

“Necesitamos que el sistema de seguridad pública de los estados sea mejorado en beneficio de la comunidad”, dijeron los manifestantes convocados bajo el lema Movimiento por el Cambio; entre ellos, estudiantes de los campus del tecnológico en el país, quienes insistieron en que el Ejército regrese a los cuarteles y que haya una sola policía en cada estado.

En su mayoría vestidos de blanco y algunos con pancartas y mantas, los manifestantes marcharon en silencio dentro de las instalaciones del campus Monterrey del tecnológico, encabezados por el rector Rafael Rangel Sostmann.

La Marcha por el Cambio se produjo tras la muerte, la madrugada del 19 de marzo, de los estudiantes del tecnológico Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, en cuya memoria se guardó un minuto de silencio con la presencia de sus padres

Rosa Elvia Mercado Alonso, madre de uno de ellos, dijo que su hijo siempre se destacó por su entereza y por su tesón. “Estaba lleno de proyectos e ilusiones y a punto de lograrlos, ya que en mayo terminaba la maestría en sistemas de manufacturas, y en tres semanas iniciaría su trabajo. La muerte de Jorge no debe quedar en vano, de alguna manera se debe de corregir estos terribles hechos, que afectan a gente inocente y que a las personas que les toca hacer siempre su trabajo, que lo hagan buscando siempre la mejor estrategia para combatirlo”.

Reunión y propuestas

Luego de marchar por el perímetro del campus, los manifestantes se concentraron en la cancha de futbol, donde se recopilaron una serie de propuestas elaboradas por la comunidad estudiantil, egresados y empresarios sobre la seguridad integral que desean para México.

El Pronunciamiento y propuestas del Tecnológico de Monterrey para mejorar la seguridad en México fue entregado al rector Rangel Sostmann y dirigido a la Presidencia de la República, al Congreso de la Unión y los congresos estatales.

“Queremos un México mejor”, dijo el rector al indicar que las propuestas fueron resultado de una consulta realizada desde hace dos semanas y en la que participaron los estudiantes, la comunidad de ex alumnos, los profesores, el personal administrativo y de seguridad, y los padres de familia del sistema Tec.

Sin embargo, advirtió que “debemos lograr mucho más para mejorar los aspectos de participación ciudadana, la política pública de nuestro país y la seguridad de cada uno de nosotros”, y adelantó que esta semana gestionarán la cita para presentar las propuestas a las diferentes instancias de gobierno.

Acotar fuero de guerra

El director nacional de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública, Bernardo González Aréchiga, propuso reformar la Ley de Seguridad Nacional y el Código de Justicia Militar para que se acote el fuero de guerra de que gozan los militares y marinos, y puedan ser juzgados por tribunales civiles cuando lastimen a la sociedad.

El académico consideró que mientras llegan esos cambios, los elementos del Ejército mexicano deberán someterse a protocolos de actuación para disminuir el riesgo de que se registren más daños a la población civil en la lucha contra la delincuencia organizada.

http://www.eluniversal.com.mx/primera/34760.html

PLAZA PÚBLICA / No a la impunidad militar

Por Miguel Ángel Granados Chapa

Después de guardar silencio durante cuatro días, el jueves 8 se dio a conocer un comunicado de la Secretaría de Gobernación que negó la agresión de militares a una familia en Tamaulipas


(11 abril 2010).- Aunque ya se había divulgado el hecho, cuando el miércoles 7 el Secretario de la Defensa Nacional se reunió con diputados, ninguno le preguntó por los dos niños, de 9 y 5 años, muertos por los balazos de militares en un retén tamaulipeco el sábado anterior. Es preocupante el desinterés de los legisladores sobre un acontecimiento tan grave, que confirma una tendencia a la impunidad de miembros de las Fuerzas Armadas. Sea por desinformación o por insensibilidad, a nadie de los presentes en esa reunión -citada precisamente para examinar la presencia castrense en funciones policiales- le pareció necesario detenerse en aquel trágico episodio. Sería espeluznante que la omisión significara un acto de consentimiento político, un virtual certificado de impunidad ante un crimen que no debería pasar inadvertido ni menos quedar sin castigo.

Según la queja de Martín Almanza Rodríguez, padre de Bryan Almanza Salazar, de 5 años, y de Martín Almanza Salazar, de 9, ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, el vehículo que conducía fue atacado por los integrantes de un retén instalado en la carretera que va de esa ciudad a Matamoros. A bordo de una camioneta 10 años vieja, un grupo familiar de 12 personas, la mitad de las cuales eran menores e incluso un bebé, se dirigía a pasar el domingo de Resurrección en la Playa Bagdad de Matamoros. Hacia las seis de la tarde del sábado 3 de abril, el vehículo pasó ante un retén compuesto por cuatro vehículos y unos 50 soldados. "Al pasar junto a los militares bajé totalmente la velocidad de mi camioneta, bajamos todos los vidrios y esperamos alguna indicación de revisión, pero uno de los soldados nos hizo la seña de que continuáramos en circulación.

"Después de pasar tres vehículos del Ejército estacionados en línea sobre la carretera, comenzamos a escuchar disparos de arma de fuego, impactando algunos de estos disparos en el vidrio posterior de la camioneta, causando pánico y temor entre todos los que viajábamos en el vehículo, optando por detenernos a pocos metros de donde se encontraban los militares.

"Luego de estacionar la camioneta a orilla de la carretera, seguimos escuchando que disparaban hacia nosotros, bajando mi esposa Cinthia con mis hijos Yesennia y Bryan para correr hacia el monte, mientras que yo me sentí herido en el brazo derecho quedando inconsciente frente al volante, mientras que mi cuñado Carlos Alfredo Rangel Delgado también resultó herido en sus piernas y su esposa Vanesa Viridiana trataba de ponerse a salvo con los niños Jesús Alfredo Rangel Velásquez y su hermanito Giovanni Israel.

"El resto de los adultos y niños trataron de correr hacia el monte para tratar de escapar de las balas disparadas por los soldados, siendo únicamente mi hijo Martín Almanza Salazar quien quedó muerto dentro de la camioneta con impactos en la espalda y tendido boca abajo...".

Por su parte, la madre de los infortunados niños Cinthia Josefina Salazar Castillo narró que "después de pasar el retén de los soldados escuchamos disparos en la parte trasera de la camioneta, los vidrios comenzaron a romperse y la primera reacción de nosotros fue tomar a los niños para protegerlos y tirarnos al suelo. Yo vi a mi esposo desmayado frente al volante... En mi desesperación tomé a mis hijas Yesennia y Jennifer y me paré a la orilla de la carretera gritándole a los soldados que no dispararan, que había niños dentro, pero no me hicieron caso.

"Entonces regresé a la camioneta por el lado del acompañante y fue entonces cuando mi esposo Martín reaccionó, se bajó y corrimos al monte. Yo cargaba en mis brazos a mi hijo Bryan y estiraba a las dos niñas; en un momento que lo cambié de brazos me sentí herida en el estómago, pero seguimos corriendo. Después sentí que hirieron a mi hijo Bryan por la espalda, ese disparo era para mí pero lo recibió el niño: sentí cómo su cabecita se le iba para atrás, cómo se le soltaba el cuerpecito y le grité a mi esposo Martín que nos habían matado a Bryan, entonces él me ayudó hasta la casa donde nos dieron refugio...

"Como una hora después de la balacera, cuando nos trasladaba una ambulancia a un hospital de Miguel Alemán, llegaron unos soldados para pedirnos disculpas por la muerte de mis niños; decían que no era su intención hacernos hecho daño e incluso cuando nos trasladaron a Nuevo Laredo dijeron que nos iban a cuidar en el hospital para protegernos...

"Los soldados nunca nos dieron la cara, siempre estuvieron encapuchados y después de la balacera nos transculcaron nuestras mochilas, me robaron mi radio Nextel, el radio Nextel de mi esposo y un teléfono celular. Al día siguiente, cuando los médicos me dieron de alta en Nuevo Laredo me regresé a Miguel Alemán para solicitar los cuerpos de mis dos niños fallecidos y luego fui a la camioneta para buscar mi bolsa y las mochilas de los niños y los militares no me dejaron acercarme a la camioneta; tampoco le permitieron a un hermano mío que le tomara fotos, porque dijeron que estaban investigando".

A pesar de la flaca memoria social, que en defensa propia pasa la página para no fijarla en atrocidades, está aún presente el escándalo del asesinato de dos jóvenes ingenieros en el Tecnológico de Monterrey, también en un ataque militar no esclarecido (no se han difundido los videos ofrecidos por el Secretario de Gobernación). Por ello, alguien decidió que era muy pesado enfrentar otra reacción pública, por fugaz que fuera, ante este crimen feroz. Y decidió también negar que los hechos acontecieran según la narración de las víctimas, por lo que se inventó una historia distinta. Después de guardar silencio durante cuatro días, el jueves 8 se dio a conocer no un parte militar que refiriera la versión de las autoridades directamente involucradas, sino un comunicado de la Secretaría de Gobernación que puso el acento en un presunto ataque a los soldados que en realidad han sido los agresores de las familias Almanza y Rangel.

Gobernación enfocó su boletín a tratar "las agresiones ocurridas a militares el fin de semana pasado:

"El pasado 3 de abril, el personal militar de la Octava Zona Militar recibió información de que se había realizado un enfrentamiento entre presuntos delincuentes en la carretera que conduce a Nueva Ciudad Guerrero, en Tamaulipas, por lo que se procedió a hacer una verificación terrestre.

"Al llegar a la zona, un grupo de sujetos armados atacaron a los elementos del Ejército, quienes repelieron la agresión.

"Derivado de los enfrentamientos, en la secuencia de estas agresiones, fallecieron dos menores, Bryan Almanza Salazar, de cinco años, y Martín Almanza Salazar, de nueve años de edad.

"El Gobierno federal se une a la pena que embarga a los familiares de los menores fallecidos en este enfrentamiento y está procediendo a la investigación de los hechos, para que en su momento, de manera seria y clara, sean informados primero los familiares y luego la opinión pública en cuanto a los resultados que determinan con claridad la dinámica de los hechos en que sucedieron estas pérdidas".

Al presentar este comunicado, el Secretario Fernando Gómez Mont, tan irascible como se muestra habitualmente, situó no el asesinato de los niños Almanza Salazar sino la presunta agresión a militares en el cuadro general de violencia incrementada que padecen los tamaulipecos. Y, al modo pueril en que su propio jefe y él mismo lo han hecho otras veces, desafió a los criminales para que "cobardemente no pretendan ampararse en el contexto de las personas buenas que hay en este país y si van a dar la batalla, que la den de frente". Y de plano instó a la resignación ante las muertes de civiles cometidas por militares: "En estas ocasiones lamentablemente sus agresiones se dan en un contexto donde hay familias, gente de bien, gente que sólo quiere vivir en paz. Muchas veces no se puede escoger como se quisiera el campo de los enfrentamientos".

En las Cámaras se trabaja para modificar leyes que hasta ahora no enmarcan la tarea policial del Ejército. Es un intento inútil de legitimación de una actividad socialmente peligrosa. Aunque sea candoroso citarlo, todavía está vigente el artículo 129 de la Constitución, según el cual "en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar".


miguelangel@granadoschapa.com

Fecha de publicación: 11 abril 2010

Friedman y El Paso

Por Jaime Sánchez Susarrey
El Norte

No hay ninguna evidencia para suponer que la legalización de las drogas incrementaría su consumo


(10 abril 2010).- En 1991, Milton Friedman concedió una entrevista a un canal de televisión pública en Estados Unidos. El tema era la guerra contra las drogas. El premio Nobel de economía (1976) hizo una defensa tajante de la legalización de todas las drogas. Sus argumentos al correr de los años siguen vigentes. Más aún después de lo ocurrido recientemente en El Paso, Texas.

Primera tesis: la guerra contra las drogas genera violencia. Por eso la despenalización del consumo reduciría inmediatamente el número de asesinatos que golpea a barrios y ciudades. La cantidad de prisioneros se reduciría igualmente y con ello se podrían ahorrar recursos y elementos para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Segunda tesis: a las drogas habría que darles el mismo tratamiento que a otros enervantes, como el alcohol. Friedman advierte que en los tiempos de la prohibición en Estados Unidos se incrementaron las muertes por envenenamiento debido a las sustancias que se utilizaban para la producción clandestina. Con las drogas ocurre algo similar. Productos como el crack son particularmente nocivos. La legalización eliminaría, como ocurrió con el alcohol, ese tipo de riesgos.

Tercera tesis: el Estado, tal como lo precisaba John Stuart Mill, no tiene derecho de limitar la libertad de los ciudadanos mientras sus acciones no lastimen a terceros. Cada individuo tiene el derecho de ejercer su libertad y escoger los valores y estilo de vida que considere convenientes. No se debe limitar esa libertad en aras de preservar su salud física o mental. De otro modo, actividades como el paracaidismo, o la ingesta de alcohol o grasas animales, deberían ser prohibidas porque son riesgosas o dañinas.

Cuarta tesis: no hay ninguna evidencia para suponer que la legalización de las drogas incrementaría su consumo. La experiencia de la prohibición del alcohol en Estados Unidos apunta en sentido contrario. Si tomamos, dice, las tablas de consumo de alcohol antes y después de la época de la prohibición, dicho consumo vuelve más o menos a donde estaba, y durante el periodo posterior, si se ha movido, ha sido disminuyendo, no en términos absolutos, sino en relación con la población y el crecimiento relativo de los ingresos.

Quinta tesis: el debate en torno a la legalización de las drogas no se da en el vacío. Está permeado por intereses específicos. Quienes hablan de la imposibilidad de legalizarlas son los encargados de combatirlas. El presupuesto anual que se dedica a esta tarea es de 20 ó 30 mil millones de dólares. Es mucho dinero, poder y burocracia lo que está en juego.

Sexta tesis: desde un punto de vista estrictamente económico, el Gobierno se comporta en esta materia como un protector de los cárteles. ¿Por qué? Porque en un libre mercado normal (digamos, de patatas, carne o lo que quiera) hay miles de importadores y exportadores. Cualquiera puede entrar en el negocio. Pero es muy difícil que un pequeño empresario pueda dedicarse al negocio de importación de drogas, porque nuestros esfuerzos por impedirlo lo hacen enormemente costoso. Así que los únicos que pueden sobrevivir en ese negocio son gente como la del Cártel de Medellín, que tiene suficiente dinero para tener flotas de aviones, métodos sofisticados y cosas así.

Séptima tesis: las víctimas inocentes de la guerra contra las drogas están en Estados Unidos, pero también en Colombia o Perú. Quien inhala una sustancia y decide correr el riesgo y pagar las consecuencias está en todo su derecho. Pero las víctimas que caen en fuego cruzado o los soldados y policías que son asesinados fuera de Estados Unidos son inaceptables desde un punto de vista moral. Mueren sin deberla.

En el 2009, el Consejo de la ciudad de El Paso, Texas, votó por la legalización de la mariguana. La iniciativa fue impulsada por Beto O'Rourke, miembro del Partido Demócrata. Sus argumentos fueron y son muy similares a los de Milton Friedman.

Estados Unidos, sentencia, no es ajeno a la violencia desatada en México y por extensión a Ciudad Juárez. Estados Unidos concentra el 25 por ciento del mercado mundial de drogas con apenas el 5 por ciento de la población. La fuerza de los cárteles mexicanos no se explica sin ese enorme mercado negro.

El concejal de El Paso concluye que la legalización de la mariguana tendría un doble efecto positivo: reduciría los ingresos de los cárteles en más de un 50 por ciento, ya que en el 2006 se estima que el 60 por ciento de dinero que ingresó a los capos mexicanos procedía de este producto; pero además, y por lo mismo, contribuiría a debilitar el poder de fuego y los niveles de violencia en México y en la frontera.

La decisión del Consejo de El Paso fue, sin embargo, vetada por el Alcalde John Cook. Pero lo más importante fue la amenaza del congresista Silvestre Reyes de suprimir los apoyos federales a la ciudad si persistían en su intención de legalizar la mariguana. Para explicar la irritación de Washington, O'Rourke utiliza términos idénticos a los de Milton Friedman.

Hay que recordar, subraya el consejero de El Paso, que en Estados Unidos la guerra de las drogas es una industria de 40 mil millones de dólares invertidos al año en prisiones, armas, justicia, oficiales, etcétera. Por eso hay mucha gente en este país que tiene un interés muy personal en preservar el statu quo.

Y, en efecto, aunque las dimensiones del mercado y los niveles de violencia que hoy se viven confirman que la guerra contra las drogas ha fracasado, y aunque es hora de revisar toda la estrategia, los defensores del statu quo se siguen oponiendo... con éxito.

Fecha de publicación: 10 abril 2010

Tirotean soldados a civiles inermes; dos niños muertos

• Disparan a dos familias en un retén cercano a Nuevo Laredo
• Nos arrojaron hasta granadas, aseguran padres

Carlos Figueroa
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 7 de abril de 2010, p. 5


Nuevo Laredo, Tamps., 6 de abril. Elementos del Ejército Mexicano dispararon y arrojaron granadas de fragmentación contra una camioneta en la que viajaban dos familias rumbo a la playa de Matamoros, después de pasar un retén en la carretera Ribereña. El saldo fue de dos niños muertos y dos adultos heridos.

Los padres de Martín y Bryan Almanza Salazar, de 9 y 5 años de edad, respectivamente, presentaron una denuncia contra los militares ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y exigieron castigo para los soldados culpables.

En la agresión resultaron lesionados Martín Almanza Rodríguez, de 30 años de edad –padre de los pequeños–, y Carlos Alfredo Rangel, de 22 años, tío de las víctimas. Ambos se encuentran internados en la clínica de especialidades de esta localidad fronteriza.

Martín y Bryan viajaban en compañía de sus padres, el ya mencionado Martín Almanza Rodríguez y Cintia Salazar Castillo, de 28 años de edad, además de sus hermanas Lucero Michel, de 10 años; Jennifer, de 8, y Yesenia de 3.

En la camioneta también iba el matrimonio formado por Carlos Alfredo Rangel y Vanessa Viridiana Velázquez Carmona, con sus dos hijos: uno de tres meses, identificado como Jesús Alfredo Rangel Velázquez.

Según la denuncia de los afectados, la madrugada del domingo los siete niños y los cuatro adultos viajaban en una camioneta tipo Tahoe, conducida por Carlos Alfredo Rangel, quien al pasar por el retén militar observó a los soldados que se encontraban a un costado de la carretera. Rangel disminuyó la velocidad, pero no recibió ninguna indicación para detenerse.

Después de pasar el retén, los soldados comenzaron a disparar de forma indiscriminada contra la unidad; incluso, los adultos aseguraron que les arrojaron varias granadas de fragmentación.

Narraron que vivieron momentos de terror y confusión en los que descendieron de la camioneta y trataron de correr al monte. Martín Almanza cargó a sus hijos Bryan y Michel, pero en ese momento sintió el rozón de una bala. Su hijo Bryan estaba cubierto de sangre. Murió en sus brazos. Pese a que los civiles gritaban a los soldados que no les dispararan porque había niños, los uniformados hicieron caso omiso e hirieron al otro pequeño, quien murió en el lugar.

Martín Almanza fue trasladado a la clínica de especialidades junto con Carlos Alfredo Rangel, quien al tratar de proteger a su bebé fue herido en las piernas. En el nosocomio, Carlos Alfredo relató:

“De repente nos empezaron a disparar; yo me quedé con mi esposa y mi bebé en la camioneta y ellos le tiraban a todo lo que se movía. Les gritábamos que traíamos familia y nos seguían tirando. Incluso cuando pasamos frente a ellos bajamos los vidrios de la camioneta para que vieran a los niños, pero no sé qué pasó.

“Al verme herido cortaron cartucho y me dijeron que me iban a matar; desde ese momento ya no supe nada… íbamos pura familia con siete niños. Mi esposa se bajó de la camioneta y corrió al monte con el bebé y le seguían disparando.”

Por su parte, Martín Almanza pidió a las autoridades que intervengan, pues no puede estar ocurriendo este tipo de agresiones. Cuando pasamos el retén sacamos una toalla por la ventanilla para tratar de decirles que iban niños, pero no hicieron caso. Su esposa, Cintia Salazar, comentó: Íbamos de viaje, me quitaron a dos de mis niños. ¿Quién me los va a regresar?, pues nadie. Les decía que no nos tiraran porque había niños, pero me ignoraron.

Explicó que otro grupo de militares llegaron a auxiliarlos y hasta me ofrecieron una disculpa, pero con disculpas nadie me los va regresar; ellos iban a la escuela como cualquier niño.

La noche del lunes y madrugada de este martes, los restos de Martín y Bryan Almanza Salazar fueron velados en su vivienda de la colonia Los Colorines y después en una funeraria. Por la tarde fueron sepultados.

María Teresa Castillo, abuela de los pequeños, expresó: Mis niños eran bien lindos, muy queridos por todos.

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/07/index.php?section=politica&article=005n1pol

Envía Ejército refuerzo a NL

Por Benito Jiménez y Osvaldo Robles
El Norte

Mandan a municipios a 600 soldados más. Vigilarán límites con Tamaulipas y zonas afectadas por guerra de narcos

(9 abril 2010).- Ante la ola de violencia que azota a los municipios de Nuevo León que colindan con Tamaulipas derivada de la guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas, el Ejército reforzará su presencia en el Estado con un batallón motorizado de 600 efectivos, informó ayer la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los refuerzos son parte de un contingente de tres batallones integrado por un total de mil 800 soldados adiestrados para operaciones de alto impacto y unos 120 vehículos que serán distribuidos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, Estados que integran la Cuarta Región Militar.

En Nuevo León, los 600 efectivos serán desplegados en ocho municipios en los límites con Tamaulipas: Los Ramones, General Treviño, Cerralvo, China, Bravo, Los Herreras, Los Aldamas y Anáhuac.

En las últimas semanas, estos municipios han registrado la ejecución de dos mandos policiacos -uno de ellos decapitado-, así como la muerte de nueve personas y el secuestro de al menos 14 policías municipales, además de enfrentamientos entre sicarios y militares.

"Se presenta un incremento de vigilancia principalmente en Nuevo León, donde se encuentra la mayor parte de los Zetas, que son el objetivo de otras organizaciones criminales y, por tanto, un latente peligro de enfrentamientos", comentó una fuente del Ejército.

"Nuevo León es ahora un objetivo de seguridad".

En las últimas semanas, convoyes del Cártel del Golfo integrados por al menos 15 camionetas con más de 60 sicarios a bordo han puesto en jaque los dominios de los Zetas en ciudades de Tamaulipas como Reynosa, Ciudad Mier, Nuevo Laredo, Matamoros y Camargo.

Según datos militares, ante estos embates, los Zetas se han refugiado en Nuevo León.

Fuentes militares informaron que entre las tropas de refuerzo se encuentran grupos de Fuerzas Especiales y Fusileros Paracaidistas provenientes del Valle de México para implementar los operativos denominados de alto impacto.

El refuerzo militar en territorio de Nuevo León comprende patrullajes en zonas conflictivas basados en un mapa georreferenciado por las autoridades locales, vigilancia mediante puestos de control en el corredor Reynosa-Monterrey y sobrevuelos en las zonas de difícil acceso.

Las acciones militares en la frontera con Tamaulipas incluirán el patrullaje rural a algunas localidades como El Porvenir, La Sierrita, Capazón, Becerro, La Lajilla y Rincón Cadena.

En parte de estos operativos, se indicó, se contará con la participación de la Marina.

Fuentes castrenses en Nuevo León informaron que otro de los principales objetivos de los refuerzos es abatir un déficit de operaciones derivadas del trabajo de inteligencia e información obtenida en recientes enfrentamientos, uno de ellos el ocurrido frente al Tec de Monterrey el 19 de marzo, cuando murieron dos estudiantes.

"La información de inteligencia y la gran cantidad de denuncias anónimas han rebasado la capacidad de operación e infraestructura", reveló la fuente.

"Ahorita no hay capacidad para reventar la lista de domicilios identificados como casas de seguridad o puntos de venta al menudeo", agregó un mando.




Frontera al rojo vivo

Desde el 24 de febrero, la guerra entre cárteles del narcotráfico ha desatado la violencia en los municipios rurales del Estado, en particular, los que colindan con Tamaulipas.


1.Anáhuac*
2.Bustamante
3.Villaldama
4.Sabinas Hidalgo
5.Vallecillo
6.Parás
7.Agualeguas
8.El Carmen
9.Cerralvo*
10.Gral. Treviño*
11.Los Aldamas*
12.Ocampo
13.Los Herreras*
14.Los Ramones*
15.China*
16.Gral. Bravo*
17.Santiago



Enfrentamientos

- Anáhuac
- Bustamante
- Bustamante
- Villaldama
- Sabinas Hidalgo
- Vallecillo
- Parás
- El Carmen
- Cerralvo
- Gral. Treviño
- Los Aldamas
- Ocampo
- Los Ramones
- China
- Gral. Bravo


Ejecuciones

- Gral. Treviño
- China


Asesinato de policías

- Agualeguas
- Gral. Treviño
- Los Aldamas
- Santiago


* Municipios que serán reforzados por el Ejército

Fecha de publicación: 9 abril 2010

El regaño de la ONU a México

Miguel Carbonell
El Universal

Jueves 08 de abril de 2010



El 23 de marzo el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió sus observaciones finales al informe que periódicamente presenta México sobre la situación de los derechos humanos en el país.

El documento es una llamada de atención por la gran cantidad de temas que debería generar una sensación de vergüenza nacional. No es admisible que en el siglo XXI sigamos teniendo tantos pendientes en materia de derechos humanos. ¿En qué temas se basa la ONU para haber emitido un reclamo (mejor dicho: un regaño) tan sonado a México? Algunos de los que figuran en el documento son los siguientes:

—Las persistentes violaciones a la equidad de género. En particular, las precarias condiciones laborales de las trabajadoras de maquila.

—Las continuas pruebas de no embarazo que se piden a las mujeres al momento de solicitar empleo o bien como requisito para permanecer en el puesto de trabajo.

—La persistente impunidad en el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez (que, por cierto, ya costaron una condena a México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero).

—La restricción de los derechos de las mujeres por la penalización del aborto y por carecer de correcta atención en el caso de abortos cuando el embarazo es producto de una violación. La ONU pide medidas para acabar con los abortos ilegales. Tema que está otra vez a consideración de nuestra Suprema Corte.

—El papel de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad y las violaciones de derechos humanos por parte de algunos de sus integrantes. La CNDH emitió 30 recomendaciones el año pasado contra la Sedena. Todo un récord desde la creación de la Comisión.

—El estado de excepción encubierto que opera en el combate a la delincuencia organizada, que tiene procesos judiciales con reglas más “relajadas” que las que operan en otras modalidades delictivas.

—La falta de eficacia en el combate a la desaparición forzada, incluyendo el tema de la guerra sucia de los años 70, todavía no resuelto de forma satisfactoria.

—La impunidad en los casos de tortura, la cual ni siquiera está bien definida en varios códigos penales locales. Las condenas judiciales en este tema son groseramente bajas y la aplicación del Protocolo de Estambul para evitar prácticas de tortura sigue siendo una quimera. La ONU sugiere videograbar todas las declaraciones de detenidos en las dependencias policiales.

—La reforma penal aprobada en el 2008 sigue estando incompleta. Su aplicación va avanzando de forma lenta y sin un claro compromiso de todas las autoridades involucradas. O sea, es muy fácil reformar la Constitución, pero muy difícil cambiar la realidad.

—La ONU es clara en señalar el riesgo para los derechos humanos que deriva de la constitucionalización del arraigo. Pide sin medias tintas eliminarlo. En efecto, el arraigo como medida impuesta antes de iniciar un juicio, es lesivo de la libertad personal y no debería ser permitido.

—Señala la ONU el hacinamiento en las cárceles y lugares de detención. Es algo que ha venido poniendo de manifiesto reiteradamente la CNDH en sus diagnósticos penitenciarios y que está a la vista de todos. Las cárceles son un infierno desde cualquier punto de vista.

—La ONU pide a México limitar la extensión de la justicia militar y permitir que las víctimas se amparen contra sus fallos. Hace unos meses la SCJN dejó ir una muy buena oportunidad para evitar este regaño. Una lástima.

—No existe en México la objeción de conciencia al servicio militar y no existen iniciativas para incorporarla. La ONU lo considera, con toda razón, inaceptable. La objeción al servicio de las armas es una regla propia del sistema democrático, que no puede ni debe convertir al ciudadano en soldado, ni siquiera temporalmente.

—Los periodistas corren serios riesgos. Los atentados en su contra quedan generalmente impunes. Las fiscalías especiales han tenido resultados por demás cuestionables.

— Hay violencia omnipresente e impune contra personas homosexuales, travestis y transgénero.

La lista podría crecer. Esos son, por lo pronto, algunos de los regaños de la ONU a México. Bien merecidos.

www.miguelcarbonell.com twitter: miguelcarbonell

Investigador del IIJ-UNAM

Retoman 5 mil federales seguridad en Juárez; el Ejército se retira

La presencia militar se mantendrá sólo en los principales accesos a la ciudad y cruces fronterizos.

La Jornada en línea
Publicado: 08/04/2010 09:39

México, DF. La Policía Federal se hará cargo a partir de este jueves de todas las labores de seguridad pública en Ciudad Juárez, Chihuahua, dentro de una nueva estrategia en esa entidad.

Facundo Rosas, coordinador general de la Policía Federal, dijo que 5 mil elementos de esta corporación, cantidad similar a los militares desplegados, asumirán el control de la seguridad y detalló, en conferencia de prensa, que con la nueva estrategia se incrementará la tarea de inteligencia, análisis e investigación en el combate al crimen organizado, secuestro y extorsión.

Por tierra, se mantendrán patrullajes en la ciudad y el programa "Corredores Seguros" en las principales vialidades, así como los operativos de inspección en bares, billares y cantinas, así como en escuelas y centros de tratamiento de adicciones.

“El punto toral de esta nueva etapa es que la ciudadanía recupere la confianza, no hemos perdido terreno contra la delincuencia y seguiremos combatiéndolos hasta recuperar la tranquilidad en la ciudad”, puntualizó en funcionario federal.

Señaló que al momento sólo han llegado 750 elementos de la Policía Federal a Juárez y durante el fin de semana arribarán otros mil para reforzar el patrullaje en las calles. La sustitución de efectivos, se había anunciado, será gradual.

Todos los lunes, agregó Rosas, se realizarán reuniones en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se intercambiará información diariamente con otras corporaciones policiales para en conjunto combatir al crimen organizado.

Se mantendrá la presencia militar en la región sólo para brindar seguridad en los principales puntos de acceso a la ciudad, cruces internacionales y terminales de transportación aérea y terrestre, su responsabilidad será de coadyuvar en tareas de información e inteligencia, según se anunció el 30 de marzo.

El Ejército había asumido funciones de seguridad pública hace dos años por la corrupción de las fuerzas municipales.



La nueva estrategia

La nueva estrategia de la Policía Federal incorpora siete ejes de acción, que incluyen un despliegue territorial mediante patrullaje en los nueve sectores, integrados por 155 cuadrantes, donde habrá vigilancia las 24 horas.

Para la atención de la zona urbana de Ciudad Juárez se cuenta con cinco mil elementos de la Policía Federal, apoyados por 412 radiopatrullas, ocho vehículos blindados, 90 motocicletas y cuatro aeronaves.

Para apoyar las operaciones se puso en marcha el Centro de Mando de la Policía Federal en Ciudad Juárez, en un inmueble equipado con 100 estaciones de trabajo para analistas tácticos, con conexión directa al Centro de Inteligencia en la ciudad de México, destinado al procesamiento de información.

De acuerdo con las necesidades de aquella ciudad fronteriza, 40 de esas estaciones de trabajo están dedicadas exclusivamente a atender los delitos de secuestro y extorsión.

Las policías locales se integrarán a las acciones de la PF con 3 mil elementos; es decir, casi 8 mil uniformados, de los tres niveles de gobierno, estarán a cargo del combate a la delincuencia organizada en Juárez, además de la presencia del Ejército como actor coadyuvante.



(con información de agencias)


http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2010/04/08/policia-federal-asume-hoy-seguridad-en-juarez-el-ejercito-se-retira

El Ejército seguirá en las calles de 5 a 10 años más, prevé Galván

• El titular de Sedena se reúne con diputados integrantes de la Comisión de Defensa
• Necesario, aprobar una legislación emergente que dé más facultades a las fuerzas armadas
• Reconoce que en el combate al narco los militares realizan una tarea que no les corresponde

Periódico La Jornada
Jueves 8 de abril de 2010, p. 5

El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, afirmó anoche ante diputados que para combatir a la delincuencia organizada el Ejército permanecerá en las calles entre 5 y 10 años más, salvo orden expresa del Presidente de la República o la aprobación de un decreto del Congreso de la Unión.

En una reunión ayer con al menos 24 de los 30 integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Galván planteó a los legisladores la aprobación de una legislación emergente que otorgue más facultades a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico porque, reconoció, en este momento los militares llevan a cabo una tarea que legalmente no les corresponde.

Durante tres horas, el secretario de la Defensa planteó a los diputados que el Ejército requiere de otro marco jurídico que amplíe sus capacidades en el combate al narco. Entre éstas, mencionó el ingreso de soldados a domicilios cuando se persiga un delito en flagrancia o se sospeche que podría cometerse; interrogar a detenidos y retenerlos hasta por 24 horas, antes de entregarlos a una autoridad civil, e incluso tomarles huellas dactilares, así como intervenir comunicaciones y suspender espectáculos o el tránsito masivo de vehículos.

Prácticamente nos pidió aprobar un estado de excepción, que para el Congreso es inaceptable, señalaron diputados que fueron consultados tras la reunión realizada en la sede de la Defensa Nacional.

La mayor parte del encuentro, que se desarrolló entre las 18 y las 21 horas de ayer, el general hizo una exposición sobre el marco legal que requiere el Ejército para justificar los operativos contra la delincuencia.

No obstante, diputados también señalaron que la próxima semana se buscará iniciar un debate sobre el fuero de guerra definido en el Código de Justicia Militar, para que soldados que cometan delitos también sean sometidos a tribunales civiles.

Los legisladores resaltaron que la posición del titular de la Sedena fue en desacuerdo con suprimir a los militares el beneficio de ser sometidos a proceso en juzgados castrenses. Refirieron que, sobre este tema, el general expresó que una reforma de ese tipo perjudicaría a las fuerzas armadas, porque son lo último que tiene el Estado mexicano.

Una parte sustantiva del encuentro, dijeron, se refirió al informe que el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, presentó el martes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde reportó que en cinco años crecieron 500 por ciento las quejas contra el Ejército por las violaciones a derechos humanos contra civiles.

Los diputados resaltaron ante el titular de la Sedena que esa cifra es preocupante, sobre todo porque ahora una institución confiable como lo ha sido el Ejército, ahora se ubica con mayor número de quejas que el IMSS y la PGR.

En contraste, Galván adujo que de las 3 mil 595 quejas que se han presentado por abusos de militares, sólo se ha acreditado una cantidad menor. Sin embargo, dijeron, sí expresó preocupación de que esas cifras revelan el desgaste que ha sufrido el Ejército en su relación con la sociedad por participar en los operativos contra el crimen.

Los legisladores no se refirieron a casos específicos de abusos de soldados, y –comentaron– se trató apenas el caso del asesinato de dos alumnos de posgrado del Tecnológico de Monterrey, durante un enfrentamiento con presuntos narcotraficantes en el campus de esa institución en la capital de Nuevo León.

Asimismo, Galván aceptó la solicitud que le hicieron legisladores de reunirse con ellos en la Cámara de Diputados, como lo ha hecho ya en privado con los senadores, o bien acudir ante comisiones para explicar los alcances de los operativos.

Por su parte, los diputados plantearon que si se habla de una relación diferente entre las fuerzas armadas y el Legislativo, es fundamental que Galván, así como el secretario de Marina, almirante Francisco Saynez Mendoza, acepten acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro.

El general Guillermo Galván GalvánFoto José Carlo González /Archivo

Anuncian universitarios marcha contra el hampa

Milenio
07/04/2010

Israel Navarro

La muerte de dos estudiantes del Tec de Monterrey, el origen. Alistan varios foros sobre inseguridad; llevarán al Congreso su propuesta final.

México.- Estudiantes de 26 universidades realizarán una marcha el próximo 23 de abril para mostrar su rechazo a la violencia en el país y pedir un cambio en la estrategia emprendida por el presidente Felipe Calderón.

Lo anterior surge a partir de la muerte de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, alumnos del Tec de Monterrey, quienes perdieron la vida durante una balacera entre elementos del Ejército y sicarios el 19 de marzo pasado.

En entrevista con MILENIO, Arturo Cuevas Bautista, coordinador de comunicación de este movimiento surgido el pasado 2 de abril, explicó: “Somos un grupo de estudiantes interesados en la problemática social y queremos que escuchen nuestras propuestas”.

El alumno del ITAM mencionó también que realizarán foros en las universidades participantes, donde serán expuestas las medidas de seguridad aplicadas en otros países como alternativa para la recomposición social.

“Buscaremos realizar foros en los 32 estados de la República para que cada entidad y, sobre todo, cada ciudadano exponga su sentir y sus reclamos. Pretendemos que a los encuentros asistan expertos en seguridad nacionales e internacionales”, detalló Cuevas Bautista.

“Cada universidad tendrá su independencia para la realización de los foros, pero siempre bajo la línea de la seguridad. En el Distrito Federal realizaremos cinco encuentros de esta naturaleza”, dijo.

El estudiante aseguró que los costos económicos de los foros correrán a cargo de los universitarios, pues no recibirán apoyo de las instituciones académicas, las cuales sólo ayudarán con los inmuebles para la realización de los debates. “Que quede claro que somos los estudiantes los que convocamos y no las escuelas”, precisó.

Cuevas Bautista afirmó que una vez que se tenga una propuesta conjunta sobre combate a la inseguridad será presentada a la Cámara Diputados el próximo 16 de septiembre.

Informó que este movimiento cuenta actualmente con más de 2 mil integrantes. “Nuestra difusión ha sido a través de Facebook, Twitter y de nuestra página de internet www.estudiantesafavor.com”, señaló el alumno.

“Por medio de nuestros contactos en internet, además de reunir y convocar una gran cantidad de gente, queremos presionar a las autoridades para que den un buen manejo a los hechos, como el que se presentó en Monterrey el pasado 19 de marzo.”

La marcha está convocada para el mediodía del 23 de abril. Tendrá como punto de partida el Ángel de la Independencia, en la capital del país, y culminará en el Hemiciclo a Juárez.

Arturo Cuevas anunció que no pretenden causar congestionamientos en las vialidades (Paseo de la Reforma y avenida Juárez), por lo que marcharán por las banquetas.

Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo eran estudiantes del Tec, y de acuerdo con el rector de esa institución, Rafael Rangel Sostmann, ambos estaban en el campus al momento del tiroteo.

Claves

Participantes

• El llamado de los estudiantes incluye a alumnos de la UNAM, UAM, Universidad Anáhuac, CIDE, Colmex, UANL, Tec de Monterrey, UVM e ITAM, así como de diversos estados entre los que destacan Michoacán, Puebla, Monterrey y Querétaro.

• Una vez coordinadas todas las universidades participantes se formará un comité universitario, que tendrá la encomineda de desarrollar la logística de los foros de consulta.

• El primer encuentro se llevará a cabo en mayo y se realizaría en el ITAM (escuela convocante) en sus instalaciones de la capital del país.

http://www.milenio.com/node/417300

Crecen abusos: CNDH

Periódico La Jornada
Miércoles 7 de abril de 2010, p. 5

En los últimos cinco años, la participación del Ejército Mexicano en tareas de seguridad pública se ha traducido en un incremento de 500 por ciento en las quejas contra militares por violaciones a los derechos humanos, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva.

Asimismo, el ombudsman aseveró que "hacen falta más capacitación, más estrategias de actuación que busquen proteger los derechos de la sociedad en general y, en su caso, combatir la delincuencia organizada con la energía adecuada".

Entrevistado al término del informe anual que rindió ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Plascencia había señalado previamente ante los ministros que precisamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encabeza la lista de las autoridades "más frecuentemente señaladas en hechos presumiblemente violatorios" de derechos humanos, seguida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Comentó que la comisión está a la espera de que el Ejército y la Armada de México rindan a tiempo (cuentan con un plazo de 15 días para hacerlo) los informes solicitados sobre la muerte de dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y la de un detenido que fue trasladado en helicóptero por los marinos y cuyo cadáver apareció al día siguiente. Aseguró que en caso de que las dependencias no respondan al requerimiento, "lo haremos público en su momento".

Por otra parte, interrogado respecto del hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) discutirá en fecha próxima la violación de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, por parte de militares, Plascencia dijo que este asunto "nos revela que en virtud de que hay casos en donde la justicia no logra llegar al fondo de los asuntos, lamentablemente tiene que venir del extranjero una resolución", de tal manera que esto es un llamado para revisar la forma como se están investigando "algunos delitos", cómo se procesan y cómo se está buscando hacer justicia.

En otro tema, el ombudsman nacional confió en que Alberta Alcántara y Teresa González obtengan su libertad a la brevedad posible, ahora que la Suprema Corte atrajo la solicitud de amparo que presentaron en contra de la sentencia que les impuso un juez federal por el "secuestro" de seis agentes federales en Querétaro. Recordó que la PGR ignoró en su momento una recomendación de la CNDH en la que se demostraba la no culpabilidad de las acusadas.

Precisamente, dijo, el que dependencias como la Procuraduría General de la República no acepten las recomendaciones nos habla de que es muy importante que se apruebe la reforma a la comisión –que está en el Congreso de la Unión– "para que podamos superar la circunstancia de que se emitan recomendaciones (que) no se acepten o no se cumplan y no pase nada".

Cuestionó la actitud del procurador Arturo Chávez Chávez, ya que éste tiene como encomienda "salir a la sociedad para operar justicia, evitar una injusticia" y también que inocentes estén presos.

Finalmente, dijo que la CNDH está "muy pendiente" del caso de la muerte de la menor Paulette Gebara, con el objetivo de que "no vaya a quedar el tema en la impunidad y se logre detener a los responsables" de esos hechos. Esto, precisó Plascencia, como el mejor mecanismo preventivo del delito.

Finalmente, aunque reconoció que la comisión a su cargo no ha recibido alguna queja sobre el asunto de la niña Paulette, aseguró que sigue muy de cerca los resultados que ha ido dando a conocer la Procuraduría General de Justicia del estado de México respecto de las investigaciones que se están llevando actualmente.

El narco y la prensa

Por Miguel Ángel Granados Chapa
El Norte

(6 abril 2010).- Ismael Zambada, "El Mayo", propuso esta fantasía a Julio Scherer: "Un día decido entregarme al Gobierno para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de unos días vamos sabiendo que nada cambió... El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos? En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí".

Es, ciertamente, un alegato en causa propia, que miles de personas han expuesto, sin interés mezquino, pues saben o suponen que no es sólo mediante la guerra a balazos destinada a aprehender o matar a los jefes de las mafias del narcotráfico como se puede controlar ese fenómeno global que en nuestro país ha provocado más de 16 mil muertos en los tres años recientes, más que en ningún otro país por igual motivo.

Pero es también una opinión, un punto de vista que emitido por un partícipe central de ese ruin mercado en México debe ser conocido públicamente para una comprensión cabal de ese flagelo, tan costoso en tantos términos sin que difundirlo signifique en modo alguno hacerlo propio.

¿Es válido, ética y periodísticamente, dar voz a los jefes del narcotráfico, como lo han hecho la revista semanal Proceso y su fundador Julio Scherer García, que aceptó ser trasladado hasta un lugar secreto en cualquier punto del País, donde el periodista lo entrevistó? Notoriamente, esa publicación y quien la dirigió durante 20 años contestan afirmativamente a esa pregunta. No lo hacen sólo ahora. En sus páginas el propio Scherer ha publicado entrevistas (que después se convirtieron en libros exitosos) con Zulema Hernández, mujer de "El Chapo" Guzmán durante su estancia en el penal de alta seguridad de Occidente; y con Sandra Ávila, la Reina del Pacífico, prisioneras ambas por delitos "contra la salud" como todavía, pudibunda y ambiguamente, se llama a los relacionados con la producción, distribución y venta de drogas ilegales.

Al aceptar encontrarse con Zambada, cuyo hijo es Vicente (uno de sus primogénitos, condición que no es rigurosamente errónea y en cambio adquiere sentido porque tiene seis familias), Scherer no titubeó. Ni consideró que pudiera tratarse de una trampa, tendida para causarle daño al mismo periodista ("me sé vulnerable y así he vivido"). Parece que tampoco resolvió para el efecto otros dilemas que atosigan a la prensa, sobre todo en el norte de México, algunos de cuyos miembros, por épocas, han optado por el silencio generado por el temor, y otras han resuelto publicar sólo la información oficial, que no siempre coincide con la realidad, tal como lo mostró de modo paradigmático, pero no único la ofrecida sobre los dos ingenieros que cursaban posgrado en el Tec de Monterrey y presentados como sicarios, es decir, como combatientes contra el Ejército.

El viaje de Scherer y la publicación de sus resultados se inserta en un contexto cuyos componentes han sido enfrentados con valor por el reportero que no ha dejado ser desde que se inició en ese oficio hace 60 años. Aunque no lo pensara, pudo haber sido una celada que le tendiera algún beneficiario de intereses creados exhibidos por su trabajo (el personal o el que ha prohijado). Pudo haberse convertido también en el localizador de su convocante, su delator involuntario, si los servicios de inteligencia gubernamentales, que se dicen tan eficaces, hubieran descubierto la causa y el destino de su viaje, extremo a que también podrían llegar si en su texto ofreciera indicaciones útiles a tales servicios y a sus brazos armados.

"Inevitablemente debería contar las circunstancias y pormenores del viaje", reflexionó antes de emprenderlo, "pero no podría dejar indicios que llevaran a los persecutores del capo hasta su guarida. Recrearía tanto como me fuera posible la atmósfera del suceso y su verdad esencial, pero evitaría los datos que pudieran convertirme en un delator".

Habrá quien quiera actualizar esas posibles consecuencias. Al publicar en la portada (que los lectores de EL NORTE conocieron ayer) una foto de Zambada con el periodista, podría ocurrir que la Procuraduría General de la República citara a Scherer para demandarle información que las policías federales ni el Ejército han conseguido. De ese intento el periodista puede resguardarse por el secreto profesional. Pero dado que la PGR ejerce funciones políticas sectarias (además de las del Ministerio Público, definidas como de buena fe), alguna conciencia torcida podría ordenar una averiguación previa por apología del delito como no faltó quién sugiriera hacer respecto de la revista Forbes cuando, más conocedora de los circuitos del dinero que las autoridades mexicanas, incluyó a "El Chapo" entre los hombres más ricos del mundo.

No es extravagante suponerlo. "Proceso" es poco grata al Gobierno. Eso no importaría pues el periodismo no se ejerce para ganar simpatías. El hecho es significante porque el Gobierno federal ha retirado al semanario toda publicidad oficial a diferencia de su trato a otras revistas. Su dimensión se abulta por un ánimo ostensible de vincular a Proceso con el narcotráfico. Lo mostró inequívocamente el burdo montaje con que en julio pasado, con el despliegue propagandístico que es la marca de Genaro García Luna, se exhibió a los medios de información a miembros de La Familia Michoacana. Se les hizo posar frente a paquetes de cartuchos, armas cortas y largas y ejemplares de Proceso, hallados en su guarida, como si fueran parte de su arsenal.



Cajón de sastre

El Gobierno hidalguense es firme partidario de José Guadarrama en su contienda interna con Xóchitl Gálvez, a quien teme como al demonio. El domingo 28 de marzo le ofreció amplio espacio en la televisión gubernamental, y se lo negó a la otra precandidata. Con la compañía de un notario, ella se apersonó ayer lunes por la mañana a hacer valer un derecho propio de la aspirante a la candidatura de partidos registrados, que cursa por un proceso interno reconocido por la ley electoral. Vencida por las circunstancias la conductora no tuvo más remedio que abrirle cámaras y micrófonos, pero al hacerlo le avisó con sequedad que no la entrevistaría, y de súbito la colocó en la necesidad de improvisar durante media hora. La conductora cerró la emisión pretendiendo que se había usurpado su espacio, que no es suyo sino de un medio público.


miguelangel@granadoschapa.com

Fecha de publicación: 6 abril 2010

Emplaza la CNDH al gobierno a entregar informe sobre asesinatos en el Tec

Proceso.com.mx

MEXICO, D.F., 6 de abril (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, emplazó al gobierno federal a entregar en un lapso de 15 días un informe sobre el enfrentamiento en Monterrey, Nuevo León, donde murieron dos estudiantes del Tecnológico.

De lo contrario, añadió, el gobierno federal "será evidenciado ante la opinión pública".

Plascencia, quien hoy presentó su informe de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló: "Pedimos los informes y estamos a la espera de que nos contesten".
Dijo que, hasta ahora, ni la Marina ni el Ejército han respondido por estos hechos.
Afirmó que, ante la muerte de civiles, la estrategia de combate al narcotráfico debe ser revisada, y demandó que los elementos de las Fuerzas Armadas reciban más capacitación para prevenir violaciones a los derechos humanos.

Añadió: “Hace falta más capacitación, más estrategias de actuación que busquen proteger los derechos de la sociedad en general, y en su caso, combatir la delincuencia con la energía adecuada”.

Sostuvo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) continúa siendo la dependencia con más recomendaciones de la CNDH, y afirmó que, en los últimos cinco años, las quejas por violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas se incrementaron 500%.
Además, Plascencia manifestó su apoyo a la iniciativa que se discute en el Senado, para que las instituciones que no acepten las recomendaciones de la CNDH, sean obligadas a exponer sus razones ante el Congreso de la Unión.

¡Ni un mexicano más!

Martín Espinosa
Excelsior
7, Abril de 2010

Los caminos de la participación ciudadana en las decisiones que toma la clase política siguen cerrados para quienes quieren ya, de una vez por todas, terminar con el monopolio de los partidos. Sin embargo, por iniciativas no paran quienes creen que gran parte de las soluciones a los grandes problemas nacionales pasan necesariamente por la sociedad que, articulada en muchos grupos y asociaciones, presiona cada día más para que esos caminos se ensanchen.

Tal es el caso de un grupo de jóvenes universitarios que han propuesto una serie de acciones con motivo de los lamentables hechos ocurridos con dos estudiantes del Tec de Monterrey, asesinados hace casi tres semanas durante un enfrentamiento en esa guerra, que cada día se torna más absurda, entre el gobierno federal y los sicarios del crimen organizado.

Bajo el lema ¡Ni un estudiante más! ¡Ni un mexicano más!, alumnos de varias universidades de la Ciudad de México organizan una caminata de estudiantes para el próximo 23 de abril (viernes) al mediodía, del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez. Me dicen sus organizadores que, ante la situación del país, su principal demanda es la reorientación de la política de seguridad. “No pretendemos gritar consignas ni señalar culpables; sino generar diálogo, forjar compromisos y presentar propuestas. Este movimiento es independiente de cualquier identificación partidista, asociación civil, agrupación política, clase social o cualquier otra distinción. Al mismo tiempo sabemos que problemas de fondo necesitan soluciones integrales y de largo plazo.”

Además de la marcha, proponen organizar foros temáticos en las diversas universidades públicas y en las privadas de la Zona Metropolitana del Valle de México, donde los estudiantes debatan cada mes, de mayo a septiembre, una propuesta de reorientación a la política de seguridad.

Posteriormente, basados en las conclusiones de dichos foros, el 16 de septiembre próximo presentarían una propuesta estudiantil sobre la reorientación de la política de seguridad actual a las cámaras, tanto la de Diputados como la de Senadores. “Esta propuesta tendrá la enorme fortaleza de surgir del consenso de las ideas de distintos sectores universitarios”, dicen en la convocatoria.

Es de aplaudir este tipo de acciones que marcan, una vez más, la diferencia entre quienes ven todo detrás de un escritorio y quienes padecemos todos los días la crisis y sus consecuencias en la sociedad. Si hoy podemos escuchar voces como las de Isabel Miranda de Wallace, María Elena Moreira, Laura Elena Herrejón, Alejandro Martí, etcétera, es en gran medida porque la sociedad civil ha ido ganando espacios desde hace varios años ante el vacío de autoridad y de gobierno.

“Necesitamos generar y establecer una forma diferente de hacer las cosas”, comentan los organizadores de este movimiento que va creciendo. Efectivamente, ya no podemos seguir igual que antes.

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/913774

Legalizar la exportación de mariguana

Leo Zuckermann
Excelsior
7 de abril del 2010

En 14 estados de la Unión Americana ya es legal el consumo de la mariguana para fines médicos, entre ellos California, entidad que comparte cientos de kilómetros de frontera con México. Ahí se legalizó el uso de cannabis en 1996, siempre y cuando el consumidor tenga una recomendación escrita u oral de un médico. El paciente puede usar hasta 227 gramos para tratar enfermedades como cáncer, sida, epilepsia o esclerosis múltiple. Pero también se admite para padecimientos tan generales como dolor crónico, artritis o migrañas.

En la práctica, esta disposición ya legalizó el uso y el comercio de esta droga. Cualquier doctor puede recomendar su consumo. De acuerdo con estadísticas de la DEA, la agencia antinarcóticos del gobierno estadunidense, 40% de los usos médicos de la mariguana en California son para dolores crónicos y 15% tiene que ver con trastornos anímicos. Así de general.

La ley californiana le deja a las jurisdicciones locales que decidan cómo los pacientes adquieren la mariguana para su supuesto uso médico. De acuerdo con la DEA, hay una gran variedad de regulaciones: “Por ejemplo, el condado de Marin permite la posesión de seis plantas maduras y/o media libra de mariguana seca. El vecino condado de Sonoma autoriza la posesión de tres libras de mariguana y el cultivo de hasta 99 plantas, y los médicos pueden recomendar aún más para pacientes excepcionales”. La DEA admite que ninguna autoridad puede distinguir entre el cultivo de cannabis para consumo legal o ilegal: “Algunos cultivadores que se autodenominan para uso medicinal son, de hecho, cultivos para el uso recreativo ilegal”.

La legalización de la mariguana en California es un hecho. No por nada, en noviembre se podría dar ya el paso definitivo para terminar con la simulación “médica” actual. La idea ya fue respaldada por casi 700 mil firmas de californianos para incluir una iniciativa popular en las próximas elecciones de noviembre. Los votantes tendrán que sufragar a favor o en contra del Acto para Regular, Controlar y Recaudar el Cannabis que consiste en que todo adulto mayor de 21 años pueda poseer hasta 28 gramos de mariguana para consumo personal. Para tal efecto, se podría “sembrar poco más de dos metros cuadrados por residencia o parcela”. Las ciudades cobrarían “impuestos por los cultivos, transporte y venta de la droga”. El congresista local Tom Ammiano, quien apoya la iniciativa, propone tasar la mariguana con 50 dólares en impuestos por cada kilo y medio. Esto le generaría al erario californiano unos mil millones de dólares anuales que le vendrían como anillo al dedo a un estado que tiene una deuda pública superior a los 40 mil millones de dólares. El gobernador Arnold Schwarzenegger ha dicho que, en lo personal, no apoya la idea, pero que “se debería estudiar la posibilidad de legalizar la mariguana como fuente para obtener nuevos ingresos públicos”.

Según las encuestas, entre 55 y 60% de los votantes está a favor de la iniciativa. Sin embargo, el apoyo puede ir a la baja en la medida en que comience la campaña de grupos que están en contra de la legalización, como California Mothers Against Drunk Driving que argumenta que la legalización “incrementaría los accidentes de tráfico y que los costes en la sanidad superarían los beneficios derivados de los tributos”.

Yo propongo que, al día siguiente de que se legalice en definitiva el comercio y el consumo de la mariguana en California, México legalice el cultivo y la exportación de cannabis a ese estado. Y que también se les cobren impuestos a todos los empresarios involucrados en esta actividad que seguramente será muy lucrativa. No es que yo esté intoxicado al escribir esto. Es que, por fin, los californianos están admitiendo que la prohibición de la mariguana es una política pública errada que, simple y sencillamente, no funciona. Que ya llegó el tiempo de tratarla como a las otras dos drogas, el alcohol y el tabaco, que son un problema de salud pública, no de policías y narcotraficantes.

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/913770