Narcotráfico: dilema de Estado

José Antonio Crespo
Excelsior
7 de abril del 2010

En un reciente artículo, Gabriel Zaid hace un inteligente alegato que parece llevarlo a respaldar la estrategia seguida por Felipe Calderón contra el narcotráfico, como la única opción racional (“Ventas prohibidas”, Reforma, 28/III/10). Sintetizo su argumentación: 1) el problema es menos el producto que se vende (las drogas) que la forma en la que se vende, es decir, violando la ley, con extorsiones, imposición, levantones, homicidios; 2) la legalización de la droga no terminaría con el crimen organizado, que se orientará a cometer otro tipo de delitos como la extorsión y el secuestro; 3) el Estado no puede claudicar de su obligación de perseguir delitos como la extorsión, el secuestro, los homicidios, la tortura, pues dejaría de ser Estado; 4) tampoco es solución la política del acuerdo con los capos, pues igualmente sería renunciar a la construcción del Estado de derecho (uno de las metas de la estrategia contra el crimen organizado); ni cabe esperar el retorno al régimen priista en que había complicidad y acuerdos que permitían que el narcotráfico tuviera lugar sin violencia callejera ni tanta inseguridad pública.

Coincido en general con todas esas ideas y, sin embargo, eso no me lleva a concluir que la estrategia de Calderón sea la mejor o la única opción. Hay matices que pueden hacerse en el análisis de Zaid. Para empezar, el debate sobre drogas resulta sumamente confuso al no distinguirse con claridad los delitos asociados a ellas (producción, comercio, consumo) como unos sin víctimas (nadie obliga a comprar y consumir), pues podrían legalizarse sin que se pierda el Estado de derecho ni el Estado como tal (según ocurrió con el alcohol y el tabaco, las drogas hoy por hoy más mortíferas). En cambio, los delitos con víctimas (secuestro, trata de personas, prostitución infantil, extorsión) jamás pueden ser, en efecto, legalizados. En tal caso, el Estado se convertiría en uno claramente fallido. Por eso mismo conviene dar prioridad a esos delitos que los asociados con el narcotráfico. Pero resulta que 70 % del esfuerzo se concentra en el combate a las drogas, más que contra los otros delitos. ¿Que los mismos grupos cometen ambos delitos? Sí, pero en porcentaje mínimo (10%, según cifras mexicanas).

Los grupos delictivos que no producen o trasiegan narcóticos presentan una estructura orgánica más pequeña, menos recursos (pues son delitos en general menos rentables), menor capacidad de corrupción, menos armamento y tecnología para desafiar al Estado y son, por tanto, más vulnerables a la captura, el castigo penal y el desmantelamiento (como el grupo del Mochaorejas). La legalización gradual de la droga al menos reduciría dramáticamente esos cuantiosos recursos con los que los cárteles desafían con tanto éxito al Estado. Afirma Zaid que, ante la legalización, los cárteles continuarían vendiendo drogas pirata a menores precios. Seguramente, pero las utilidades de esos submercados negros ni de lejos serían equivalentes a las que actualmente producen los cárteles. Éstos difícilmente podrían limitar la competencia en el mercado legal (como de cualquier forma no pueden hacerlo en el mercado ilegal). Su poder armado, económico, burocrático y de corrupción se mermaría significativamente (y eso los haría, insisto, más vulnerables frente al Estado). Y si bien es cierto que en el marco de la prohibición no es posible pactar como antes ocurría (aunque queda pendiente saber cómo hacen estadunidenses y europeos para evitar la narcoviolencia), en un esquema de despenalización no sería necesario.

Frente a la droga, el Estado se ve ante un dilema difícil: si, como dice Zaid, se claudica en aplicar la ley (en tanto la droga sea ilegal), se autodestruye. Pero por el camino en que vamos tampoco parece vislumbrarse el fortalecimiento del Estado, a menos que la creciente violencia e inseguridad sea una señal de que “vamos ganando aunque no parezca”. Tampoco se fortalece el Estado de derecho, considerando las violaciones de derechos humanos cometidas por militares y policías o las detenciones que terminan en ejecuciones o la alteración del escenario para presentar a estudiantes como sicarios (cuántos de los muertos presentados como sicarios habrán sido en realidad ciudadanos de a pie). Por esa ruta vamos también hacia una creciente descomposición legal y política. Sobre todo porque puede llegarse, antes de palpar resultados, al punto en el cual la estrategia actual sea políticamente intolerable. En cuyo caso, el golpe al Estado mexicano, al Ejército, a la imagen del país y a la legalidad en general, será también muy severo.

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/912871